La polémica por los salarios de gerentes y el curso de vocería en la Caja de Profesionales

Se acordó “aplicar el artículo 744 de la Ley 19.924 de fecha del 30 de diciembre de 2020, que topea los salarios que pueden percibir las personas que prestan servicios a organismos públicos no estatales, impidiendo que superen los “ingresos mensuales permanentes superiores” de un subsecretario de Estado.

Esto con las excepciones autorizadas por Presidencia contenidas en el anexo 1 de la resolución E/618 de fecha 1° de abril de 2020. Los organismos podrán solicitar, en casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física, exceder el tope dispuesto para lo cual deberán contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La resolución tuvo cuatro votos afirmativos que fueron de la presidenta del Directorio, contadora Virginia Romero, del vicepresidente, Daniel Alza, y de los directores por el Poder Ejecutivo, Elzeario Boix y Luis González. En tanto, los votos negativos fueron dos: el del director Fernando Rodríguez Sanguinetti y el del representante de los pasivos, Odel Abisab. El director secretario Blauco Rodríguez se abstuvo.

Por qué no hubo unanimidad en la votación

Romero explicó en entrevista con El Observador que el 28 de diciembre de 2021 se reunió con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quien le explicó que estaban trabajando junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en la nivelación de los salarios de determinados organismo, incluida la Cjppu.

En esa línea, Romero le consultó la posibilidad de establecer excepciones en los salarios de la Caja de Profesionales, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Posterior a eso, en los primeros días de enero de 2022, se presentó ante la OPP una nota con el planteo pertinente.

“Llegamos a un acuerdo con los gerentes para otra rebaja salarial. Era una rebaja salarial que, de común acuerdo, implicaba que no iba ni a llegar a los $ 260 mil en los que está hoy ni tampoco a los valores que al final aprobó el Poder Ejecutivo. Nosotros teníamos el acuerdo con los con los gerentes de hacer mutuas concesiones y hacer una transacción en la cual no había juicios ni nada, todo era acordado”, explicó.

Romero explicó que la demora en la respuesta de OPP generó nerviosismo en algunos integrantes del Directorio, que comenzaron a pedir que “se aplicara la ley sin excepciones”.  

A lo que la contadora respondió que no. “Si habíamos hecho un planteo en la OPP, no parecía lógico que cambiar siendo que la OPP nos dijo 'esperen porque les va a llegar la resolución'. En ese momento parecía que nosotros no hubiéramos querido rebajarle los salarios, pero nosotros dijimos hay que esperar a la OPP, explicó. 

Para la presidenta de la Cjppu, la idea de algunos directores de que todos los funcionarios del organismo ganaran lo mismo va en contra “de los principios de la buena administración” que establecen que “las jerarquías tienen que cobrar más”. “Ibas a tener al gerente general, a todos los gerentes y hasta a los jefes ganando lo mismo”, agregó.

La nueva resolución ya esta vigente y establece que el salario del gerente general, hoy Miguel Sánchez, bajó de $ 626.694 a $ 413.191 nominal. El gerente de Informática pasa a cobrar $ 286.947, el gerente de Recaudación y Fiscalización $ 283.782, y el gerente de afiliados $ 274.899. Estos montos podrán ser incrementados si así lo fijan los Consejos de Salarios siempre que "no superen el porcentaje de aumento de los funcionarios públicos".

A cuatro de ellos se les congela el salario hasta que alcancen la franja de lo que percibe un subsecretario de Estado. Así cobrarán $ 282.506 nominales los gerentes de Asesoría Técnica, de Planificación y Control de Gestión, de Asesoría Jurídica, el administrativo contable y el auditor interno.

Estos salarios no cuentan "el sueldo anual complementario legal, la prima por antigüedad y los beneficios sociales", agrega la resolución, que da vigencia a las excepciones hasta el 31 de diciembre de 2022.

Polémica por curso de vocería

En febrero, según informó el Semanario Búsqueda, la Caja de Profesionales pagó un curso de vocería de $ 60 mil a los integrantes del Directorio para “salir con una buena comunicación” para informar sobre decisiones en la institución que “le van a doler a todo el mundo”. 

Romero explicó que este curso se contrató para quienes fueran a ser voceros del organismo: Daniel Alza, Blauco Rodríguez y ella. No para todo el Directorio. Al ser consultada por la polémica que generó hacer esa inversión teniendo en cuenta el contexto crítico de la Cjppu, expresó que “la caja lo que peor ha hecho es comunicar”.

“Yo nunca en mi vida había hablado con la prensa más allá de mi experiencia en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) donde pasé toda mi vida y donde conozco todo, por lo que ninguna pregunta podía complicarme. Sin embargo, en este contexto, estábamos aterrorizados de tener que salir a la prensa”, sostuvo Romero.  

Alza, por su parte, dijo a El Observador que hay un tema que “no es únicamente comunicar sino hacerlo bien”. “La institución no es mi negocio o el negocio de cualquiera, es una institución que tiene que comunicar bien y las personas que estábamos acá necesitábamos ese apoyo que es normal en muchísimas empresa”, agregó.

Revocación de beneficios de salud y aumentos adicionales en las pasividades

El Directorio de la Cjppu ya tomó dos medidas sobre las que tenía total potestad. Por un lado, derogar las excepciones de los beneficios de salud, salvo a los beneficiarios que tengan una “sentencia judicial favorable” y aquellos que se encuentran vinculados con situaciones de discapacidad o disposiciones médicas. Por otro lado, revocar los aumentos adicionales en las pasividades de 2,5% y 3%. 

Según Romero, estas son “cosas extras que fueron quedando”. En esa línea, expresó que “no son medidas simpáticas pero son cosas que no se pueden dar”.

“El 2,5% y el 3% no es que se lo vamos a descontar. Siempre se consideraron aumentos a cuenta de futuros aumentos. ¿Qué significa? Que en enero del 2023, si viene un 7% de aumento de pasividad, estos van a tener un 2,5% o un 3% cobrados y el aumento no va a ser el 7%  sino que va a tener descontado esto. Significa que de aquí a diciembre del 2022 nadie del 2,5% y del 3% va a tener rebaja y lo que va a recibir es un aumento menor en enero del 2023”, explicó la presidenta de la Cjppu.

Respecto al seguro de salud, sostuvo que “era un complemento que no tenía nada que ver con los aumentos” por lo que “sí se le quita y son $ 1.100 pesos”.

Crisis financiera

La Cjppu cerró 2021 con un déficit de $ 2.000 millones (US$ 49,9 millones). A su vez, el déficit del organismo para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.