Montecon criticó en Fiscalía cambio de posición de abogados contratados por Katoen Natie

Rodríguez ya escuchó la declaración de los cuatro jerarcas que negociaron en nombre del Poder Ejecutivo: el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo. También prestaron testimonio a los principales responsables de Katoen Natie y Montecon, los abogados que fueron contratados por ambas empresas, al exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma y otras autoridades del gobierno anterior.

Los jerarcas del gobierno y las autoridades de Katoen Natie defendieron la legalidad de las negociaciones y señalaron que el acuerdo estuvo ajustado a derecho, a la vez que expresaron que los cambios fueron para corregir una situación irregular e ilegal que se había desarrollado durante las administraciones del Frente Amplio.

Estos argumentos son rechazados por la oposición, que habla de una “entrega” y apunta sus cuestionamientos principalmente hacia Curbelo por actuar de forma individual luego que terminaron las negociaciones. “Es acusado de un delito de abuso de funciones por no haber pasado por el directorio los asesoramientos preceptivos para la aprobación del Reglamento de Atraque de Buques y la Prórroga del Contrato con Katoen Natie, cuando debió hacerlo”, señaló el senador del FA Charles Carrera, uno de los denunciantes en la causa. 

Montecon, en tanto, señala que el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie la perjudica y consolida un monopolio de hecho en el Puerto de Montevideo.

La empresa ha criticado el rol de varios consultores, que anteriormente habían sido contratados por Montecon y ahora hicieron trabajos a pedido de Katoen Natie. En este sentido, en las últimas semanas ingresó a Fiscalía un documento –al que accedió El Observador– que cuestiona y analiza afirmaciones de los abogados Carlos Delpiazzo, Ricardo Olivera y Martín Risso. 

Delpiazzo y Olivera fueron contratados por Montecon para una demanda por competencia desleal en el año 2002 contra Katoen Natie. Delpiazzo fue contratado nuevamente en 2013 en el marco de una controversia por la incorporación de grúas pórtico y Risso respondió a una consulta de Montecon en 2015 por el mismo tema. En 2021, los tres profesionales contestaron a consultas realizadas por Katoen Natie respecto al nuevo contrato que ahora es motivo de controversia.

Los puntos criticados por Montecon –mediante cuadros comparativos– refieren a distintas cuestiones que van desde la competencia en el puerto, la posibilidad que tenía Montecon de instalar grúas pórtico en años anteriores, y la descarga de contenedores fuera de la terminal especializada.

La empresa se ampara en las opiniones que manifestaban los expertos en esos temas variados para abonar su punto sobre la vigencia de la libre competencia en la actividad portuaria.

El primero de los casos que se compara es lo que decían Delpiazzo y Olivera en 2002 y lo que dijo Olivera en 2021. En 2002, los profesionales señalaron que la licitación obligaba a TCP (Katoen Natie) a operar en “libre concurrencia” con el resto de los operadores portuarios que actuasen “fuera del área concesionada". En ese texto, ambos abogados expresaban también que "no existía ninguna norma o compromiso por parte de las autoridades portuarias de limitar el desarrollo o expansión del Puerto de Montevideo en otras áreas o muelles”.

El documento de Montecon incluye un escrito elaborado por Olivera en 2021 que expresa que el hecho de "que la posibilidad de presentarse como candidato a obtener la calidad de concesionario debiera darse en condiciones de libre competencia es muy distinto a afirmar que, posteriormente, el operador que resultara más eficiente en obtener el acceso exclusivo a la actividad de creación de infraestructura para la prestación del servicio (es decir que resultara adjudicatario de las acciones de la sociedad mixta) también debiera estar sujeto al régimen de competencia con aquello que no lograron ese acceso. Esto no es así".

Otro de los puntos refiere a que en 2002 ambos profesionales expresaron que “las normas de la concesión de la terminal de contenedores son sin embargo muy claras y categóricas respecto a que la concesión no implicaba una restricción al desarrollo de otras áreas del puerto” y que la licitación ganada por TCP estableció que la concesión “no podría comprometer restricciones para con los demás operadores que actúen en el resto del puerto”. 

En 2021, Olivera señaló que “la normativa uruguaya en materia portuaria es clara en cuanto a que el mercado de carga y descarga de contenedores debe operar exclusivamente a través de una terminal especializada a esos efectos” y que “todos aquellos que operen en ese mercado sin cumplir con tales requerimientos lo estarán haciendo de formas ilícita y desleal".

Respecto al trabajo de Delpiazzo en 2013, el documento recuerda que el abogado –contratado entonces por Montecon– señaló que constituía un “acto debido” operar las grúas pórtico y que la empresa cumplía "con las exigencias requeridas por la normativa aplicable" a la vez que existían "principios rectores de la actividad portuaria que demandan el otorgamiento de la autorización solicitada" a fin de preservar "la libre concurrencia y la eficiencia dentro del recinto portuario”. Quiere decir, agregó, que “no solo no existen normas que impidan a Montecon obtener la autorización requerida, sino que además existen normas que imponen el otorgamiento de la misma"

También planteó que los "principios rectores" determinan la "urgencia de superar la desigualdad" generada entre el operador de la Terminal de Contenedores y los operadores que actúan en otros muelles del puerto de Montevideo. "De lo contrario se estaría admitiendo un monopolio de dicho operador de la Terminal de Contenedores para la atención de buques portacontenedores de gran escala, extremo que carece de sustento legal y atenta contra el régimen jurídico particular de la actividad portuaria".

Por último, en el caso de Risso el documento señala que contratado por Montecon en 2015 expresó que la ANP no podía invocar ninguna disposición legal, reglamentaria o contractual que impidiera acceder a la petición de Montecon, y que la negativa a la petición implicaba "que TCP sería la única operadora portuaria en Montevideo con grúas pórtico (tiene siete), lo que crea una suerte de monopolio de hecho a favor de dicha empresa y en perjuicio de los restantes".

Ahora, ante la consulta de Katoen Natie –no específicamente por las grúas pórtico sino por la concesión de la terminal especializada–, señaló que “quienes hoy invocan la existencia de un monopolio debieron haber participado de la subasta de acciones de TCP o presentado ofertas en el llamado para la segunda terminal de contenedores". "Si fueron derrotados en la subasta o no pujaron, o los que no se presentaron para la segunda terminal, no pueden invocar la existencia de ningún monopolio, sino que la situación actual es la lógica consecuencia de procesos competitivos absolutamente regulares y decisiones empresariales privadas. No existe monopolio alguno en el Puerto de Montevideo”, agregó Risso.