El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Ignacio González Conde, aseguró a El Observador que no “hay forma posible” de que el Consejo de Salarios no se traslade al precio final de la vivienda. El gobierno había mostrado su preocupación por este motivo.
Los representantes de los empresarios y del Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) firmaron este lunes el acuerdo que regirá hasta marzo de 2023 y que permite mantener el salario real de los trabajadores. González Conde celebró que las negociaciones hayan llegado a buen puerto y aseguró que tanto trabajadores como empresarios demostraron “una vez más” tener la madurez para sentarse a negociar.
Sin embargo, el presidente de Appcu aseguró que el 50% del costo de la vivienda es la mano de obra y que es imposible que un ajuste de sueldos no termine en el precio final. Un porcentaje mucho mayor que en otros casos como las obras viales –en las que la mano de obra asciende al 10%- u otras obras del sector privado donde llega a un 20% o 25%, según dijo. “Siempre va a terminar en el precio de la vivienda”, aseguró.
El gobierno había dicho que seguía de cerca el acuerdo salarial en la construcción porque pretendía que eso no se trasladara al precio final de la vivienda. Si bien el documento firmado este lunes con el aval del Ministerio de Trabajo establece que los ajustes no se pueden trasladar al precio de la obra pública, González Conde aseguró que eso no es una novedad, sino que ya se había utilizados en anteriores negociaciones.
Inés Guimaraens
“El Sunca para el trabajador ha sido excelente, no tengo ninguna duda. El problema es que esos convenios salariales terminan en el precio final”, dijo a radio Carve el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch.
El número dos de la secretaría de Estado aseguró que el sindicato no es el culpable del precio final pero aseguró que “indudablemente” el salario incide en ese monto.
En entrevista con El Observador, Hackenbruch profundizó sobre este tema y cuestionó que el renunciamiento fiscal que está haciendo “la sociedad” (por los beneficios impositivos para la construcción de vivienda promovida) se distribuyan entre el salario de los trabajadores y las ganancias de los empresarios.
Camilo dos Santos
“Nosotros estamos de acuerdo con que los empresarios ganen bien y con que los trabajadores tengan un buen ingreso, pero todo este esfuerzo que hace la sociedad uruguaya no puede terminar en el Consejo de Salarios”, dijo.
Consultado sobre si existe alguna posibilidad de asegurar que eso no suceda, el jerarca fue contundente: “Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte”.
Acuerdo “histórico”
El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción catalogó el acuerdo como “histórico” por su extensión de casi tres años (35 meses) y por el contexto en el que se da.
“Le pedimos al gobierno poder negociar y logramos un acuerdo salarial por 35 meses que da libertad para trabajar y estabilidad”, dijo González Conde.
El empresario destacó que se llegó a un acuerdo con muy baja conflictividad –hubo solo un paro del Sunca durante la negociación- y que no se pierde salario real. “Eso es muy importante para todos”, señaló.
Este acuerdo es el primero desde el cambio de gobierno y supone que los trabajadores no pierdan salario real cuando el acuerdo puente de un año firmado para el grueso de los trabajadores, a instancias del gobierno y debido a la pandemia, supone la pérdida de poder de compra.
La construcción es de los pocos sectores que, en acuerdo entre trabajadores y empresarios, decidió negociar aparte de los lineamientos impulsados por el gobierno. Hay otros sectores, como el transporte de pasajeros, que también negocian por fuera del acuerdo puente.
El Consejo de Salarios de la construcción es retroactivo a mayo de este año y rige hasta marzo del 2023. El documento establece una serie de ajustes que a partir de 2021 están atados a la cantidad de cotizantes del rubro en el Banco de Previsión Social.
