En medio de cuestionamientos por el liderazgo del ministro del Interior y cambios de "figuritas" en los altos mandos, Negro admitió que el primer semestre del año cerrará con un ascenso de los homicidios
Policías que realizaban ocho allanamientos en simultáneo en busca de armas se toparon con un adolescente de 16 años armado que los enfrentó y apuntó, por lo que le dispararon y murió.
Esa noche, otro adolescente de 17 años fue asesinado en el Cerro. El agresor quedó grabado en cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior que lo muestran huyendo luego de disparar un revólver calibre 38 (se supo por los seis casquillos recogidos).
En medio de cuestionamientos por el liderazgo del ministro del Interior y cambios de "figuritas" en los altos mandos, Negro admitió en el Parlamento que el primer semestre del año cerrará con un “leve” ascenso de los homicidios y heridos de arma de fuego con respecto al mismo semestre de 2025 e informó detalles de nueva normativa para combatir el tráfico de armas.
En esta entrega de la newsletter EnClave, te propongo Natalia, analizar la marcha de la gestión de seguridad y algunas señales que se dieron en los últimos días.
Los allanamientos que terminaron con la trágica muerte del adolescente habían sido pedidos a la justicia por la fiscal Mirna Busich, la única que desde fines de marzo lleva adelante investigaciones a largo plazo sobre armas.
La fiscal tenía pruebas de que en esas viviendas se acopiaban armas de fuego ilegales, dijeron desde Fiscalía. El padre del adolescente que murió era uno de los principales indagados y a quién se iba a detener. La policía no sabía que habría un adolescente y mucho menos que los enfrentaría armado.
La desgraciada muerte del menor llevó a Busich a dejar sin efecto la detención del adulto, de momento, para dejarlo velar a su hijo. Sí se incautaron varias armas de fuego con numeración borrada y 2 cargadores de fabricación casera que se utilizan para aumentar el poder de fuego de las pistolas, que serán analizadas.
Mientras eso sucedía en el Borro, el ministro del Interior Carlos Negro comparecía en la comisión de Seguridad de Diputados, invitado tiempo antes por la bancada oficialista para hablar de la marcha del Plan Nacional de Seguridad. Sin embargo, la agenda de los últimos días se nutrió de otros hechos: los cambios en la cúpula policial de la semana pasada y ahora esta balacera que terminó con un menor muerto y llevó a hablar del tema en la sesión.
Una primera señal que intentó dar el ministro en un momento tan complicado de su gestión fue expresar apoyo a la Policía. Ante rumores de que se había tratado de un caso de abuso policial, Negro lo rechazó de plano y dijo que el allanamiento se ajustó a la normativa y además insistió en que está todo filmado porque los policías llevaban cámaras corporales.
Si bien la última palabra la tendrá la fiscal de Homicidios Andrea Naupp —que recibió esas imágenes el jueves de noche y analiza todas las pruebas—, el hecho de que el ministro haya respaldado la actuación policial, al igual que lo hizo el ahora jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo (un policía muy cercano políticamente al gobierno), implicó un espaldarazo que fue bien valorado por la propia fuerza policial y también por la oposición.
Por otro lado, el ministerio está dando una señal en la tenencia irregular de armas con nuevos controles, pero el tema no estará exento de polémicas y de cuestionamientos, que ya empezaron a escucharse.
El ministro había dicho en entrevista con El Observador que el tema armas es un problema muy serio que tiene Uruguay y “repercute directamente en la violencia de los homicidios”. Por eso, desde que compareció en el Parlamento por primera vez en abril de 2025 anunció un proyecto de ley (que se dio a conocer 14 meses después) y este jueves se explayó sobre el contenido en la comisión de Diputados.
El ministro puso el foco en la falta de control en las municiones. Explicó que se venden sin registros ni límites claros y criticó un decreto de 2020 que eliminó la obligación de los importadores de entregar muestras a la Policía Científica, lo que imposibilita la trazabilidad de los proyectiles encontrados en escenas del crimen. En ese sentido anunció nuevos controles a través de un decreto que Presidencia publicará en los próximos días y establece:
En cuanto al proyecto de ley básicamente aumenta las penas de los delitos de armas.
