Los pilares sobre los que gobernará Lacalle: desglose de la ley de urgencia

"Si tenemos mayorías, se hace un paquete de urgente consideración; si no, lo más lógico es tratar tema por tema", dijo a La Diaria en octubre de ese año. 

Tras haber logrado un acuerdo electoral en noviembre de 2019 con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, su idea se transformó en instrumento de gobierno este miércoles, cuando la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Ley de Urgente Consideración que Lacalle Pou remitió al Parlamento el 23 de abril.

"El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos", escribió el mandatario en Twitter minutos después de que terminara la sesión ordinaria de la cámara alta. 

En el tratamiento parlamentario se agregaron, modificaron y sacaron artículos. La versión que promulgará el Poder Ejecutivo tiene 476 artículos, mientras que la original tenía 501 apartados que el líder de la coalición había tenido que negociar con sus socios luego de publicar el primer borrador del proyecto de ley a fines de enero.

El texto que finalmente aprobó el Parlamento fue remitido a Presidencia de la República en la tarde del miércoles. El prosecretario de Presidencia y redactor del proyecto de ley, Rodrigo Ferrés, anunció que la norma se promulgará y publicará en las próximas horas.

Algunos artículos recién se implementarán cuando lo determine el correspondiente decreto reglamentario, como es el caso del derecho de los militares retirados a tener y portar armas, la creación de un registro nacional de violadores y abusadores sexuales, entre otros. Esto deberá hacerse en acuerdo con el Consejo de Ministros. 

La oposición se manifestó en contra del proyecto de ley en general desde el comienzo. Los legisladores del Frente Amplio votaron aproximadamente la mitad de los artículos, pero señalaron que se trató de una política de "reducción de daños", y cuestionaron los plazos y la oportunidad para tratar una cantidad amplia de temas. 

"La historia juzgará a quienes enviaron y votaron los artículos más dolorosos de esta ley de urgente consideración", remató la senadora Amanda Della Ventura al argumentar en la sesión de este miércoles por qué no votaría los cambios hechos al proyecto de ley en la Cámara de Representantes. El mismo argumento fue replicado por el Frente Amplio a través de su cuenta de Twitter: 

El contenido

La norma se divide en 11 secciones: seguridad pública, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, normativa sobre la emergencia en vivienda, modificaciones al Código Civil y disposiciones varias. 

Las ideas sobre seguridad pública que el gobierno implementará a partir de la ley son las que más dividen al oficialismo y la oposición. La normativa aprobada este miércoles crea nuevas figuras delictivas como el agravio a la autoridad policial y la resistencia al arresto, aumenta las penas para ciertos delitos y modifica algunas disposiciones del Código Penal, como es el caso de la ampliación de la legítima defensa. 

El principal argumento de la coalición de gobierno para defender su proyecto durante la discusión parlamentaria fue que la receta aplicada por el Frente Amplio en los últimos 15 años no sirvió para combatir la inseguridad. Además, aseguran que la Policía no se siente respaldada en su accionar, y que el abuso de las fuerzas policiales será debidamente combatido. 

Luego de que en marzo Lacalle Pou aplazara la remisión del proyecto de ley al Parlamento por la emergencia sanitaria, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fue el primero en poner el tema en agenda y le pidió que enviara el texto a los legisladores al terminar Semana Santa. “Esta ley hoy es más urgente que nunca. Están metidos algunos instrumentos que son beneficiosos y positivos para el accionar de la policía, para disponer de más horas policiales, para poder también tener presencia en calle y dar respuesta a los problemas y reclamos de la gente”, argumentó el 5 de abril. 

El aumento de penas para menores infractores también se debatió en la interna de la coalición y, hasta último momento, los legisladores negociaron un punto intermedio que conciliara todas las posturas. La ley mantuvo la pena máxima de cinco años para la mayoría de los delitos, con las excepciones del homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, la violación y el abuso sexual especialmente agravado, que sí tendrán una pena máxima de 10 años. 

La oposición, por su parte, sumó a sus argumentos las objeciones planteadas por algunas organizaciones como el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, que sostuvo que los cambios proyectados implicaban "supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista, alteración inadecuada de los dosimetría de las penas y expansión penal desmedida".

"Esta es una ley que fue debatida largamente, muy estudiada, muy preparada, fue sometida técnicamente a un escaneo grande en cuanto a su juridicidad, su oportunidad, su mérito. Esta es una ley para empezar a regir, para empezar a ser instrumentada, más allá de los decretos que se tengan que dictar, y estamos conformes con eso", dijo Ferrés este miércoles. 

Dentro de la coalición de gobierno uno de los temas más debatidos, que finalmente no prosperó, fue la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados en manos de Ancap. El presidente pretendía instrumentar esta idea a partir de la ley de urgente consideración, pero sus socios le señalaron que esa idea no formaba parte del acuerdo programático firmado en noviembre.

Los cinco partidos negociaron una redacción alternativa, a partir de la cual el gobierno se compromete a presentar una nueva iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles antes de que transcurran los 180 días de aprobada la ley. También pasó a establecer la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de justificar con una “periodicidad no mayor a 60” días el precio del combustible, que se debe basar en los valores de paridad de importación. El Poder Ejecutivo aprobará los precios de los productos elaborados por Ancap con un informe previo preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

La ley quita la obligatoriedad del pago de salarios en efectivo consagrada en Ley de Inclusión Financiera. Además, los legisladores acordaron que el pago en efectivo de honorarios profesionales fuera de la relación de dependencia podrá realizarse hasta un máximo de un millón de unidades indexadas (US$ 107 mil), entre otras modificaciones. 

Por su parte, se crea el Ministerio de Ambiente, que durante la administración de Lacalle Pou estará en manos de un dirigente del sector Ciudadanos del Partido Colorado. La nueva cartera absorberá una cantidad de competencias del actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Uno de los cometidos es la "formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente, ordenamiento ambiental y conservación y uso de los recursos naturales, así como la instrumentación de la política nacional en la materia".

Asimismo, uno de los artículos más discutidos de la ley de urgente consideración es el que indica que "el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente". 

"Acá solo se está tratando de evitar las ocupaciones, que impiden que los trabajadores no huelguistas puedan trabajar o los directores de las empresas puedan acceder a sus lugares de trabajo en el sector privado", aseguró a El Observador el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.  

La oposición y algunos dirigentes sindicales cuestionaron la medida, casi siempre vinculándola a un artículo que declara "ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público". 

Un caso atípico fue el de los artículos que modificaban el ingreso de nuevos predios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estas disposiciones fueron votadas por unanimidad en la Cámara de Senadores, pero los 11 diputados de Cabildo Abierto anunciaron que no acompañarían la propuesta tal como había llegado a la Cámara Baja. Sin los votos requeridos, el diputado nacionalista Gerardo Amarilla pidió que los dos artículos se remitieran a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente para profundizar el estudio.