Los discursos violentos encienden las alarmas de cara a las elecciones estadounidenses de medio término

"Propongo la guerra", rezaba uno de las publicaciones del agresor en la plataforma Truth Social de Trump, según informaron los medios estadounidenses. "Matar al FBI al verlo", proponía el agresor abatido por el FBI.

En los 21 meses que transcurrieron desde que la turba pro-Trump tomó por asalto el Capitolio de Estados Unidos, la retórica violenta y los ataques que fomentan los discursos de odio se han convertido en una deriva cada vez más preocupante, según advierten analistas.

Muchos expertos se preparan para un repunte de los discursos en torno a una hipotética "guerra civil" de cara a las elecciones de medio término, pautadas para el 8 de noviembre. Serán las primeras tras el asalto al Capitolio y se elegirán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes; además de 36 gobernaciones y una multitud de cargos locales, como la integración de los consejos escolares.

Los expertos advierten que muchas de las menciones son llamados directos a tomar las armas, o teorizan sobre una guerra y años de insurgencia. Así lo verificó un artículo de The New York Times, que constató además que las menciones a una “guerra civil” pasaron de 500 a 6.000 tuits por hora desde que el FBI incautó documentos clasificados en la mansión de Mar-a-Lago de Trump.

Tan o más preocupantes son los resultados de una encuesta de YouGov, que mostró que el 54% de los autoconsiderados "republicanos duros" creen que una guerra civil es al menos "algo probable" en la próxima década.  Entre ellos, el fundador de la milicia ultraderechista Oath Keepers (Guardianes del juramento), quien afirmó tras la derrota electoral de Trump: "No vamos a salir de esto sin una guerra civil".

"Entre los años 70 y principios de los 80, los grupos de izquierda eran la mayor amenaza. Pero en los últimos años, los grupos de extrema derecha han sido responsables de la mayoría de los ataques en Estados Unidos", explicó a la agencia de noticias AFP Keith Campbell, un veterano de la inteligencia estadounidense que dirigió evaluaciones de riesgos en materia de seguridad para el gobierno federal.

Trump ha invocado en varias ocasiones la posibilidad de disturbios civiles, estrategia que ha adoptado cuando tuvo que enfrentar derrotas políticas y legales. Su papel en fomentar la ira de sus votantes el día del ataque al Capitolio ha sido ampliamente discutido e investigado. Sin embargo, se suele olvidar que ha incurrido en otra transgresión de este tipo en abril pasado.

Fue cuando instó a sus seguidores a "¡Liberar Michigan!", entre una serie de mensajes incendiarios criticando a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer e instando a derrocarla, lo que derivó en la ocupación del Capitolio local por parte de un grupo de milicianos fuertemente armados y, finalmente, en la detención de seis personas por parte del FMI.

Miembros del propio gabinete de Trump, como así también el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, y de los demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no han dudado en impugnar al expresidente y responsabilizarlo de los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington respaldados en numerosos estudios que demuestran una relación causal entre su retórica agresiva y la violencia política.

Según las encuestas realizadas por el analista en seguridad Robert Pape, de la Universidad de Chicago, entre 15 y 20 millones de estadounidenses creen que la violencia estaría justificada para devolver a Trump a la Casa Blanca. Una situación que los republicanos minimizan acusando a los demócratas de exagerar lo que consideran “un lenguaje figurado” y de ignorar “las agresiones izquierdistas”.

Sin embargo, tanto el FBI como otras agencias de seguridad interior insisten en advertir que la violencia de la ultraderecha es la mayor amenaza. Un discurso que antes era tabú, pero que se ha tornado habitual entre el grupo duro de los seguidores de Trump, que promueven discursos contrarios al aborto y las políticas de género.

Los datos son elocuentes. Según la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, la fuerza de seguridad encargada de la protección del legislativo, las amenazas contra los miembros del Congreso alcanzaron la cifra récord de 9.625 en 2021, frente a 3.939 de hace cinco años.

