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El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, concurrió a declarar ante Fiscalía por el acuerdo con Katoen Natie

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Heber y Ferrés defendieron legalidad y “sentido común” de acuerdo con Katoen Natie y quitaron trascendencia a asesoramiento de ANP

Ambos jerarcas declararon ante Fiscalía y relativizaron la importancia de una nota firmada por Curbelo y su secretaria en la que se hablaba de la necesidad de un “asesoramiento del directorio”

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29 de junio de 2022 a las 05:03

Había pasado una hora y media de una declaración en la que el ministro del Interior y exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, había tenido que navegar no solo las preguntas del fiscal Gilberto Rodríguez, sino también las interrupciones de un taladro del otro lado de la pared de la sala de Fiscalía y hasta el calor agobiante que llevó –reclamo mediante– a bajar unos grados el aire acondicionado. 

“¡Si quiere empiezo todo de vuelta!”, bromeó el jerarca al final de su intervención, mientras observaba a los funcionarios de Fiscalía revisar si su testimonio había quedado grabado enteramente. 

Aunque finalmente no fue necesario que repitiera su relato, tanto su intervención como la del prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés –ambos citados este martes a declarar en el marco de la denuncia penal realizada por el Frente Amplio– volvieron sobre los ejes principales de la defensa que el gobierno ha hecho del cuestionado acuerdo con Katoen Natie, por el cual se le extendió la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081, a cambio de una inversión de más de US$ 450 millones y el fin del litigio con el que amenazaba al estado uruguayo. 

Según reconstruyó El Observador a partir de fuentes de la investigación, tanto Heber como Ferrés defendieron la conveniencia del acuerdo con la multinacional belga, hicieron énfasis en la situación “irregular” en la que operaba Montecon bajo la gestión del Frente Amplio, señalaron que el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma coincidía en las posibilidades de perder un eventual juicio con Katoen Natie, y quitaron trascendencia a la discusión respecto a si debió solicitarse el asesoramiento de todo el directorio de la Administración Nacional de Puertos y no únicamente el de su presidente, Juan Curbelo –quien declarará este miércoles, al igual que el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola–.

La declaración de Heber: el “sentido común” 

En un ámbito que definió como más “distendido” que el Parlamento –ya que ese otro lugar lo invita a la “confrontación”–, Heber defendió la posición del gobierno y mencionó cuatro aspectos fundamentales fijados para la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata. Ellos fueron, según enumeró, evitar el juicio que la multinacional había presentado ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial; incrementar la inversión en el Puerto de Montevideo; un cobro acertado de los dividendos por la concesión; y bajar las tarifas para que fueran más competitivas con los puertos de la región. Con base en esos aspectos fue que expuso las razones que el gobierno entendió correctas para tomar la decisión de prorrogar el contrato.

“Una cosa es el juicio y otra es la inversión. Si me van a poner US$ 455 millones en el puerto, naturalmente tenemos que dar algo. Pero los 50 años no se dan por el juicio. Los 50 años se dan por la inversión”, dijo Heber ante el fiscal, y luego añadió que incluso una parte engorrosa de la negociación fue definir si dentro de esos 50 años se contemplaban o no los once años que todavía restaban de la concesión original.

Heber, quien actuó en las negociaciones como ministro de Transporte, expuso que durante muchos años la actividad de movimiento de contenedores realizada en los muelles públicos fue "irregular" y recordó la pérdida de carga paraguaya por congestionamientos en el puerto. “Los muelles estaban llenos de contenedores y la carga se perdió”, dijo el ministro, y mencionó cómo operaba Montecon a través de permisos otorgados por la Administración Nacional de Puertos (ANP).

“Tenía contratos con empresas navieras a uno o dos años y los permisos que le daban era por 90 días. Hubo una notoria irregularidad en el manejo de los muelles públicos. Hubo un sistema tarifario de almacenaje dibujado para que pusieran contenedores”, afirmó.   

Explicó que lo que hizo el nuevo contrato fue cumplir con un aspecto que estaba en la licitación original para la concesión de la terminal especializada de contenedores: darle prioridad de atraque. “No de exclusividad, prioridad. Y los muelles públicos darían asistencia cuando la terminal estuviera desbordada”, indicó.

Heber respondió de manera negativa cuando se le consultó si esa prioridad no afectaba la libre competencia. “Hace bien la competencia; acá hay prioridad. ¿Para qué se hizo una terminal entonces? En los muelles públicos tiene que haber libre competencia”, expuso.

