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La propuesta para el negocio del pórtland que Fancap le entregó a Lacalle Pou

Se plantea instalar el tercer horno en Paysandú, utilizar el coprocesamiento de residuos como alternativa energética e implementar un plan nacional de obra pública

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31 de julio de 2020 a las 05:03

“El Sunca y la Federación de Ancap consideran imprescindible el desarrollo de la industria cementera estatal como pilar fundamental del desarrollo estratégico nacional”. Así comienza la presentación que la Coordinadora de Sindicatos de Ancap entregó el miércoles por la tarde  al presidente Luis Lacalle Pou.

En ese marco, una de las propuestas centrales pasa por mantener operativa la planta de producción en el departamento de Paysandú. Como primer paso se plantea completar la inversión para la instalación de un tercer horno que permitiría reducir los costos alrededor de 50%, y así lograr precios competitivos a nivel nacional y regional.

 “El modelo y capacidad de las líneas de producción en la planta de Paysandú son totalmente anticuados y con niveles de productividad muy por debajo de los competidores, lo que hace que sea una cementera no rentable”, dice una parte del texto al que accedió El Observador.

Explica que según experiencias del sector cementero mundial, una fábrica para ser rentable debe producir un mínimo de  1.500 toneladas de clinker (material intermedio necesario para la fabricación del cemento) por día y que la línea de producción en el departamento sanducero tiene hoy una capacidad máxima de 750 toneladas.

Otra alternativa atada a la instalación del tercer horno es la utilización de tecnologías de coprocesamiento. Esto consiste en la sustitución parcial de combustibles tradicionales por combustibles alternativos provenientes de la utilización de residuos que luego sirven como energía térmica en el proceso de producción del cemento. Estos residuos se eliminan en forma eficiente sin que se generen nuevos residuos, cenizas o emisiones diferentes a las del proceso original. Todo el material se convierte en energía o se incorpora al clinker sin poner en riesgo la calidad del producto o la seguridad y salud de los trabajadores, se explica.

Ventaja de localización

El sindicato considera como una ventaja la localización de la planta sanducera. En la medida que exista una industria competitiva se podría apuntar a exportar hacia la Mesopotamia argentina aprovechando que los costos de transporte desde plantas de la vecina orilla son mayores que desde Paysandú, sostienen.

Plan nacional de obra pública

Por otro lado, se plantea que como el Estado es el principal consumidor de cemento del país, y  a su vez es productor, debe aprovechar esa situación para cubrir las necesidades en materia de vivienda,  caminería vial e infraestructura.  A modo de ejemplo, se recuerda que el déficit habitacional del país es de 70.000 viviendas, y de las que están habitadas, cerca del 30% tienen fallas constructivas riesgosas para la salud de sus habitantes. En esa dirección se plantea como necesaria la implementación de un plan nacional de obra pública por parte del gobierno que utilice la capacidad de producción hoy disponible.

“¿Por qué para una empresa privada es beneficioso invertir en la industria cementera y no lo es para el Estado?, dice una parte del documento que lleva como título “Desarrollo de la industria cementera estatal”.

Como parte de un nuevo plan estratégico para tratar de revertir el magro desempeño del negocio del pórtland en las últimas dos décadas, las autoridades de Ancap manejan hoy distintos escenarios. El único que contempla la continuidad de la planta de Paysandú está sujeto a un proyecto orientado al mercado de Argentina y con un privado a cargo de la inversión, que podrá considerar la utilización de activos de Ancap, como la planta y el  tercer horno. En ese caso, el ente mantendría la titularidad de las reservas de calizas y sería el proveedor de materia prima  a través de un contrato de venta.

En la reunión del miércoles el gobierno se comprometió a abrir una mesa de negociación con participación de los trabajadores. También se expresó que el objetivo es que la planta siga abierta, pero sin que el Estado continúe perdiendo plata. La instalación del nuevo horno adquirido en 2012 por unos US$ 80 millones requiere una inversión adicional de unos US$ 100 millones. Hasta ahora el argumento manejado por las autoridades de los últimos años ha sido que no existe demanda que justifique esa apuesta.

 

 

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