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La gobernanza de los entes
El sainete político en torno al aumento de las tarifas públicas, contrastó groseramente con la madurez de la democrática que exhibieron los partidos políticos en las elecciones, así como en los actos protocolares de cambio de mando del domingo 1°. Sin embargo, es posible extraer algunas enseñanzas de ese penoso episodio pensando en la urgente y necesaria reforma del Estado que incluye una mayor idoneidad de las empresas públicas.
En primer lugar, hubo actitudes y declaraciones de jerarcas salientes de los entes, incluso de connotados dirigentes de izquierda, como el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que dejaron al desnudo una noción muy equivocada del alcance de la autonomía de las empresas públicas y de los servicios descentralizados. Se desconoce olímpicamente sus obligaciones constitucionales, dicho esto incluso teniendo en cuenta el período de transición en los directorios de los entes.
El lunes 2, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, envió una carta a los presidentes de las empresas públicas solicitando de forma urgente un conjunto de datos necesarios para poder calcular con un mínimo margen de error el aumento de las tarifas en función de los costos internos de los entes autónomos o servicios descentralizados.
Excepto la presidenta de Ancap, Marta Jara, los titulares de las empresas públicas de orientación de izquierda, con la intervención desembozada del propio Frente Amplio, se negaron a entregar más información de la enviada durante el período de transición y consideraron que era un pedido improcedente por parte del Poder Ejecutivo.
El incidente denota por lo menos una gran confusión: las empresas públicas están obligadas a rendir cuentas al Poder Ejecutivo, que es el órgano de gobierno, además, de ser el encargado de la designación de los miembros de los directorios, previa venia de la Cámara de Senadores.
En segundo lugar, quedó al descubierto que la decisión del exgobierno del Frente Amplio de no aumentar las tarifas en enero pasado fue movida para ganarse el halago popular y despreciando de ese modo los resultados económicos y financieros de las empresas públicas.
En tercer lugar, el ajuste promedio de alrededor del 10% en las tarifas públicas, anunciadas el miércoles 11, para cubrir una buena parte de los costos internos de los entes, y no en función de las arcas del gobierno central, obligará a los nuevos directorios a racionalizar el gasto de las compañías estatales, en consonancia con la baja del gasto público con la que está comprometido el gobierno de coalición de Luis Lacalle Pou.
La controversia entre el gobierno y el Frente Amplio dejó ver claramente la necesidad de que la reforma del Estado tiene que incluir a las empresas públicas y servicios descentralizados.
Una buena señal en ese sentido es que los directorios estén integrados por especialistas en sus áreas de actuación y que tengan la suficiente expertise para liderar una gestión con foco en los resultados y en función de políticas públicas bien definidas.
El ajuste de las tarifas, así como los criterios para definir los aumentos, en el mes de inauguración del nuevo gobierno, fue un chisporroteo político en la agenda pública que ojalá se traduzca en una mejora de la gobernanza de los entes autónomos.
