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Las polémicas 70 mil exoneraciones de patentes que llevan a revisar el sistema

Las exoneraciones, que fueron regularizadas antes de 2012, se ejecutaron entre 2018 y 2019

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05 de marzo de 2019 a las 05:02

Entre 2018 y 2019 el Sistema Único de Control de Ingresos Vehiculares (Sucive) aprobó la exoneración del pago de la patente a 68.324 vehículos, entre los que se encuentran legisladores, ediles departamentales, funcionarios públicos, usuarios de vehículos para discapacitados, entre otros casos que fueron contemplados antes de 2012 por las diferentes intendencias, según un informe al que accedió El Observador.

En 2012 el gobierno de José Mujica creó el Sucive, que estableció una patente única en base al valor de mercado del vehículo. Ese organismo lleva la cuenta de que en Uruguay hay más de 3 millones de vehículos registrados entre autos, camionetas, ambulancias, casas rodantes, ómnibus, camiones, motos y remolques.

A principios de febrero se levantaron sospechas sobre los reempadronamientos en algunos departamentos del país, por lo que una vez culminada la investigación que no encontró irregularidades -aunque sí omisiones de comunicación- la comisión de seguimiento del Sucive pidió a la fiduciaria República Afisa S.A. que entregue de forma trimestral un informe sobre los reempadronamientos que se hacen todos los meses en las intendencias.

Asimismo, se estableció la creación de una comisión compuesta por tres abogados y representantes de los intendentes para que "lleguen a un acuerdo sobre las exoneraciones a dar en el período que viene", afirmó el representante del Sucive y consejero del Congreso de Intendentes, César García. El asesor agregó: "La patente es un impuesto que tiene que pagar todo el mundo. Si todos queremos pagar menos patente, cuantas menos exoneraciones tengamos, mejor".

Las sospechas sobre irregularidades surgieron luego de una denuncia que partió desde la Intendencia de Rocha, liderada por el frenteamplista Aníbal Pereyra, según consta en el acta de la comisión de seguimiento del Sucive, que funciona en la órbita del Congreso de Intendentes. Esa comuna presentó el 15 de enero de 2019 una denuncia por "presunto otorgamiento indebido de exoneraciones de patentes de rodados y reempadronamientos masivos en la Intendencia de Lavalleja", dirigida por la nacionalista Adriana Peña. 

Conocida la denuncia, el Sucive contactó a Peña y organizó una reunión en Minas el 23 de enero. Allí se le comunicó a la intendenta sobre las denuncias y esta se comprometió, en caso de que se constataran reempadronamientos masivos o bonificaciones irregulares, a restituir a los vehículos a sus departamentos de origen y "asumir el costo de la reasignación fiscal generada como consecuencia de errores de gestión". Peña insistió en la reunión que todas las bonificaciones y exoneraciones se habían dado en el marco de lo previsto antes de que en 2012 comenzara a regir la patente única.

De forma paralela, el Sucive le pidió a la fiduciaria del sistema, República Afisa S.A., que elaborara un informe sobre todos los reempadronamientos que se dieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019. A su vez, la comisión del Sucive pidió a las intendencias que aportaran información sobre cada una de las bonificaciones y exoneraciones que se hicieron, así como el marco jurídico que las amparaba. 

La investigación culminó y se constató que no hubo irregularidades en las bonificaciones o exoneraciones que otorgaron las intendencias. "La normativa lo que dice es que las exoneraciones anteriores a 2012 se mantienen vigentes, pero que hay que comunicarlas a la comisión de seguimiento del Sucive. Esa comunicación no se ofició, aunque eran de conocimiento del sistema. Podían no ser de conocimiento político, pero sí de conocimiento técnico", explicó a El Observador el representante del sistema y consejero del Congreso de Intendentes, César García. El asesor explicó que si los decretos fueran posteriores a 2012, ahí sí se estaría ante un problema y una irregularidad frente al sistema. 

De todas maneras, en el acta de la comisión de seguimiento del Sucive advirtió a la Intendencia de Lavalleja de que debía cumplir con la notificación formal al sistema cuando realiza una exoneración o bonificación. La investigación también incluyó observaciones sobre casos que se habían dado en la Intendencia de Durazno, de Flores y de Florida, pero en ninguno de los casos se registraron irregularidades. 

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