Fiscalía pidió el desafuero de Penadés por denuncias de explotación sexual de menores: ¿cómo es el trámite?

Ningún senador o diputado, desde el momento en que es electo, puede ser acusado criminalmente. Los fueros parlamentarios los protegen constitucionalmente de ser llamados a la Justicia. Al momento de su instauración, se preveía que podía existir un manejo político del Poder Judicial y esto evitaba que fueran sujetos a procesos injustos por motivos ideológicos.

Para que a un legislador se le levanten los fueros, la Fiscalía –en este caso la fiscal Alicia Ghione– debe pedirle, tal como hizo, al juez correspondiente y luego la Suprema Corte de Justicia como institución hace la solicitud formal ante el Parlamento. El pedido ingresa a la Cámara de Senadores, se le da cuenta a los legisladores y pasa a la comisión de Constitución y Legislación. Allí, los miembros estudian el expediente parlamentario conformado y realizan un informe aconsejando o desaconsejando el desafuero. Cuando se vota, eso pasa al pleno de la cámara.

El desafuero se aprueba con dos tercios de los votos del pleno. A partir de ahí, el senador en cuestión queda suspendido en sus funciones y a entera disposición del tribunal competente, como cualquier otro ciudadano. 

"Ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente", expone el artículo 114 de la Constitución. 

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Tal y como informó El Observador, Penadés le envió una carta a Argimón que expresaba: "En atención a las circunstancias de público conocimiento, si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes a mi investidura, se proceda a dar trámite a dicho pedido de forma inmediata, adelantando a usted desde ya que no formularé al mismo oposición de tipo alguna". 

De esta forma, el senador indicó que si la Justicia solicita el levantamiento de los fueros, pretende que la Cámara de Senadores lo apruebe inmediatamente sin discutirlo previamente en la Comisión de Constitución y Legislación como lo dispone el procedimiento.  

Argimón ya adelantó que al pedido se le dará un trámite rápido. "Sin dudas, tendrá un diligenciamiento como corresponde, en términos rápidos", subrayó. 

Bianchi, Manini y Ezquerra

El entonces senador del Partido de la Gente Daniel Bianchi chocó tres autos que estaban estacionados por la calle 20 de Punta del Este –entre la 21 y la 24– en enero de 2019 y su coche terminó prendido fuego, por lo que debió acudir una dotación de bomberos para asistirlo y extinguir las llamas. A principios de ese año, la Cámara de Senadores le votó el desafuero para que quede a disposición de la Fiscalía. En julio, después de haber sido sometido al proceso correspondiente, votaron su reintegro al pleno. 

La Cámara de Diputados votó en noviembre de 2017 el desafuero del diputado Wilson Ezquerra, que atropelló a una mujer al conducir en grave estado de embriaguez (tenía 1,49 gramos de alcohol por litro en sangre). Ezquerra enfrentó un proceso judicial por incumplir con la ley de faltas. Después de cumplir con 12 días de trabajo comunitario, volvió al Parlamento. 

El caso del senador Guido Manini Ríos es el más reciente y polémico, dado que el pleno decidió negarle a la Justicia el desafuero, ante la ausencia de Manini Ríos, que no estuvo en sala al momento de votarse. Aunque Manini Ríos era senador electo y todavía no había sido investido en el cargo, la Fiscalía entendió que tenía fueros parlamentarios. Por eso, el trámite para removerlos comenzó en noviembre de 2019 (pese a que los senadores de la nueva legislatura comenzaban en febrero del año siguiente). 

El referente de Cabildo Abierto había manifestado en campaña electoral que no se ampararía en los fueros para evitar ser imputado por la Justicia a raíz de la presunta omisión de denunciar las confesiones realizadas por el represor José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018.

Finalmente la Junta Electoral de su partido le pidió que incumpliera esa promesa dado que la Justicia uruguaya, según argumentaron entonces, no ofrecía garantías de independencia. Si bien su desafuero se votó afirmativamente en Comisión de Constitución y Legislación, luego no alcanzó los dos tercios necesarios para que se apruebe en el pleno. En contra de la medida votó Cabildo Abierto, el Partido Nacional y el sector Batllistas (Partido Colorado).