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Primera propuesta de seguridad: patrullaje dirigido y control de porte de armas

Una propuesta para una convivencia sana y segura 

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09 de enero de 2019 a las 05:01

Como adelantamos en la columna anterior, 2018 culminó con un aumento crítico del crimen y la violencia. A la espera de cifras oficiales, el aumento de los asesinatos parece haber sido del 35 o 40 por ciento en todo el país, lo que implica haber alcanzado una tasa superior a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una tasa que no solo es superior a las de Argentina y Chile, sino ahora también a las de Bolivia, Ecuador, Paraguay o Perú, entre otros países de la región. Además, el aumento de los homicidios parece ir acompañado de un fuerte repunte de los asesinatos cometidos con armas de fuego, que pasaron del 49 por ciento en 2011 a más 70 por ciento en 2018.

Veamos qué podemos hacer. Cuando los criminales usan armas de fuego, aumenta su confianza y capacidad de delinquir, así como también la probabilidad de un desenlace fatal. La Ley de Tenencia Responsable de Armas data del año 2014. Hay quienes creen que es muy restrictiva y hay quienes quisieran que fuese más severa. Tiene deficiencias, pero se trata de una ley adecuada y moderna, que desmotiva y dificulta la tenencia de armas de fuego sin impedir que quienes las necesiten puedan hacer uso de ellas.

Sin duda, toda arma conlleva riesgos, pero nuestro mayor problema no son las armas reguladas, sino aquellas que portan los delincuentes. Por eso, la primera propuesta es la aplicación de un nuevo programa de patrullaje que ha demostrado ser efectivo para reducir los homicidios en varias ciudades del mundo.

La policía uruguaya ha ido incorporando gradualmente en los últimos años técnicas de patrullaje inteligente. Los agentes ya no patrullan de forma aleatoria o basándose en la intuición, sino de manera enfocada sobre ciertos lugares, llamados puntos calientes del delito. Esta es, por ejemplo, la lógica detrás del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que, si bien no ha logrado reducir la delincuencia general, cuenta con gran potencial y es sin dudas una mejora importante con relación a prácticas anteriores.

A estas lógicas de actuación se le pueden añadir tácticas de patrullaje dirigidas a encontrar y detener a personas que portan armas ilegales, que son aquellas con las que se cometen la gran mayoría de los delitos y homicidios. En esta modalidad, grupos de agentes de policía patrullan puntos calientes e interrogan y registran a aquellos peatones o motoristas que puedan estar armados. Este método ha demostrado ser altamente efectivo a la hora de reducir crímenes y homicidios cometidos con armas de fuego en varias ciudades del mundo, incluyendo algunas latinoamericanas. Su efectividad puede aumentarse si es guiada por el análisis de puntos calientes del delito y si se dan incentivos a los vecinos que provean información que lleve al arresto de personas que posean o porten armas.

El problema general de tácticas de este tipo es que los agentes de policía suelen basar sus sospechas en estereotipos, por lo que se pide identificación y cachea sobre todo a hombres jóvenes de nivel socioeconómico bajo. Hay que comprender y reconocer que este no es un estereotipo sin fundamento, ya que esas son las características de quienes cometen la mayoría de los delitos en Uruguay. No obstante, la práctica generalizada supone una injusticia flagrante, porque la enorme mayoría de los hombres jóvenes de nivel socioeconómico bajo respetan la ley. Y, peor aún, produce crispaciones que terminan dañando todavía más las relaciones entre policías y vecinos de aquellos barrios en los que la confianza y colaboración es más necesaria.

¿Se puede evitar? La evidencia demuestra que sí. Hay medidas que previenen que los daños pesen más que los beneficios. En primer lugar, los agentes que participan deben prever las reacciones que generan y estar entrenados para un relacionamiento adecuado, justo y cortés, similar al que percibimos los uruguayos cuando paseamos por ciudades de otras partes del mundo. Los agentes deben poder transmitir al entorno que no están ahí para incomodarlos, sino para requisar armas ilegales por el bien de los propios vecinos. A su vez, su apego a los estándares de comportamiento puede ser activamente monitoreado. Por ejemplo, dotando a los agentes de cámaras personales.

Por último, iniciativas como estas se prestan para lo que debe ser el paso siguiente en la reforma integral de la policía. En concreto, la comprensión de que las fuerzas policiales solo pueden ser una parte de políticas de seguridad integrales, en las que deben colaborar activamente con los servicios sociales y de salud. ¿Cómo se consigue? A través de la creación de instituciones específicas que dirijan y coordinen equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, a agentes de policía patrullando zonas calientes en las que actúan también trabajadores sociales que apoyan su accionar y median entre las partes. Se hace en varias ciudades del mundo y nosotros podemos hacerlo también. La cooperación y el aprendizaje mutuo tienen gran potencial en instituciones y profesionales uruguayos que suelen mirarse con desconfianza.

Una crítica fácil a una medida de este tipo es que se asemeja a las famosas razzias, aquellas prácticas provenientes de la dictadura que autorizaban a la policía a realizar discrecionalmente hostigamientos y detenciones en la vía pública. Ni la sociedad ni la justicia pueden permitirse tal retroceso. Las prácticas que se proponen se realizan en algunas de las democracias más avanzadas del mundo. En la mira de los agentes está el porte ilegal de armas y es esa la razón que debe justificar una detención. Y en ningún caso malos tratos, agresiones físicas o verbales.

Hace más de una década que invertimos fuertemente en la profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad. Si todavía pensamos que ningún policía es capaz de ejercer la autoridad de forma respetuosa, haríamos bien en exigir responsabilidades políticas. La prevención del delito requiere patrullaje y fiscalización, aquí y en cualquier parte. Se pueden elaborar directrices explícitas que protejan a ciudadanos y justifiquen cuando el accionar debe ser más intrusivo.

En este punto debe hacerse un inciso crucial que motivó esta primera columna y al que vale la pena dedicar otra. El nuevo Código de Proceso Penal prohíbe el registro personal de quienes no estén cometiendo un delito flagrante. Es decir, no permite ningún registro preventivo, ya sea a sospechosos de querer cometer un crimen o en el marco de controles rutinarios. Pero, además, contradice peligrosamente la Ley de Procedimiento Policial, no otorgando a quienes patrullan las calles de la imprescindible seguridad jurídica que necesitan para trabajar. Incluso los registros o cacheos que se realizan en la puerta de las cárceles o de eventos deportivos ya suponen que los agentes fuercen la norma y se expongan a sanciones.

Es muy difícil prevenir el delito en estas circunstancias. Dejemos los prejuicios de lado y permitamos que la policía demuestre que está preparada para enfrentar los desafíos que tenemos, del lado de la ciudadanía. La necesitamos.

 

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