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En 2021 hubo récord de armas registradas en Uruguay; se regularizó el triple que en 2019
En agosto de 2014, una ley del gobierno de José Mujica buscó regular la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas y municiones. Pudo aplicarse recién dos años después, en diciembre de 2016, cuando llegó el decreto reglamentario correspondiente. Allí se establecía un plazo de un año para que las personas en situación irregular ingresaran en el marco legal.
Los resultados fueron regulares. El primer año de aplicación, se presentaron 2.763. El año siguiente fueron 4.190. En enero de 2019 fue votada en el Parlamento una prórroga para estimular la regularización, también por doce meses. Y el resultado fue similar: 4.201 regularizaciones.
En 2020, los números se desplomaron. Hubo solo 2.361 solicitudes. El descenso fue adjudicado por las autoridades a los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria. Es así que en noviembre de ese año se optó por extender otra vez el plazo, nuevamente por un año. También hubo otro decreto, que buscó facilitar los trámites necesarios para la regularización.
Por ejemplo, en lo relativo a la obligación de realizar la prueba balística, que todos los interesados debían realizar. Una aspecto que, según las autoridades, presentaba una serie de dificultades prácticas. En particular, porque el trámite solo podía realizarse en Montevideo. Una tarea que correspondía al Servicio de Material y Armamento del Ejército. El problema era que el Departamento de Balística Forense de la Policía solo asignaba un cupo de 20 armas por semana.
Fuentes del Ministerio del Interior hablan ahora de “éxito”, producto del nuevo decreto. Entre enero y diciembre del año pasado, hubo 12.048 trámites de regularización. Así lo indican los datos oficiales del Ministerio del Interior, al los que accedió El Observador. Según se señala, se trata del máximo registro histórico en poder de esa secretaría.
En las próximas semanas, con voto unánime, el Parlamento aprobará un nueva prórroga para la regularización. Será a instancias del senador nacionalista Carlos Camy. El plazo será extendido hasta el 1° de marzo de 2025.
"Hay coincidencia en el sistema político de que estos temas son muy delicados y requieren un proceso largo de concientización", afirma Camy en su iniciativa. "También existe la idea generalizada de que la aplicación de la norma es un proceso lento".
El tema viene siendo analizado también por el Frente Amplio. Un pedido de informes efectuado por la bancada opositora al Servicio de Material y Armamento, al que accedió El Observador reveló que, según los últimos datos oficiales, hay 606.704 armas registradas en el país. El 47% de ellas están en Montevideo. En el interior, Canelones (12%) y Maldonado (4,5%) los que presentan mayores registros.
El Estado, según el mismo informe, carece de un estudio formal sobre el perfil del tenedor de armas. Los datos de análisis del Registro Nacional revelan sin embargo que el 98% son hombres. Ese análisis indica que los residentes en el litoral “tienen tendencia” a poseer más armas largas que cortas. Un fenómeno inverso se produce en los departamentos limítrofes con Brasil.
Apenas el 5% de los registros corresponden a coleccionistas. Otro 3% está en poder de personas jurídicas, principalmente empresas de seguridad y financieras. El 37% de las armas registradas en Uruguay son revólveres, el 26% rifles, el 18% escopetas y otro 18% son pistolas.
Depósito judicial
Un pedido de informes hecho por el senador Camy al Ministerio de Defensa, reveló que en los primeros años de aplicación de la ley, entre 2015 y 2017, el Poder Judicial solicitó información sobre los datos existentes de 14.102 armas incautadas o relacionadas con algún caso. De ese total solo 350, el 2,5%, tenían denuncia por extravío o hurto y estaban registradas a nombre de algún particular. Otras 5.682 carecían de cualquier tipo de dato o registro.
El mismo informe señalaba que otras 247 armas habían sido hurtadas o extraviadas por personal del Ministerio del Interior. Otras 7.884 estaban registradas pero no contaban con denuncia de hurto o extravío. De ellas, 25 pertenecían a policías y 98 a militares.
Las últimas cifras oficiales indican que en Depósito Judicial hay 1.840 armas en espera de su regularización o destrucción. De ese total, solo 58 fueron entregadas en forma voluntaria y cuentan con registro. Por una ley de 2007, serán destruidas tres años después se su entrega.
