Las cicatrices que cuesta cerrar

Es del 26 de marzo de 2007 y proponía una “reparación patrimonial” para “hijos legítimos, naturales o adoptivos, cónyuges y concubino” o “en ausencia de éstos” a “los padres legítimos, naturales o adoptantes” u otros familiares, de “todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, asimilados o equiparados, y a los civiles fallecidos en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976, tanto en el territorio nacional como fuera de él”, así como de “aquellas personas declaradas ausentes por causas de desaparición forzada”.

A raíz de la reapertura del debate político sobre las heridas abiertas de aquellos años, y la necesidad de pagar una reparación a víctimas de los movimientos guerrilleros de los años sesenta y setenta, volví a leer aquel proyecto de ley que el primer presidente de izquierda en Uruguay remitió al Parlamento en su primer período.

Pasaron más de dos décadas y el problema, que se presentaba como “moralmente imprescindible” de resolver, sigue inconcluso.

Es muy fuerte lo que dice aquel proyecto del gobierno del Frente Amplio en su exposición de motivos, cuando argumenta por qué hay que pagar algo especial a quienes ocupan un puesto en los organismos de seguridad y se comprende que están para eso, y que asumen riesgos que son parte de su función.

Aquel texto indica que “referido a los funcionarios militares y policiales, si bien existen normas que les otorgan un determinado tratamiento en el caso del fallecimiento en acto de servicio, con el transcurrir del tiempo tal situación se diluye y afecta notoriamente, también económica y espiritualmente, a sus descendientes y núcleos familiares”.

Y agrega: “debemos considerar que las circunstancias mencionadas, si bien están comprendidas en actos de servicio, en realidad representaron mucho más teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación”.

Pasó el tiempo y ese proyecto no tuvo votos, quedó trunco.

Dos años y medio después, sí hubo votos para la Ley Nº 18.596 (18 de setiembre de 2009) que “reconoce el derecho de reparación integral a aquellas personas que se consideran víctimas del terrorismo de Estado y de la actuación ilegítima de éste” y comprende el período del 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985.

Y los otros, quedaron ahí, sin nada.

Otros proyectos de legisladores de la oposición de esos años también quedaron encajonados.

Es razonable entender que si ya había heridas abiertas, la resolución del caso mediante una ley para unas víctimas y el cajoneo de las otras causas, iba a generar una sensación de injusticia, un reflejo de enojo por asumir que el Estado -o el gobierno de turno- actúa con un criterio hemipléjico y caprichoso políticamente.

En este período, el partido Cabildo Abierto reabrió la discusión con un nuevo proyecto y el impulso se dio esta semana cuando el ministro de Defensa Nacional, Javier García, transmitió apoyo al planteo y dijo: "los Derechos Humanos se defienden integralmente, no es que hay Derechos Humanos para unos humanos, y no hay para otros".

Un ministro no asume el riesgo político de un pronunciamiento de tal alcance, sin conversarlo antes con el presidente.

“Tenemos, por disposición legal, reparaciones económicas para víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. Uno razona y dice 'a ver, víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia, hubo víctimas de la guerrilla y de los grupos armados", dijo García.

Es una puerta abierta para votar un proyecto que no parecía posible hasta ahora.

El ex presidente José Mujica se mostró abierto a considerar esa propuesta: “Yo no me opongo a nada. Lo que me opongo es que estamos demasiado discutiendo en la chiquita y la noche se nos viene encima”.

Manini Ríos reaccionó positivamente: “son buenas estas declaraciones del ministro García porque puede marcar que ahora sí haya disposición a tratar este proyecto que creemos va a traer justicia, y que no solo busca reparación económica, también busca reparación histórica”.

Y ahí tocó un punto fundamental: no es solo plata.

Para unos familiares sí se trata de compensación en dinero, pero lo relevante es la consideración honesta de lo que realmente pasó en ese período.

El lunes 19, en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), se vivió otra jornada de alcance histórico, por los temas considerados y porque eso se inserta en un plan de análisis de todo el período de convulsiones políticas, golpe de Estado, dictadura y transición a la democracia.

Expusieron los analistas Tomas Linn y Hebert Gatto y el sociólogo Rafael Porzekanski, y decenas de oficiales siguen escuchando opiniones diversas, mientras estudian los hechos con la prensa de la época, libros de autores con enfoques diferentes y en algunos casos antagónicos, y con entrevistas a los protagonistas o testigos de primera línea de aquellos episodios.

El Ejército está analizando todo eso con cabeza abierta, seguramente con incomodidades internas y temores al cauce que puede seguir el debate, pero escuchando todas las voces y tratando de entender lo que pasó, realmente.

Ante ese esfuerzo que merece un reconocimiento, la pregunta es si el sistema político partidario en su conjunto está dispuesto a un análisis de mirada honesta y crítica, porque decir “nunca más” es fácil, pero asumirlo en serio, es otra cosa.