Mejorando, pero aún falta

Las cifras son positivas y ya no puede atribuirse su baja a que la pandemia hizo que la gente se quedara en su casa. Es significativa la reducción de homicidios y rapiñas, y especialmente el abigeato. La violencia domestica aumentó levemente. Pero el cuadro general es positivo y es producto de una mejor gestión en el Ministerio del Interior a impulsos del fallecido Jorge Larrañaga, que tomó el asunto con admirable dedicación y energía hasta su repentino fallecimiento. Y que luego fue continuada por Luis Alberto Heber, con otro estilo personal pero con igual eficacia.

Para un país cuyo uno de los principales problemas es la seguridad pública, los datos deberían ser celebrados por todos. Lamentablemente el tema se politizó en extremo y en la oposición corrieron críticas a la metodología. Quizá sea un síntoma prerreferéndum, porque uno de los aspectos más importantes de la LUC es el referido a la seguridad y a normas que respaldan la actuación policial.

Pero lo cierto es que si Uruguay se caracteriza por algo es por la confiabilidad de las estadísticas tanto políticas como económicas, como explica muy acertadamente Nelson Fernández en la columna que se publica en esta edición. Nadie duda de las estadísticas económicas bajo ningún gobierno. Y a nadie se le ocurrió –como sí pasó recientemente en Argentina con el Indec bajo el gobierno de Cristina Fernández– alterar los índices de inflación y pobreza.

Dicho esto, y más allá de celebrar números a la baja en dos años, no debemos olvidar lo mucho que queda pendiente en materia de seguridad ciudadana.

La mejora de la acción policial es uno de los pilares en busca de mayor seguridad pero no el único y tal vez ni siquiera el más importante. Es preciso encarar una reforma a fondo del sistema carcelario, que no cumple los estándares de un país que se enorgullece de su calidad de democracia plena. No puede haber tantos muertos en las cárceles y la situación sanitaria de estas tiene que mejorar. Por de pronto es necesario acabar con la superpoblación carcelaria, que el buen accionar policial contribuye a incrementar. Luego es preciso terminar con que las cárceles sean universidades del delito y se conviertan en lugares de reeducación y rehabilitación. Y, aunque a la opinión pública no le interese demasiado, tienen que ser lugares sanos y seguros. Es preciso acudir más a penas alternativas de prisión y evitar así el crecimiento exponencial de detenidos, ahora con juicio previo gracias al nuevo Código del Proceso Penal.

En un segundo lugar, es preciso llevar a cabo sin más demora una reforma educativa profunda que alcance sobre todo a los sectores más excluidos. El sistema actual no favorece la inclusión social y termina marginando a miles de jóvenes que no trabajan ni estudian y que encuentran en el delito una ocupación lucrativa. La propuesta de Talvi sobre la creación de 132 liceos de gestión privada en lugares de contexto social crítico no merece que sea desechada. Hay mucho que aprender de las experiencias exitosas en la cuenca de Casavalle y el Borro. Y trasladarlas a muchos más alumnos que pueden encontrar las armas para  un trabajo adecuado.

También es preciso fomentar y sostener valores esenciales que se suelen transmitir por vía familiar. En este campo, es poco el apoyo que ha brindado el Estado a la familia.

En el fondo, es vital atacar las causas del auge del delito y no solo el delito mismo. Esto último es vital, como lo demuestran los cambios en el accionar policial en ciudades con graves problemas de criminalidad. Pero más vitales son las otras acciones en el campo educativo y el campo carcelario (que, dicho sea de paso, tiene que estar separado de la órbita del Ministerio del Interior).

En conclusión, cabe felicitar al gobierno por los cambios en la acción policial y alentarlo a seguir el mismo camino. Pero, con la misma energía, demandar cambios en el sistema carcelario y en el educativo, que van a ayudar a una tarea profundamente más eficaz y más humana: ofrecer oportunidades para el buen comportamiento. Y no estamos hablando de que el delito es un problema social fruto del capitalismo. 

El delito es tan antiguo como el hombre sobre la tierra. Pero es mucho lo que se puede hacer para evitar la masificación de esa conducta delictiva y está al alcance de la mano de este y de cualquier gobierno.