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Los narcos son la vedette del debate por homicidios, pero ¿de dónde salen tantas armas?

Uruguay “está armado hasta los dientes” y eso complejiza el panorama criminal

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17 de septiembre de 2022 a las 05:02

Conseguir un arma en Uruguay es tan fácil como buscar en internet o caminar por la feria de Piedras Blancas. En las bocas de venta de drogas también se venden. Algunas cosas están cambiando en la criminalidad uruguaya y los investigadores lo ven, por ejemplo, en la cantidad de vainas (casquillo que se desprende de cada bala una vez ejecutado el tiro) que encuentran en cada escena donde hubo un delito. Cuando fiscales, que hoy son experimentados, toman estos casos recuerdan cuando en sus inicios veían nada más que tres o cuatro vainas en cada escena. Hoy son cerca de 30 o 40, según han dicho los tres fiscales especializados en Homicidios que hay en Montevideo.

“Las armas y la cárcel son las grandes explicaciones de las modalidades de homicidios que hoy tenemos”, dijo el fiscal Carlos Negro al programa En la Mira (VTV) y enfatizó en que es “uno de los grandes problemas de seguridad pública que tiene el país”. En el mismo sentido se expresó su colega Mirta Morales, quien en entrevista con El Observador, aseguró que no tiene dudas que esta sociedad “está armada hasta los dientes”.

La mayor proliferación de armas va acompañada con cómo ha ido aumentando su incautación. Entre el 2005 y el 2013 no se superaron las 2.000 armas sometidas a pericia en un año —a excepción del 2009 cuando hubo 2442— y a partir el 2018 la cifra mínima fue 2.987. El récord se dio en 2020 cuando se periciaron 3.988 armas, de acuerdo a datos de Policía Científica a los que accedió El Observador.

La gran mayoría de las armas incautadas en ese lapso fueron en los departamentos de Montevideo, Maldonado, Canelones y Rivera. Entre el 2005 y el 2016 las armas analizadas en estos departamentos significaron cerca del 85% del total (el máximo fue en 2009, cuando constituyeron el 92% y el mínimo en 2007 cuando fue el 83,4%). Esta tendencia cambió levemente entre 2017 y 2021, cuando el porcentaje de lo incautado en estos lugares bajó a entre el 70% y el 75% del total.

Esta relación condice con el nivel de criminalidad en esos departamentos, que, si bien varía año a año, se mantienen como de los más altos del país. Esto sucede porque son zonas de alta densidad poblacional y, en Rivera, por la proximidad de la frontera con Brasil que lo transforma en tierra fértil para que se asienten bandas de crimen organizado.

Al 6 de julio del 2022 llevaban 1737 armas incautadas para periciar a nivel nacional y el 74% venían de los departamentos citados.

Para aquellos que buscan esclarecer los homicidios, la gran proliferación de armas es uno de los principales motivos de los que poco se habla. “Las armas tienen un alcance impresionante. Ahora todo el mundo tiene armas y eso hace que cualquier problema que antes se resolvía de otra manera, hoy con la disponibilidad de armas se resuelve mediante el homicidio”, dijo la fiscal de Homicidios Adriana Edelman a Así Nos Va (Radio Carve). “A mí me preocupa mucho. Este incremento del delito y la agresividad están muy vinculados al tema del tráfico de drogas (...) y al tema armas (...) Esto que estamos teniendo ahora es preocupante. No entiendo por qué un tema que es trascendente no está en el tapete de la discusión”, valoró su colega Morales por la ausencia del tema en el debate público.

Si bien algunos homicidios son cometidos con armas robadas, muchos otros son consumados con armas ilegales. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El Observador que ingresan mayormente de contrabando por la frontera seca.

El tipo de armas y el extendido manejo de la población

El fiscal Negro advirtió que también hay un cambio cualitativo en su utilización. Se pasó de utilizar los revólveres o armas más rudimentarias, a armas automáticas o semiautomáticas, comparables a una metralleta. “Eso hace que el delincuente pueda disparar 20 o 30 proyectiles con un solo jalado del disparador. Eso es una cuestión de disponibilidad, si la dispone va a tener una dañosidad mucho mayor”, indicó. También hizo hincapié en que su gran proliferación hace que sea muy fácil para las bandas criminales conseguirlas.

