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Tres cuartas partes de los uruguayos desconoce de qué va la reforma educativa.

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Las dudas y las certezas de la reforma educativa, ¿qué reforma?

Los académicos advierten que, de no romperse con el asignaturismo y de no cambiarse el modelo de evaluación, por más buenas intenciones la transformación es una cáscara vacía

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25 de septiembre de 2022 a las 05:00

Imagínese que hoy es miércoles primero de marzo de 2023, el primer día de clases. Visualice a los niños que entran a la escuela con sus túnicas blancas inmaculadas. Observe cómo los liceales miran los horarios de las materias. Preste atención a los estudiantes de UTU mientras se posicionan en el primer taller. Y ahora hágase la pregunta: ¿qué les cambió con la llamada reforma educativa?

A falta de cinco meses y una semana de ese primero de marzo, los estudiosos de la educación —aquellos que han dedicado buena parte de su vida adulta a entender el sistema de enseñanza uruguayo— tienen más dudas que certezas de si la reforma es, en esencia, una reforma

Los más inconformistas consideran que la llamada transformación curricular deja por escrito aquello que ya se venía haciendo, pero que, salvo algún cambio de nombre, “es el mismo perro con distinto collar”. Los más conformistas, en cambio, insisten en que este “no es el ideal, pero sí lo posible”, advierten que la reforma “también incluye un cambio en la gobernanza que introdujo la LUC”, y enfatizan en que en la currícula se “siembra una semilla” para que dé inicio el verdadero cambio. Pero todos, apocalípticos e integrados, coinciden en que “el ruido” de la discusión está tapando el debate de fondo.

Por ejemplo: una encuesta que la Administración Nacional de Educación Pública le encomendó a la consultora Opción comprobó que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con una transformación. Pero esa misma pesquisa dejaba en claro que tres cuartas partes de los encuestados admiten estar “poco” o “nada” informados del plan de transformación que impulsa el gobierno.

Esa desinformación, a su vez, se potencia con un debate público que quedó encapsulado en las formas: que si hubo plagio en un documento de Formación Docente, que si un sindicato se enteró de la información por la prensa, de si los maestros y profesores son consultados, de si los “cara a cara” de la ANEP son solo una estrategia publicitaria.

El consejero Juan Gabito, parte del oficialismo, hace una autocrítica al respecto: “A los docentes se los consultó con cada producto terminado y esa puede que sea una falla. Por eso ahora se intentó corregir y las Asambleas Técnico Docente tienen participación directa en la elaboración de los programas —que son los documentos que faltan previo al cambio reglamentario que dará inicio a la transformación—”.

Parte de esa “falta de consulta” podría justificarse en dos principales motivos: evitar las resistencias y ganar tiempo. Y ahí yace la primera gran duda para los estudiosos.

El tiempo y la resistencia

“En tres años, que es el período útil que tiene un gobierno para hacer reformas, es mucho lo que se está proponiendo. Pero el tiempo es y será una de las principales restricciones. Por ejemplo, el nuevo plan está pensado para que los docentes de Secundaria y UTU elijan horas cada tres años, sin embargo no hubo aún un cambio de estatuto docente que facilite ese régimen y en la práctica seguirá como antes”, admite el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Javier Lasida.

En ese sentido, la doctora en Educación Margarita Romero, quien llegó a ocupar el cargo técnico —y no político— más alto de Secundaria, explica que “la mejor política educativa no es la que se dispone, sino la que se cumple”. Un cumplimiento que no se logra por “acatar”, sino porque “exista el convencimiento de que no se puede seguir haciendo más de lo mismo”. Y eso implica tiempo y cambio de paradigmas.

Virginia Piedra Cueva, que desde hace más de 30 años ejerce la docencia y presidió la Asociación de Directores de Secundaria, da un ejemplo: “Recién en 2008, con la ley de Educación, la enseñanza obligatoria se extendió hasta el término del bachillerato. Pero a juzgar por las estadísticas, se está lejos de alcanzar esa obligatoriedad… faltan mojones y tiempo”. 

Esa premura —que según Lasida se combina con que las autoridades decidieron minimizar la resistencia de las “corporaciones docentes que tienen una mirada enciclopedista”— redundó en que en el plan educativo aprobado el pasado miércoles hubo “pocas innovaciones” respecto a la cantidad y horas de asignaturas. El propio presidente del Ineed, quien es parte de la coalición de gobierno, admite que “hay resistencias muy fuertes y conservadoras que siguen prefiriendo el statu quo, que sigue prefiriendo que un estudiante tenga diez profesores en vez de uno o dos referentes y el resto docentes de asignaturas”.

Porque el primero de marzo de 2023, los escolares que acabaron Primaria ingresarán a séptimo grado en un liceo o UTU. Tendrán una decena de docentes como hasta ahora. En materias divididas como hasta ahora —por más que alguna cambia de nombre—. Y con profesores que tienen el mismo tiempo que ahora para coordinar un trabajo conjunto fuera de clase.

“Que haya séptimo, octavo y noveno grado no es a priori significativo salvo que se cambie la manera de evaluación para que sea un mismo criterio, salvo que se cumplan las progresiones de qué se espera que sepa hacer y ser un estudiante acorde avanza, salvo que los docentes pasen a fijarse en el alumno como centro y en base a él planifiquen”, explica la doctora en Educación Margarita Romero.

Piedra Cueva complementa que los docentes están acostumbrados a cumplir un programa, a dar determinados contenidos y no a discutir entre varios cómo se van potenciando las competencias del estudiante. “Ahí es donde los nuevos documentos pueden tener un éxito: en cambiar la evaluación y en que los docentes se junten para hacer un proyecto de gastronomía, por ejemplo, en que el profe de Química trabaje con el de Arte, con el de Geografía, con resolución de problemas, con algoritmos…”. Porque, como insiste la profesora y directora, “al estudiante los desafíos de la vida no le vienen compartimentados en Biología, Física o Idioma Español, sino que son problemas a resolver con competencias que van nutriendo todas las disciplinas”.

Martín Pasturino, quien estuvo a cargo del desarrollo curricular de los Bachilleratos Tecnológicos en la reforma de Rama (1996) y participó en la Reformulación 2006 de los liceos, demostró que para los liceales —no así para los docentes— el nuevo plan reduce unas ocho horas semanales la carga de clases, pero “no cambia demasiado”. En todo caso, dice, “los nuevos programas podrían hacer la diferencia, pero es difícil que dé el tiempo como para un cambio significativo”.

Pasturino, quien es uno de esos referentes educativos en el Frente Amplio que es respetado por la oposición, se considera partidario de que haya un cambio, admite sentirse satisfecho con el nuevo enfoque de Computación —aunque le hubiese gustado que se incluyera la matemática discreta—, se identifica con que la Biología y la Geografía tengan un vuelco hacia las Ciencias Ambientales, que es “por donde va el mundo”, pero no le convence lo que está planteado hasta ahora. ¿Qué falta? “Para empezar, recursos que hagan la diferencia en los centros educativos con peores resultados, que los docentes tengan más tiempo para coordinar, para trabajar en proyectos” y que “no estén rotando de un lado al otro”.

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