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Caja pretende que profesionales universitarios que no ejerzan paguen $ 4.000 por año
El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentó al Poder Ejecutivo una batería de medidas urgentes para atender la crisis financiera del organismo entre las que destacan pedirle que aporten a los afiliados pasivos y a los profesionales que no ejercen.
Según informó El País, las autoridades de la Cjppu se reunieron la pasada semana con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el subsecretario de la cartera, Mario Arizti y el director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballlos y les expusieron las medidas para paliar la crisis en el corto plazo.
La presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, calificó esta reunión como “muy buena” y dijo a El País que “el ministro quedó muy conforme” con el paquete de medidas y estudios actuariales presentados porque estaban “perfectamente cuantificadas en el tiempo y porque fue un análisis muy serio” que hicieron los servicios de la caja.
El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.
La directiva anterior, encabezada por Gonzalo Deleón, había presentado una lista de medidas para afrontar la crisis. Una de esas medidas fue pedir un préstamo de entre US$ 104 y US$ 184 millones al Estado, algo que el gobierno rechazó. Si bien la nueva directiva no descarta tener que solicitar un préstamo eventualmente, en este momento no está en carpeta la opción.
Las medidas impopulares
Existen medidas que el Directorio de la Cjppu tiene potestad de tomar de forma inmediata. Sin embargo, hay otras que requieren de aprobación parlamentaria ya que implican cambios en la Ley Orgánica de la caja, lo que puede hacer que su concreción tenga mayor demora.
Una de las medidas que se propone y que va a requerir discusión parlamentaria es la de aumentar la tasa de aportación, pasando de 16,5% a 18%. De eso, un punto porcentual sería de forma permanente y 0,5 puntos porcentuales transitorios hasta que comience a dar resultados la reforma estructural del organismo y mejore su rentabilidad. Esto estará “sujeto a algún parámetro que se pueda fijar”, indicó Romero.
Otra de las medidas es la de que los afiliados pasivos aporten al organismo. Según explicó Romero a El País, esta no será una tasa plana sino que será una tasa progresiva que en promedio es del 6,5% hasta un 7% aproximadamente. Dicha tasa se calcula de acuerdo al monto de la pasividad de cada afiliado, empieza desde el 0% hasta un 7%, aunque hay excepciones que superaría ese máximo en el caso de los pasivos que tienen más monto de pasividad.
“No podemos decir que esto será ni permanente ni transitorio porque la proyección que nosotros hacemos en esto es hasta 2026, que es la expectativa que tenemos de cuando empezaría a tener efecto la reforma estructural”, dijo la presidenta de la Cjppu.
La Caja de Profesionales también le planteó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) hacer modificaciones en el artículo 71 de la Ley Orgánica del organismo y aumentar en tres incisos de los timbres profesionales.
También se propuso la devolución del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) a la Caja. Básicamente que el dinero que actualmente pagan los pasivos de la Cjppu y que se destinan al Banco de Previsión Social (BPS) pasen al organismo paraestatal.
Entre las medidas que más ruido han generado están la de proponer el cobro anual de aproximadamente $ 4 mil por año a aquellos profesionales que declaren el no ejercicio libre de su profesión. Además, se solicitará a estos que declaren el no ejercicio de cada dos años, mientras que hasta el momento los egresados podían declarar por única vez que no ejercían su profesión de forma libre.
“Sería cobrarles una tasa anual de unos $ 4 mil, el aporte de la primera categoría de la Caja, a los que no ejercen y obligarlos cada dos años a ratificar la declaración de no ejercicio. No es una medida que estemos todos de acuerdo, pero eso es lo que fue presentado”, indicó Romero.
Además, el Directorio tomó dos medidas sobre las que tenía total potestad. Por un lado, derogar las excepciones de los beneficios de salud, salvo a los beneficiarios que tengan una “sentencia judicial favorable” y aquellos que se encuentran vinculados con situaciones de discapacidad o disposiciones médicas. Por otro lado, revocar los aumentos adicionales en las pasividades de 2,5% y 3%.
Romero dijo a El País que si bien no todos los integrantes del Directorio estuvieron de acuerdo con todas las medidas, si se acordó ponerlas a todas a consideración del Ejecutivo. “Nos parecía que teníamos que incluir todo lo que son fuentes de financiamiento posibles, algunas medidas son polémicas pero bueno”, añadió.