Morales, por su parte, expuso que le preocupa lo extendido que está a nivel poblacional. “Para mí es preocupante encontrarte jovencitos que con una naturalidad espeluznante te diferencien una pistola, de un revolver, una 9 milímetros de una 45, de un 22. Quedas de cara. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo sabe usarlas? ¿Por qué las distingue? No importa el barrio, es en todos lados. Hay un tráfico de armas que no podemos negarlo (...) No puede ser natural, está mal”, contó.

El uso de arma de fuego en los homicidios ha ido fluctuando a lo largo de los años. Según cifras del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, fueron en ascenso entre el 2011 y el 2018, año en el que se fijó el récord: 297 de los 416 homicidios consumados (71%), fueron con arma de fuego. Luego de eso, el porcentaje se mantuvo un poco por encima del 60%.

El senador nacionalista Carlos Camy dijo a El País en 2021 que cerca de 343.600 habitantes tenía armas legales. Mientras que su par frenteamplista Mario Bergara, en el fundamento de un proyecto de ley, expresó que estimaba que hay 600 mil armas ilegales y la misma cantidad de armas legales. Esto fue cuestionado por Camy, quien se preguntó cómo podía saber a ciencia cierta que ese era el número.

Registro y regulaciones

En agosto de 2014, una ley del gobierno de José Mujica buscó regular la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas y municiones. Pudo aplicarse recién dos años después, en diciembre de 2016, cuando llegó el decreto reglamentario correspondiente. Allí se establecía un plazo de un año para que las personas en situación irregular ingresaran en el marco legal.

Los resultados fueron regulares. El primer año de aplicación, se presentaron 2.763 armas. El año siguiente fueron 4.190. En enero de 2019 fue votada en el Parlamento una prórroga para estimular la regularización, también por doce meses. Y el resultado fue similar: 4.201 regularizaciones.  En 2020, los números se desplomaron. Hubo solo 2.361 solicitudes. El descenso fue adjudicado por las autoridades a los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria, según informó en ese entonces El Observador. Es así que en noviembre de ese año se optó por extender otra vez el plazo, nuevamente por un año. También hubo otro decreto, que buscó facilitar los trámites necesarios para la regularización.

Fuentes del Ministerio del Interior lo señalaron como un “éxito”, producto del nuevo decreto. Entre enero y diciembre del año pasado, hubo 12.048 trámites de regularización. Así lo indican los datos oficiales del Ministerio del Interior, al los que accedió El Observador en abril de este año. Según señalaron, se trata del máximo registro histórico en poder de esa secretaría.

Un pedido de informes efectuado por la bancada opositora al Servicio de Material y Armamento, al que accedió El Observador reveló que, según los últimos datos oficiales, hay 606.704 armas registradas en el país. El 47% de ellas están en Montevideo. En el interior, Canelones (12%) y Maldonado (4,5%) son los que presentan mayores registros.

En cuanto a las habilitaciones para tenencia y habilitación para su adquisición (incluidos quienes las sacan por primera vez y aquellos que la renuevan), los porcentajes varían. Entre el 2017 y el 2020, las habilitaciones sacadas en Montevideo, Canelones y Maldonado significaban entre el 60% y el 70% de las emitidas en el país. En 2021 se redujo al 40%, pero también cabe destacar que el número total aumentó considerablemente. En 2017 se habían tramitado 2.859 en total, entre 2018 y 2020 cerca de los 4.200 anuales y en 2021, fueron 12.646. 

 Las armas y el crimen

El coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, señaló en una columna sobre la tenencia responsable de las armas publicada en El Observador en 2017 que la academia había probado que las sociedades fuertemente armadas no necesariamente eran aquellas que tenían los peores índices de delitos, si no que dependían de lo saludable de su regulación. 
Los fiscales Negro y Morales subrayaron que, más allá que ambos tienen una posición que tiende al prohibicionismo, lo importante es que haya una regulación clara. 

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