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29 de enero de 2021 a las 22:12

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Es muy acertada la decisión del gobierno de que en marzo próximo comiencen las clases de manera presencial en los establecimientos educativos que sea posible. La experiencia del año pasado con la enseñanza virtual demuestra que es mayor el daño que el beneficio, no solo pensando en los educandos, sino en el conjunto de la sociedad.

La opinión científica, de la que se hicieron eco las autoridades, de que la escuela es lo primero que debería abrirse y lo último en clausurarse, no es un juicio caprichoso. El bajo riesgo de contagios de covid-19 en las aulas y el golpe de la enseñanza remota en los alumnos de familias más desfavorecidas –que ahonda la inequidad en la educación, un problema anterior a la pandemia– son datos muy potentes para apoyar el comienzo de las clases de forma presencial.

No es una realidad excepcional de Uruguay. El novel presidente estadounidense Joe Biden ha resuelto el comienzo de las clases presenciales. El razonamiento es que los estudiantes ya han perdido el aprendizaje en áreas claves, como matemáticas, y más estudiantes han reprobado los cursos, además del perjuicio económico de las clases virtuales que dificulta a los padres salir a trabajar.

En Uruguay, estamos acostumbrados a un comienzo del año lectivo con incertidumbres, por carencias y denuncias de docentes de todo tipo, y ahora más por el contexto del covid-19.

La presencialidad escolar es una acción que debería encolumnar a todos, pero lamentablemente se escuchan voces agoreras, más representativas de actitudes políticas o sindicales, que ponen en entredicho y convierten en pura retórica la idea central de que el estudiante es el sujeto esencial de la educación.

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP ha tenido una actitud tan decidida como razonable para recuperar una vieja normalidad, tan necesaria  para el bien de los educandos y de las familias. Y ha tenido la sensatez de confiar en los directores de las escuelas para la ejecución de una medida que debe adecuarse a las realidades de los establecimientos educativos.

Por otra parte, ha dado señales tempranas de estar atento a los retos del covid-19  que supone el distanciamiento necesario en las aulas, los controles pertinentes y asumiendo incluso el compromiso de instalar equipamiento que contribuya a mejorar el aspecto sanitario de las escuelas y liceos.  

En ese mismo sentido, y reconociéndose que se asumen riesgos, los docentes han sido contemplados en la primera etapa de inoculación.

Uruguay muestra problemas parecidos a los que se plantean en EEUU: una caída en participación de los alumnos en las clases virtuales y un aumento de la deserción estudiantil, un comportamiento más perjudicial en familias que pertenecen a los quintiles más desfavorecidos. Y también, la dificultad de las madres, muchas veces, además, en condición de jefas de hogar, que no tienen con quien dejar a sus hijos.

Un aspecto dramático es la consecuencia que tiene la no presencialidad educativa en el aprendizaje de los grupos etarios de la primera infancia. 

El comienzo del año lectivo es una gran oportunidad para que Uruguay muestre realmente su excepcionalidad como sociedad: todos apoyando el comienzo de las clases presenciales y con la actitud de ir solucionando los problemas que se vayan presentando. 

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