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Macri hace concesiones económicas para garantizarse un G20 en paz
Para muchos de los votantes de Mauricio Macri es difícil entender lo que está ocurriendo en estos días. El gobierno argentino está tomando medidas con un grado de injerencia sobre el sector privado que hasta hacen palidecer las políticas del kirchnerismo.
Lo extraño del caso es que el propio Macri declara no creer en la efectividad de sus propias medidas y hasta se pronuncia filosóficamente en contra de ellas, pero alega que debe impulsarlas de todas formas en atención a una situación de emergencia. Es así como los argentinos han visto a Macri reinstaurar el régimen “Precios Cuidados”, un acuerdo antiinflacionario con los supermercados y los productores de alimentos.
Cuando lo instrumentaban los funcionarios K, los entonces opositores de la alianza Cambiemos se mofaban de la falta de efectividad de esa política. Luego vino el turno de las retenciones a las exportaciones. Macri, que había tomado el tema como uno de sus preferidos en la campaña electoral, y que rodeado de productores rurales había adoptado como primera medida de gobierno la eliminación del impuesto a las exportaciones, no tuvo más remedio de reinstaurar esa medida kirchnerista. Él mismo calificó a las retenciones como “un impuesto horrible”, pero tuvo que ceder ante la urgencia fiscal. Y esta semana, para estupefacción de los empresarios y de los economistas del ala liberal, llegó más lejos que la propia Cristina Fernández de Kirchner: estableció por decreto que las empresas privadas –muchas de ellas en serias dificultades financieras– deben pagar un bono salarial extraordinario de 5.000 pesos a fin de año.
El pago no es opcional, como en otros momentos en que esa medida se puso sobre la mesa del “diálogo social” tripartito con los sindicatos. Y no es la única medida compulsiva. También se alteró el procedimiento habitual para la desvinculación de personal: ahora, una empresa en problemas no puede despedir un trabajador sin antes pasar por una instancia de conciliación en el ministerio de trabajo y recibir una homologación oficial.
Macri quiere calma en la sociedad en un momento de recesión
El objetivo explícitamente declarado fue que estas medidas contribuyeran a mantener la calma en un momento de recesión. “Lo que busca el bono es generar un esquema de paz social y armonía adecuada a la situación del proceso inflacionario que estamos viviendo”, sostuvo el vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra.
Los medios destacan que la economía se podría ver beneficiada porque el pago de este bono implicaría una inyección de dinero que revitalizaría el consumo. La fundación Mediterránea estimó esa masa en $46.200 millones. Sin embargo, el mismo gobierno parece tener más expectativas en la faz política que en la económica.
El alto costo de la calma
Los analistas políticos interpretaron que detrás de ese objetivo de paz social, lo que hay más bien es un deseo de transitar con calma el evento del G20, que reunirá a los 20 presidentes y líderes más poderosos del mundo en Buenos Aires, el 30 de noviembre. Lo cual no sorprende a nadie: ser el anfitrión de los principales líderes del mundo implica estar bajo la mirada global y ser escrutado por los medios. Y aunque ya está resignado a que pueda haber manifestaciones de los “globalifóbicos”, Macri quiere que haya un clima general de calma, sin disturbios en las calles.
Eso es lo que explica que esté demostrando ahora una flexibilidad negociadora muy superior a la que tuvo en otros momentos. Por ejemplo, extendió el pago del bono salarial findeañero también a los trabajadores estatales, justo en un momento en el que el recorte fiscal es el gran objetivo de la política económica y un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Y antes, había “diluido” su proyecto de ley de presupuesto, lo cual implicó hacerles concesiones a los gobernadores provinciales por $ 23.000 millones, con tal de que el tratamiento de la ley no se prolongara. Con este proyecto aprobado, la actividad del Congreso quedó prácticamente clausurada por el año y no hay posibilidades de que se reediten en diciembre escenas de violencia callejera como las ocurridas el fin de año pasado, en medio de la aprobación de una reforma jubilatoria.
En definitiva, es bien ostensible la preocupación del gobierno por lograr un escenario pacífico. Está en diálogo permanente con las organizaciones de piqueteros para dar asistencia social y evitar los clásicos disturbios pre-navideños. Y hasta llegó a sacrificar figuras como el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, desgastado en la puja con los sindicatos y además contrario a las recientes medidas del bono salarial y de la homologación para los despidos.
De momento, Macri logró parcialmente su objetivo. El más notorio es el levantamiento de un paro general previsto por la central sindical CGT, que consideró que las medidas del gobierno habían cambiado el clima y que no correspondía la medida de fuerza.
Protestas inamovibles
Sin embargo, aun no está claro el verdadero costo que puede tener esta estrategia para Macri. Los analistas apuntan a que la paz de corto plazo le puede significar conflictos a futuro. Empezando por la propia interna: para mantener tranquilos a los gobernadores peronistas y obtener su apoyo en el voto del presupuesto, Macri debió sacrificar a la estrella política de la coalición Cambiemos, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Las encuestas de opinión pública siguen marcando un deterioro en la imagen del presidente, a quien ya ubican en un escenario de “empate técnico” en un eventual balotaje contra Cristina Fernández de Kirchner.
Y donde el enojo ya no se disimula es en el ámbito empresarial. Asesores legales de las cámaras empresarias adelantaron que el decreto por el bono y el congelamiento de los despidos es inconstitucional, que el gobierno no tiene facultades para determinar compulsivamente pagos no salariales ni para interferir en la ley de trabajo.
El macrismo está interviniendo en el sector privado
El gobierno, para atenuar esas críticas, dijo que los sectores con problemas financieros podían determinar la forma del pago del bono, que podría ser en cuotas o a cuenta de futuros aumentos. Pero el argumento no fue suficiente para disipar el malhumor. Representantes de pequeñas empresas ya adelantaron que no podrán pagar. Los economistas cuestionaron masivamente la filosofía de las recientes medidas. Por caso, el mediático Javier Milei afirmó que el presidente “se pone a repartir el dinero ajeno amparado en la violencia del Estado” y se preguntó: “¿Mauricio Macri es liberal?”.
Y lo paradójico es que no es seguro que la paz social –en cuyo nombre se justificaron las medidas que al propio gobierno le disgustan– sea algo ya garantizado para este fin de año. Por lo pronto, los piqueteros exigen que también el bono sea extendido a los beneficiarios de planes sociales, y la CGT reclama que también lo cobren los jubilados. En total, eso implicaría un pago extra para nueve millones de personas.
Aun así, las protestas para el G20 ya forman parte de la agenda, y no habrá nada que las pueda hacer retroceder. Los partidos de izquierda hicieron sus convocatorias a marchas de repudio, mientras que el kirchnerismo organizó una “contracumbre” con líderes de izquierda de todo el mundo, incluido José Mujica.