Este año, incluso, una legisladora demócrata progresista fue intimidada por hombre armado que se presentó en la puerta de su casa. Situación que también debieron afrontar legisladores conservadores de las cámaras de Representantes y el Senado, situaciones que incluyeron amenazas físicas y actos de vandalismo en sus residencias.

Consultado por AFP, Michael Susong, exagente de la CIA y actual vicepresidente de inteligencia global de la empresa de gestión de riesgos Crisis24, consideró que no existe "ninguna amenaza creíble" de guerra civil, aunque reconoce que el discurso político ha "traspasado los límites".

"Las plataformas sociales y las comunicaciones globales en tiempo real pueden exacerbar las quejas reales o percibidas", estimó Susong. "Esto acelera la radicalización de las personas que internalizan narrativas extremas. La mayoría de las veces los resultados son amenazas huecas. Sin embargo, vemos y seguiremos viendo personas que adoptan posturas violentas alentadas por discursos de odio".

Por lo pronto, y ante la posibilidad de hechos de violencia durante las elecciones, muchos estados están adoptando medidas, algunas de ellas extremas. Es el caso de la oficina electoral en Flagstaff, en Arizona. Cuando concurran, los votantes encontrarán vidrios a prueba de balas y deberán presionar un timbre para ingresar. En Tallahassee, Florida, los fiscales contarán las boletas en un edificio que ha sido recientemente reforzado.

Las medidas adoptadas por las oficinas electorales de Flagstaff y Tallahassee se replican en muchas otros estados. Según un relevamiento realizado por la agencia de noticias Reuters y ampliamente difundido por los medios locales, al menos otras 15 han mejorado la seguridad instalando de botones de pánico o bien contratando guardias de seguridad adicionales.

Hasta hace poco, las amenazas a la seguridad se consideraban poco probables en un país que ha visto pocos casos de violencia relacionada con las elecciones desde las batallas por los derechos civiles de la década de 1960, cuando la presencia de oficiales armados intimidaban a los votantes negros.

“Ahora esos riesgos se ven como reales”, según Tammy Patrick, asesora principal de Democracy Fund, un grupo de interés público no partidista fundado por el empresario y donante demócrata Pierre Omidyar. “La probabilidad de que puedan ocurrir ha aumentado, por lo que todos debemos tomar el tema en serio”, dijo durante una audiencia en el Capitolio.

Por su parte, numerosos funcionarios electorales, en especial en los estados gobernados por demócratas, han criticada a los gobiernos locales y federal por los escasos fondos que han recibido para mejorar la seguridad, como la instalación de detectores de metales en los centros de votación y recuento.

Es el caso de Aaron Ammons, empleado electoral del condado de Champaign, en Illinois, que durante una audiencia pública denunció que personas no identificadas habían filmado al personal de una manera que describió como amenazante. “Nos hace sentir que somos objetivos, o que no somos una prioridad como los uniformados, cuando sin embargo estamos en la primera línea de la democracia igual que ellos”, dijo Ammons.

El testimoniar ante una comisión del Capitolio, Ammons denunció que tanto él como su esposa recibieron amenazas de muerte, incluso antes de las elecciones presidenciales en las que se impuso Joe Biden.

Una situación compleja y delicada que confirman los informes del Departamento de Justicia. Al menos el 10% de los 1.000 mensajes anónimos y no anónimos enviados a los funcionarios electorales desde 2020 pueden ser considerados intimidatorios. Hasta ahora, solo siete casos derivaron en imputaciones penales contra sus autores y apenas uno derivó en una sentencia de 18 meses de prisión por amenazar a un funcionario electoral de Nebraska.

En lo inmediato, y más allá de los discursos de odio y la retórica agresiva del sector ultraconservador de los republicanos del “Make America Great Again” de Trump, la elección será un verdadero referéndum sobre la popularidad de Biden, que se recuperó levemente durante el verano. Los sondeos, no obstante, indican que apenas el 38% de los estadounidenses aprueba su desempeño, el 69% cree que el país está en el camino equivocado y solo el 21% en el correcto.