Los argumentos jurídicos de los blancos para no hacer lugar al desafuero de Manini

La decisión se despejó luego de que el líder de Cabildo Abierto diera marcha atrás en su explícita voluntad de someterse a la Justicia y anunciara que se abstendrá de levantar la mano el día que el Senado someta a votación el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, que pretende imputar a Manini por la presunta omisión de denunciar las confesiones del represor José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018. 

Más allá de los vaivenes políticos, en la bancada nacionalista consideran por unanimidad que no hay lugar a la “formación de causa” que exige la Constitución para el desafuero. 

En concreto, los blancos consideran que no hay “méritos jurídicos” para imputarle a Manini el delito de omisión de denunciar un delito, previsto por el artículo 177 del Código Penal. Así lo establecieron los informes que redactaron en paralelo los tres integrantes nacionalistas (Graciela Bianchi, Carmen Asiaín y Carlos Camy) de la comisión de Constitución, que analiza el asunto. 

Entre los argumentos manejados en dichos informes están la apreciación de que Gavazzo ya había sido sobreseído del delito que confesó ante el tribunal, que a Manini se lo acusa de un “delito imposible”, y que las pruebas contra el excomandante en jefe no son del todo “contundentes”. 

“Básicamente para que se impute un delito a alguien no puede ser por aproximación. No puede ser porque ‘me resulta raro’, o ‘se demoró un poquito’, o ‘me pareció que se podría haber actuado antes’. Tiene que verificarse el cumplimiento de todos los elementos que el Código Penal describe como una figura a ser castigada”, dijo la senadora Asiaín entrevistada por el programa Así nos va.

Asiaín, integrante del sector Aire Fresco, argumentó a su vez que el delito que confiesa Gavazzo ya era "cosa juzgada" y que "no se puede juzgar dos veces por la misma causa". Sin embargo, la cosa juzgada deja de serlo si aparecen nuevos elementos de prueba que ameriten reabrir la causa.

En ese punto los blancos disienten tanto con Morosoli como con el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien a partir de las confesiones de Gavazzo pidió que se reabriera la causa porque entendió que eran nuevos hechos de prueba. Asiaín destacó que, el pasado 19 de agosto, el tribunal penal de segundo turno rechazó el pedido de reapertura. "Sostienen que hay cosa juzgada y no se puede juzgar a una persona por los mismos hechos. Es el mismo fundamento por el cual entendemos que no correspondía. No había delito para procesar", dijo Asiaín.

Ese elemento fue destacado por Manini Ríos en su mensaje de este lunes, cuando anunció que se abstendría de votar su desafuero. Al enumerar las "circunstancias que cambiaron" en los últimos días, el excomandante en jefe del Ejército mencionó “la reciente resolución de archivo por parte de un tribunal de apelaciones, más de 500 días después de haberse presentado en la Justicia, de la causa de las declaraciones que supuestamente (demoró) en comunicar sin siquiera haber concurrido el declarante al Juzgado”. 

Perciballe recurrió a la Suprema Corte de Justicia por ese asunto, por lo que el tema sigue a estudio.

Además, hay una posición jurídica que fue esgrimida por Morosoli en esta causa y que sostiene que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos están sometidos a aquel, por consiguiente toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia  de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlos inmediatamente". Para el cumplimiento de estos fines el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, entre ellas el principio de cosa juzgada sea aplicada", decía el fiscal citando la sentencia de la Corte Interamericana para el caso Gelman. 

Graciela Bianchi, también integrante de la comisión de Constitución y redactora de uno de los informes, dijo a El Observador que otra flaqueza del dictamen del fiscal Morosoli es que Manini "no podía hacer la denuncia directamente" y que por lo tanto "no corresponde" imputarle el 177 del Código Penal. 

"Ese es el centro de la cuestión. Aunque Manini hubiera querido ir a la Justicia penal de forma directa, no lo puede hacer porque está sujeto a jerarquía", planteó.

Asiaín coincidió con ese argumento y agregó que el delito tampoco aplica a Manini porque no se trata de algo que "ocurrió en sus reparticiones".

Vázquez y Toma

Otro cuestionamiento de los blancos es que Morosoli no haya emprendido acciones contra el expresidente Tabaré Vázquez y el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. "Si a mí me hubiera venido lo mismo pero para los tres, la verdad que puede ser. Pero Manini solo, no. Es lo que le decimos un delito imposible, porque no puede cometer un delito una persona que no tiene legitimación para hacer una denuncia", agregó Bianchi.

La senadora también sostuvo que marcó "como prueba" una declaración del presidente del Tribunal de Alzada, Claudio Romano, en la que, según señaló, afirma que el ministro Jorge Menéndez les advirtió sobre las confesiones. El Observador accedió a las declaraciones de Romano ante Fiscalía. Allí el presidente del segundo tribunal señala que fue Manini con quien habló. "Nos dio dos precisiones: una de que había declaraciones de Gavazzo y de Silveira, que no nos detuviéramos en ella, que él ya tenía conocimiento y que estaba actuando al respecto; y después, que nos pedía la máxima urgencia en el diligenciamiento de los hechos, dado que así se lo pedían desde el Ministerio".