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Lacalle vetó ley forestal para no afectar contratos de inversión y evitar perjuicios económicos
"Se terminó el recreo", gritaron dos jóvenes en el preciso momento en que Guido Manini Ríos ingresó este jueves a Torre Ejecutiva. El líder de Cabildo Abierto había pedido una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para intentar convencerlo del "error" que cometería en caso de vetar el proyecto de ley forestal, aprobado un día antes en el Parlamento con los votos de su partido y del Frente Amplio, y las resistencias del resto de la coalición.
Sus esfuerzos, previsiblemente, fueron en vano. Al acudir al encuentro, Manini se encontró con el texto del decreto ya pronto, y escuchó en boca del mandatario los motivos de su resistencia a la iniciativa que buscaba restringir las plantaciones de eucaliptus a las aproximadamente 4,5 millones de hectáreas declaradas de prioridad forestal en 1987.
Razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Vulneración de los derechos de propiedad, libertad y trabajo. Necesidad de preservar la estabilidad jurídica. Por sobre todas las cosas: posible afectación de los contratos de inversión firmados por el Estado con diversas empresas del sector forestal. Ese fue el centro de los argumentos que plasmó el Poder Ejecutivo para fundamentar su primer veto, una decisión que el presidente llamó a "desdramatizar" pero que supone un pico de tensión en la interna del oficialismo, y en particular en la relación con Cabildo Abierto.
La fundamentación
En una extensa exposición, a la que accedió El Observador, el Poder Ejecutivo reivindicó como cometido esencial el fijar y conducir políticas sectoriales; en particular, el diseño y la ejecución de la política forestal. El veto, que incluye citas a varios pasajes de la Constitución, repara específicamente en el artículo 36: “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier actividad lícita, salvo limitaciones de interés general”.
Según el gobierno, esas limitaciones deben explicitarse claramente y tener el mismo rango que el derecho afectado, pero el proyecto de Cabildo Abierto no lo hace.
La “libertad es un concepto mencionado” once veces en el texto. Los “derechos”, son señalados otras ocho veces.
El veto defiende en forma especial la libertad económica, como un derecho fundamental del ser humano a controlar su trabajo y su propiedad. Un derecho que “abarcaría todas las libertades y derechos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios”.
“En este caso, resulta notoria e innecesariamente afectada la libertad de producción”, señala la objeción presidencial. Si la ley entrara en vigencia, se afirma, “los productores no podrán elegir el destino productivo de sus tierras”, lo que estaría determinando limitaciones a derechos y libertades.
Además, para el Poder Ejecutivo en el proyecto “no surgen razones de interés general que se pretenden proteger”. En ese marco, el gobierno defendió el decreto regulatorio emitido la semana pasada. “Revela que el Estado dispone de medios menos restrictivos para regular la actividad forestal, sin perturbarla ni interferir arbitrariamente en dicha actividad económica y en las libertades implicadas”, se dice.
“El proyecto no solo generaría graves perjuicios económicos, sino que afecta la seguridad jurídica, principio fundamental e imprescindible para mantener el desarrollo económico, los procesos de inversión y el prestigio internacional del país, conquistado históricamente”, se expresa.
En ese sentido, la fundamentación del gobierno destaca que un cambio como el votado por Cabildo Abierto y el Frente Amplio, podría afectar la estabilidad de situaciones jurídicas ya consolidadas o en proceso de hacerlo.
Es así que el veto se dirige a su parte medular: los tratados de protección y promoción inversiones firmados con las empresas del sector forestal. Una limitación como la planteada en el proyecto, se esgrime, afectaría derechos adquiridos y los planes de desarrollo de esas firmas incluidos en los contratos mencionados.
“Podría verificarse una afectación a la ecuación económica tenida en consideración por las empresas al momento de realizar sus inversiones que, por su tipo, son a mediano o largo plazo”, advierte el veto presidencial. Eventuales perjuicios que, se hace notar, deberían compensarse a través de una revisión de los beneficios especiales concedidos a la inversión.
“La adopción de soluciones transitorias no enerva la contingencia de reclamos por una eventual vulneración del principio de igualdad”, se señala.
Además de contrastar con normas y principios constitucionales, en sus conclusiones el Poder Ejecutivo dice entender que la promulgación de la ley apareja una afectación a la cadena productiva forestal con un impacto que además se extenderá a toda la economía nacional.
Esta lucha vale la pena
Manini salió de la reunión con una única certeza: ninguno de los ministros de Cabildo Abierto firmaría el veto. En estas horas, previo a su envío a la Asamblea General, desde Presidencia recababan las firmas de Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía), José Luis Falero (Transporte), Pablo Mieres (Trabajo), Fernando Mattos (Ganadería) y Adrián Peña (Ambiente).
Una vez que el veto ingrese al Parlamento, la Asamblea General tendrá 30 días para pronunciarse. De no hacerlo, la observación quedará firme. Para levantarla, se necesitan dos tercios de los legisladores que estén presentes al momento de la discusión, algo que será imposible de lograr en las actuales circunstancias políticas.
En un mano a mano de menos de una hora, Manini intentó convencer al presidente con un argumento central: el proyecto de ley fue aprobado en el Parlamento “por la mayoría de los representantes del pueblo uruguayo”.
Según dijo tras la reunión, acudió personalmente al encuentro por cuestiones de “lealtad” entre socios de la coalición de gobierno.
Horas antes, en una conferencia de prensa, Lacalle había informado que Manini le envió un mensaje el miércoles solicitando que se reuniera con el senador Guillermo Domenech y el diputado Rafael Menéndez, los dos cabildantes que trabajaron en el proyecto. Sin embargo, el presidente dijo que pidió que el encuentro fuera mano a mano con Manini por la "sensibilidad" que había adquirido el asunto, y para dialogar directamente con el líder del partido que integra la coalición.
En rueda de prensa, cuando ya se iba con las manos vacías, Manini destacó que el proyecto votado en el Parlamento es "bueno y necesario para el país", ya que "busca proteger al trabajador y al pequeño productor uruguayo y que así pueda acceder a la tierra en zonas donde cada vez le es más dificil, por la competencia de las multinacionales”. “Cada uno hará ahora sus valoraciones”, señaló.
Manini volvió a precisar que este diferendo no afectará, por lo menos por parte de Cabildo Abierto, el funcionamiento de la coalición de gobierno. “Antes que el árbol, miramos el monte”, reiteró, en línea con el concepto ya que había comunicado un día antes. Lacalle Pou también llamó a "desdramatizar" la situación, y recordó que en el año 2000 una iniciativa suya como diputado oficialista fue objeto de veto por parte del entonces presidente Jorge Batlle.
Los esfuerzos por "desdramatizar" no impidieron que Manini remarcara que, desde hace un año, su fuerza política ofreció a sus socios la posibilidad de introducir cambios al proyecto de ley forestal, con la esperanza de lograr un consenso y que la ley fuera sancionada por toda la coalición. El intento, precisó, incluyó gestiones ante el propio presidente. “No hubo ningún aporte”, lamentó. El líder de Cabildo Abierto adjudicó el hecho que no se quiso acompañar la esencia de la iniciativa: que no se foresten los menores campos del país.
El veto impedirá cualquier iniciativa similar hasta 2025. “Cabildo Abierto bregará en el futuro para preservar esos suelos, y siempre tendrá como norte la defensa de los pequeños productores”, prometió el senador. “Esta lucha vale la pena”.