La propuesta del gobierno ya trajo críticas tanto de los armeros como de la oposición. Por un lado, Juan Jiménez, integrante de la asociación y miembro de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones dijo que “han puesto en el banquillo de los acusados como si el mundo legal fuera el que está proveyendo a los delincuentes, y no es así”. Además dijo que el sistema vigente ya cuenta con estrictos controles y reclama que el Estado utilice mejor la información que actualmente recibe antes de imponer nuevas exigencias.
Negro explicó en el Parlamento que 21% de las armas que se incautan a criminales tienen la numeración intacta y provienen del mercado legal uruguayo. Se estima que un 90% fueron adquiridas y registradas legalmente antes de pasar a la delincuencia por robo o reventa, dijo el ministro.
Desde la oposición se señaló la contradicción con lo que siempre ha dicho el FA que se ha expresado contrario a la punitividad como solución a la inseguridad,ya que ha quedado demostrado que aumentar las penas de los delitos no los hace disminuir.
En un momento crítico de la gestión, con aumento de violencia y homicidios, y pedidos de renuncia desde la oposición, se suma otra mala noticia. El ministro concluyó en el Parlamento que las cifras muestran una "muy probable" suba en los homicidios en el total del semestre. Explicó que, aunque el primer trimestre mostró una baja importante, los dos meses siguientes tuvieron una actividad delictiva en esta área "bastante importante" que revirtió la tendencia inicial. También se espera un incremento en el indicador de heridos por armas de fuego.
Otra señal en el contexto actual es la del cambio de autoridades en la cúpula policial. Negro justificó que cuando se dio a conocer el Plan de Seguridad se informó que sería “un plan en movimiento, que no estaba tallado en piedra, que iba a ser revisado, monitoreado permanentemente y en forma rigurosa además con datos que iban a dar evidencia de cada paso a dar por el Ministerio en esta materia”.
Ante los parlamentarios, el jueves Negro dijo que los cambios respondían a la necesidad de “ajustar perillas” y colocar a los funcionarios con el perfil más adecuado en los cargos de mayor responsabilidad para mejorar el rendimiento operativo.
Los cambios implicaron que el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, pasara a ser jefe de Policía de Montevideo mientras que quien ocupaba ese puesto, Pablo Lotito, asumió como director de Investigaciones en lugar de Julio Sena, quien quedó en el lugar de Clavijo, más estratégico que operativo.
En la Guardia Republicana se designó a Fabián Monzón, quien era jefe de la Zona Operacional V de Montevideo, en lugar de Angelina Ferreira, a quien se le ofreció otro cargo que no aceptó y quedó como subjefa de la Policía de Soriano. Por último, en Asuntos Internos, asumió Julián Abraham, un oficial de confianza del ministro con quien trabajó años atrás cuando era fiscal en Paysandú.
Quien mostró más sinceridad a la hora de explicar los cambios fue el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez , quien dijo: “Tuvimos un primer tiempo regular, en el segundo tiempo hicimos cambios y vimos otro Uruguay”.
Por su parte, Negro se animó a anunciar que los cambios traerán “una mejora sustantiva en lo que se refiere a la seguridad de la población”, con lo que se autoimpuso la necesidad de demostrar resultados.
Más allá de las palabras, queda clara la disconformidad con los resultados logrados hasta ahora y surge una pregunta: ¿por qué no se designó a otros policías, en lugar de mover a los mismos de posición?
La respuesta es que no hay más policías. Y lo mismo pasaba en la gestión anterior. En una entrevista que le hicimos al entonces ministro Jorge Larrañaga, con el colega Joaquín Silva, le preguntamos cómo podía ser que habiendo sido tan enfático en cuestionar los 15 años de frenteamplismo en el Ministerio del Interior había mantenido a muchos jerarcas policiales.
Su respuesta fue: “¿Y qué quiere, que invente policías? Se lo voy a explicar muy claro: el fracaso era de la conducción del Ministerio del Interior y ahora tenemos otra conducción”.
Larrañaga estuvo poco más de un año al frente del ministerio y en pandemia, por lo que resulta imposible saber cómo le hubiera ido en una gestión completa, pero sí se puede reconocer lo que representaba y encarnaba su figura como hombre al frente de la seguridad.
Las señales y las decisiones son necesarias pero en la conducción de la cartera de seguridad radica el éxito de la gestión.