La situación carcelaria es “la peor de la historia” y no se podrá revertir en cinco años

¿Cómo ve la situación de las cárceles comparada con su época de comisionado parlamentario?

Esta es más complicada porque antes había una crisis de hacinamiento y ahora de violencia donde el Estado ha ido cediendo el control. Se están repitiendo situaciones como la de dos guardias cada 600 internos y esto lo veíamos en el peor momento de la crisis carcelaria, por 2006. Hoy hay pocos funcionarios, mal capacitados, sin respaldos. Las cárceles son espacios funcionales al crimen organizado.

Entonces si Luis Lacalle Pou es presidente a ustedes les va a tocar atender una crisis carcelaria muy aguda.

Sin desconocer los esfuerzos que se han realizado se ha retrocedido a un punto tal que la situación carcelaria es la peor de la historia, del mismo modo que lo es la seguridad pública. Será necesario un plan de emergencia, con una política de shock, y hay que hacerlo también a nivel carcelario.

En La Paloma Lacalle Pou mencionaba que se hizo un estudio sobre cuáles son los aspectos rescatables del país. ¿Qué foco tuvo en seguridad?

Se advierten como debilidades el retroceso del Estado y la incapacidad de asegurar la vida y la seguridad física a cualquiera que pise una cárcel. Por otro lado, se observó un cambio en la cultura carcelaria. Priman valores de violencia que es exaltada como una virtud. Hay un avance de una subcultura con un rechazo a la autoridad y a lo que implique el cumplimiento de normas preestablecidas y el apego a códigos de conducta socialmente aceptados. Revertirlo no es sencillo.

¿No les va a dar en cinco años si son gobierno?

En cinco años sin duda que un gobierno del Partido Nacional, con el respaldo del resto de la oposición, estará en condiciones de comenzar a revertir esa crisis, logrará que el Estado tenga el control efectivo de todo el territorio, incluyendo las cárceles. Entendemos que no se puede combatir el crimen organizado si no se enfrenta a fondo el problema de la funcionalidad de las cárceles. Los negocios se manejan desde la cárcel y todo lo que tiene que ver con ajustes de cuentas. Me asombra cómo el Ministerio del Interior se intenta desligar de determinados homicidios acudiendo al  hecho de que son ajustes de cuentas como si no fueran un problema de falla en la prevención del delito. El “que se maten entre ellos” es una gran hipoteca a la seguridad pública.

¿Cómo le explica a la ciudadanía que el “que se maten entre ellos” es mucho peor que la enfermedad?

Legitima una lógica de violencia. Decir que los ajustes de cuenta solo afectan a los violentos y que quienes no tienen nada que ver con los delitos quedan por fuera es un profundo error. Normalmente la población queda de rehén entre las balas cruzadas. El dar por natural que exista una escalada de violencia y que es una cuestión de ajuste entre mafiosos es una visión profundamente equivocada de lo que puede ser un Estado de derecho que cuida a su gente. No se puede llegar a una solución global de la inseguridad del país si no se ataca el problema de la crisis carcelaria. La forma de hacerlo es reconstituyendo el aparato de seguridad y garantizando la seguridad en las cárceles. Por ejemplo, tienen que desarrollarse programas de tratamiento a los adictos. En las cárceles no hay crisis de abstinencia y eso prueba que el consumo es generalizado y quien ingresa a la cárcel tiene posibilidades de consumir más fácilmente que afuera, especialmente en los grandes establecimientos.

¿Están ideando un plan para cambiar esa situación? Porque cortar de una con la droga en una cárcel puede generar un caos.

Lo tenemos claro. Tan importante como restringir el ingreso de drogas a las cárceles es dar oportunidades de tratamiento. Son dos acciones que tienen que ir en paralelo. Hay que actuar gradualmente y con mucha firmeza y nuestro objetivo es que las cárceles funcionen como comunidades terapéuticas.

Algunas medidas que quieren aplicar

Mencionaba una “cultura carcelaria”. Le vuelvo a insistir: ¿les da cinco años para cambiar esa realidad? Parece que no suficientes.

No, pero se pueden sentar las bases de una reforma penitenciaria. Hay que tener la decisión y darle la prioridad necesaria, pero es posible por lo menos en sus aspectos fundamentales.

¿La seguridad va a ser una prioridad presupuestal si son gobierno?

Va a ser una de las prioridades y dentro de esa prioridad el sistema penitenciario tendrá la importancia y el peso que tiene que tener por parte del Estado.

¿Qué oportunidades hay actualmente en materia de seguridad que se puedan aprovechar en un próximo gobierno?

Vemos una gran oportunidad en un amplio conjunto de funcionarios policiales que se han capacitado, que tienen experiencia acumulada y que se retiraron o porque se jubilaron o porque directamente pasaron al retiro porque no comparten las líneas básicas de conducción del Ministerio del Interior. Hay ahí un capital de conocimiento y valores que constituye una gran reserva y a la que vamos a acudir si somos gobierno.

Lacalle Pou no quiere ministros dentro de oficinas. ¿Cómo se imagina funcionando al Ministerio del Interior?

La misma lógica se va a extender a todo el ministerio, a la propia conducción policial.  No queremos jefes de policías de escritorio y que tengan una presencia que pasa inadvertida para la población. Mucha gente no sabe quién es el jefe de policía de su departamento. Lo mismo ocurre con el comisario. La comisaría volverá a ser la unidad básica operativa y el comisario el líder y referente de la comunidad.

¿Qué significa para usted, como asesor de seguridad de Lacalle Pou, que a la delincuencia “se le terminó el recreo”? Es algo que el precandidato repite.

Quiere decir que con un gobierno del Partido Nacional y con el respaldo de sus eventuales socios, va a haber un cambio radical en el escenario de la seguridad. Va a haber un triple mensaje. Por un lado a la población, que estará más protegida. Por el otro al personal policial, que estará respaldado y a la delincuencia se le dirá que cambian las reglas de juego y que el Estado entra a jugar otra vez el partido que nunca debió abandonar. La presencia será permanente no solo en prevención sino en represión.

¿Cuál va a ser la primera regla de juego que cambiará?

Se termina la impunidad, que es lo que está generando que la delincuencia se sienta muy segura y la población cada vez más indefensa.

La población reclama mano dura.

Yo diría firmeza y nosotros somos partidarios de eso porque tiene que ver con el cumplimiento de la ley. La mano dura me suena a excesos.

Pero muchos candidatos tienen el discurso de la mano dura. ¿Cómo piensan transmitir su discurso que no incluye el término “mano dura”?

La solidez de un proyecto no se mide en los adjetivos para describir la situación actual ni en las promesas de resultados fáciles en corto tiempo. Nosotros estamos trabajando en medidas de shock, un plan de acción potente, que se complemente con un plan de gestión de mediano y largo plazo que contemple desde el primer al último día de gobierno con la misma intensidad y los mismos recursos.