Los tres fuertes golpes que recibió CFK

Los dos primeros son judiciales: la reapertura, para ser sometidas a juicio oral, de dos causas, Hotesur Los Sauces y, el Memorándum de entendimiento con Irán.

El tercero es político: los mismos jueces de la Cámara de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes decidieron la reapertura de ambos juicios, apartaron del expediente Hotesur Los Sauces a Florencia Kirchner, porque consideraron que no tenía autonomía funcional, a pesar de que la habían incorporado al directorio de la empresa que explotaba los hoteles.

Así, los magistrados le quitaron a la vicepresidenta una de sus excusas más repetidas: que la saña contra ella y el afán de persecución eran tan grandes, que llegaban hasta su hija, una niña que, cuando la empresa se fundó, apenas tenía 12 años.

Pero al mismo tiempo los jueces ordenaron abrir dos enormes cajas de pandora.

Porque cada uno de los juicios orales a los que deberá ser sometida la expondrá, de manera pública, al mismo calvario que atravesó en la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En Hotesur Los Sauces el mecanismo del delito es muy fácil de entender.

La acusan de ser la jefa de una banda criminal que se organizó para robarle dinero al Estado.

¿Cómo lo hacía?

Recibiendo dinero, de manera directa, de dos empresarios que, a su vez, eran beneficiarios del Estado que presidía ella.

Uno, Lázaro Báez, le devolvía los favores pagando a la empresa de la familia Kirchner por servicios simulados.

Servicios que el hotel que explotaba el empresario, en realidad, no prestaba.

El otro, Cristóbal López, le pagaba a la familia un precio desmesurado, fuera de mercado, por dos departamentos en Puerto Madero, propiedad de Néstor, Cristina y Máximo.

El mecanismo es demasiado burdo. Se encuentra en los primeros capítulos de cualquier manual sobre lavado de dinero.

Con respecto al memorándum de entendimiento con Irán, se trata del juicio más complicado de todos.

Se la acusa, a ella, y otros altos funcionarios, como Carlos Zannini y Juan Mena, de haber propiciado el memorándum para conseguir la impunidad de los criminales que tenían alertas rojas de Interpol, acusados de ser los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA.

La orden de los magistrados de enviar la causa a juicio oral no solo tiene repercusión geopolítica. Además revindica la memoria de Alberto Nisman, el fiscal que, según un dictamen de la justicia, fue asesinado por investigar la trama de encubrimiento del gobierno que entonces manejaba el poder.