Las firmas contra la LUC y toda la carne al asador

Es entendible que los que se sienten afectados por reformas de la Ley nº 19.889 apelen a la juntada de firmas para someter a referéndum esa norma aun cuando sepan que es una tarea titánica. Cuesta entender cómo si el Frente Amplio no decidió ese camino, e incluso lo desechó al dejar pasar el tiempo sin siquiera considerarlo, ahora termine por zambullirse en una iniciativa de otros, que tiene alto riesgo político.

Curiosamente, un diputado del oficialismo propone un cambio en las reglas de juego para impedir que se pueda hacer un referéndum contra esta ley, lo que de aprobarse sería tremendo salvavidas para el Frente: se pondría de víctima ante lo que considerara una maniobra tramposa y evitaría concentrar atención y fuerza en algo que no quería hacer.

E incluso, podría interponer un recurso de constitucionalidad y ganarlo: o sea, que podría transformar una probable derrota en una casi segura victoria.

¿Quién impulsó el referéndum contra la LUC?

El sindicato de funcionarios de Ancap no quiso resignarse a la indiferencia mayoritaria, y aunque la ley no trae cambios para el régimen de combustibles, asumió que dejó la puerta abierta para una desmonopolización a la que quiere enfrentar desde ya, y no esperar a que se concrete.

No tenía muchos apoyos al inicio, hasta que una corriente del Partido Comunista, con base en el movimiento sindical, se sumó a la iniciativa y terminó volcando voluntades. Fue clave en eso el senador “Boca” Andrade, referente del gremio de la construcción.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereyra, y varios gremios no estaban de acuerdo, pero acataron lo decidido por la mayoría.

¿Qué opinaba el Frente Amplio?

La coalición de izquierda no quería entrar en el juego. En el sector mayoritario del FA, el MPP, consideraban que era “hacerle el juego al Boca” e incidir en “la interna comunista”, pero que además era inconveniente hacerlo mientras el gobierno tiene alta popularidad. Además, por la pandemia no se pueden hacer aglomeraciones.

La “lógica Andrade” indicaba que el descontento por la economía afectará la imagen del gobierno, y como la juntada de firmas lleva meses, una parte de la movilización se hará cuando Lacalle Pou esté con opinión desfavorable. En eso confían.
¿Qué propone el diputado blanco-sartorista Pablo Viana?

El legislador entiende que la primera ley reglamentaria del referéndum (nº 16.017 de 1989) permitió hacer consulta sobre leyes de urgente consideración, pero eso va contra la Constitución, que a su juicio, no habilita hacerlo en “casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo”. Viana quiere dejar a texto expreso que no se puede someter a votación la LUC (y las otras similares que haya en el futuro).

El proyecto tiene escasísima chance de ser aprobado por varias razones:

1. lo de iniciativa privativa es sobre la “materia” (temas como impuestos, jubilaciones) y no sobre “el procedimiento”, porque es una limitación sobre cuestiones puntuales y no sobre todo lo que vaya en una ley de plazo acotado;

2. suena a trampa en este momento en que hay anuncio de recurso contra esta LUC;

3. el gobierno quiere que dejen a la oposición embarcarse en esto; entiende que la juntada de firmas contra reloj los distraería, los quitaría del eje de las discusiones centrales, y los expondría en un asunto que la gente no rechaza (hay estudios de opinión pública sobre eso). Además, como el Frente lo hace por tironeo interno y no por convencimiento, en el gobierno ven que es oportunidad de marcar una victoria contra la oposición (sea por no llegar a las firmas o por ir a votación y perder en las urnas).

Entonces, habrá luz verde para la juntada de firmas y eso será una tarea compleja.

Si los que recurren la ley fueran por “la vía corta”, de presentar firmas de 2% del padrón para forzar una jornada de adhesión en urnas, deberán recoger casi 60 mil en un mes, porque arrancarían en noviembre y el plazo vence el 6 de diciembre.

Si van por la “vía larga” de juntar el 25% del padrón durante “un año”, el plazo corre desde el 9 de julio y deberán recoger unas 20 mil adhesiones por semana, con el fin de año y verano entre medio). El Frente Amplio comienza este sábado a discutir sobre “autocrítica de derrota electoral” y simultáneamente se dispone a asumir el riesgo político de embarcarse en un nuevo referéndum.

El recurso ha dado a la izquierda varias alegrías y tristezas.

Fue feliz en 1984 con el intento de derogar la Ley Nº 15.501 sobre viviendas, aunque ni hubo votación, pero sí músculo y gimnasia en plena dictadura. Lo fue en 1992 cuando derogó la privatización de Lacalle de Herrera, y en 2003 cuando tiró abajo la reforma de Ancap (ley en la que Astori y otros frentistas habían sido coautores).

Fue triste en 1989 cuando perdió el “voto verde” y los uruguayos ratificaron la ley de Caducidad. También hubo derrotas de izquierda (aunque no involucraron a todo el Frente), en 1996 cuando no pudieron recurrir la ley de AFAP, en 1998 cuando no llegaron a las adhesiones contra la ley de energía eléctrica (15% primero y 22% en segunda instancia), ese mismo año y en 1999 tampoco hubo voluntades contra la ley de Promoción de Inversiones (4,7% y 9,3%), en 2001 que no se llegó a votos contra la ley de urgencia de Batlle (20,7%) o en 2003 cuando la Corte no habilitó referéndum contra privatización de ferrocarriles por ser ley de Presupuesto.

Y fue feliz con el fracaso de otros, en junio de 2013 contra ley de aborto (solo 8,9% de adhesiones) y en agosto de 2019 contra ley trans (9,9%) porque ambos intentos derogatorios no llegaron ni cerca al 25%.

La decisión no está formalmente tomada, pero el Frente se encamina a hacerlo. Los que movieron primero, los comunistas, ganan si el referéndum es un éxito y si no se llega, como ellos pondrán toda la carne en el asador, podrán
decir que otros no hicieron lo mismo. Ganan menos, a la interna, con los gremios a los que no dejaron solos, pero ganan también.

El Frente Amplio gana solo si gana, y eso, aunque no sea imposible, hoy luce poco probable.