Respecto al asesoramiento jurídico que tuvieron los representantes del gobierno, Heber dijo que fueron “indispensables” los aportes del prosecretario Rodrigo Ferrés. “Pero también tenemos el sentido común. Leíamos los artículos entendíamos que eran así. No soy experto jurídico pero no se necesita serlo para decir que el artículo 72 (del reglamento de atraques) era muy claro”, dijo en un momento de su declaración.

Heber también resaltó que mientras que por el Frente Amplio había negociado solo el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, en el caso de este gobierno la delegación fue de cuatro personas, lo cual era “más garantista”, aunque al mismo tiempo exigía “confidencialidad”.

El prosecretario de la Presidencia, por su parte, ratificó la explicación que dio en el Parlamento, y que profundizó el fin de semana pasado en entrevista con El Observador

El jerarca dijo que en el período de transición entre el gobierno frenteamplista y el actual –que coincidían que había que comenzar un proceso de negociación con la empresa–, él mismo notó que la predemanda de Katoen Natie era verosímil. “Noté en seguida, me di cuenta, que una serie de reclamos que la empresa hacía tenían asidero, porque veía otra empresa que prestaba los mismos servicios pero que no tenía un título habilitante de la ley de puertos (...) sino que funcionaba bajo un decreto de almacenaje, de naturaleza tarifaria. Para mí eso, como abogado, me parecía ilegítimo”, expresó. Entendió que había una “ilegalidad manifiesta” en lo que refiere a la libre competencia

El debate sobre el asesoramiento de la ANP

Uno de los cuestionamientos que forma parte de la denuncia del Frente Amplio tiene que ver con la falta de asesoramiento de todo el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) previo a la firma del acuerdo y los decretos reglamentarios

El artículo 377 de la ley de Presupuesto de 2015 dice que “las concesiones que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) otorgadas al amparo de la Ley N° 16.246 (ley de puertos) podrán prorrogarse por Resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos”. 

La discusión jurídica se centra en si ese asesoramiento puede ser solamente del presidente del directorio –como ocurrió en este caso– o debe ser de todo el directorio. 

Tanto Heber como Ferrés defendieron que Curbelo, presidente de la ANP, tenía la potestad para asesorar a Presidencia sin compartirlo con el directorio y señalaron no hay una norma expresa que indique lo contrario, pero expresaron cierta sorpresa y ajenidad al leer una nota del 13 de abril de 2021 firmada por el propio jerarca y su secretaria, en la que se hablaba de “asesoramiento del directorio”

“Estoy leyendo esta nota por primera vez. Creo que claramente se lo tienen que preguntar al Dr. Curbelo. No fue lo que yo he hablado con el Dr. Curbelo”, respondió Ferrés, quien remarcó que él entiende que lo realizado fue ajustado a derecho y que el asesoramiento podía ser únicamente del presidente de la ANP

El prosecretario afirmó que coincide con un análisis que hizo el director de Jurídica de la ANP, Edgardo Amoza que avalaba el acuerdo y que no individualiza al directorio como órgano que debía asesorar, sino a la ANP como persona jurídica.  El Frente Amplio acusa a Amoza de haber formulado un informe años antes en el que se pronunció en forma contraria.

Heber, por su parte, dijo que tenía “entendido” que “el asesoramiento puede darlo el presidente y no necesariamente el directorio”

Leyendo la carta en cuestión, dijo que “está mal” la alusión al directorio y que no terminaba de entender por qué Curbelo firmaba esa carta. De todas formas, remarcó que “si hay algo seguro es que hubo asesoramiento portuario” y que el presidente de la ANP participó de las negociaciones aunque nadie los obligaba a incluirlo en la delegación. 

Por sobre todo, tanto Heber como Ferrés señalaron que la discusión sobre si debía asesorar el directorio o alcanzaba con su presidente era instrumental y no de fondo.

“No es relevante”, dijo Heber, mientras que el prosecretario dijo que entendía que la oposición se enfocara en ese asunto pero que no era la “esencia” de la discusión

Para quitarle trascendencia a esas idas y vueltas jurídicas, Heber también resaltó que si bien la ley pide el asesoramiento de la ANP, ese asesoramiento “no es vinculante”

“Puede ser incluso no coincidente conmigo”, dijo el ministro, dando a entender que daba igual el tenor de ese informe previo. 

Por otra parte, consultado específicamente por el fiscal Rodríguez, Heber dijo que en ningún momento se discutió ese tema entre los negociadores ni se instruyó a Curbelo a dar el asesoramiento de alguna forma en particular. "Siempre entendimos que la ANP estaba, y que llegado el momento lo comunicaba al directorio. El asesoramiento permanente que tuvimos fue suficiente para cumplir con eso", dijo el ministro.

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