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El prosecretario de la Presidencia redactó el acuerdo con Katoen Natie

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Rodrigo Ferrés: "El FA tiene que responder por qué consintió que se constituyera una terminal de contenedores de forma irregular"

El prosecretario de la Presidencia señaló que llegaron a un “gran acuerdo” con Katoen Natie y que si la Justicia no indaga la situación entre Montecon y el FA analizarán hacer una nueva denuncia

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24 de junio de 2022 a las 10:05

Por Natalia Roba y Santiago Soravilla

El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, abre su despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva y destaca la buena vista a la rambla sur de Montevideo. Dice que está “tranquilo” ante la citación del fiscal Gilberto Rodríguez y que luego de que declaren con el ministro Luis Alberto Heber el martes 28 se comprobará que el gobierno no cometió ninguna irregularidad en la negociación con Katoen Natie por sus operaciones en el Puerto de Montevideo. 

Además, asegura que Montecon estaba operando de forma “irregular e ilegal”, que espera que la Fiscalía indague sobre esta situación, y que si no lo hace el Poder Ejecutivo analizará hacer una nueva denuncia.

Señala que el Poder Ejecutivo llegó a un “gran acuerdo”, que tenía la “convicción” de que si iban al juicio por US$ 1.500 millones en Washington iban a perder, algo que era “compartido” por la administración de Tabaré Vázquez.

A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Cuál fue su rol en la negociación con Katoen Natie?

En marzo del 2020, el presidente me pidió que asesorara jurídicamente al gobierno como prosecretario de la Presidencia. Trabajé en equipo con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola, y el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Por la pandemia, toda la negociación se realizó por Zoom, eran videoconferencias en la Torre Ejecutiva una vez por semana. La notificación del juicio fue en octubre de 2019 y como el gobierno anterior no inició las conversaciones amistosas, tuvimos que pedir dos prórrogas.

¿Cuál era la visión que tenía el gobierno saliente acerca del juicio?

En la transición pasé mucho tiempo reunido en la Secretaría de la Presidencia con Miguel Ángel Toma, hablando entre otras cosas de los juicios internacionales que tenía Uruguay. Los dos coincidimos, gobierno saliente y entrante, que este caso era muy sensible y muy claro jurídicamente: los derechos habían sido vulnerados porque no se había cumplido con la normativa portuaria, por lo que había que abrir ese espacio de negociaciones.

¿El gobierno anterior creía que Uruguay tenía chances de perder el juicio?

Con el doctor Toma veíamos que existía lo que se denomina 'verosimilitud' en la demanda. Habían suficientes hechos y suficiente normativa portuaria violada por las administraciones anteriores a favor de una terminal de hecho, que no contaba con título habilitante de la Ley de Puertos para operar, en desmedro de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que es la única especializada de contenedores y de la cual el Estado uruguayo es propietario en un 20%.

¿Se había hecho alguna consulta jurídica exterior? ¿Hubo alguien que dijera que 'hay posibilidades de perder'?

En la transición fue una apreciación básicamente del gobierno saliente. No se hicieron consultas jurídicas externas. Creo que tampoco se necesitaba.

“Con Toma coincidimos en que este caso era muy sensible y muy claro jurídicamente: los derechos habían sido vulnerados porque no se había cumplido con la normativa portuaria”.

¿Y ustedes qué pensaban? ¿Uruguay podía perder? ¿Bajo qué argumento?

Lo digo bien simple. Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación manifiestamente irregular e ilegal en el manejo de las áreas públicas del Puerto de Montevideo. A tal punto, que con solo eso, tuve la más firme convicción de que era muy difícil sostener una defensa en Estados Unidos en el juicio internacional. Me parecía absolutamente inconveniente, porque vi desde el origen una ilegalidad manifiesta e irregularidades consentidas por parte de las anteriores administraciones a una empresa en desmedro de otra. Vos nunca podés permitir ni avalar que se instale a prestar servicios portuarios una empresa en el Puerto de Montevideo si no es a través de los títulos habilitantes o actos jurídicos que establece taxativamente la Ley de Puertos. Es lo que pasó acá. Cualquier otra situación es irregular, ilegítima, absolutamente. Se violó algo muy importante, el decreto 183 del año 1994 que regula la operación portuaria. La mayoría de los contenedores terminaban en las áreas públicas en vez de en la terminal especializada. Entonces, jurídicamente fue un disparate lo que se hizo, y puso al país en una situación de ilegalidad e irregularidad no solo de un juicio internacional, sino que se estaba comprometiendo la imagen institucional del país como un país seguro para las inversiones.

Ferrés declarará ante Fiscalía el martes 28

¿El gobierno hizo algún cálculo para verificar si los daños eran por US$ 1.500 millones como señaló Katoen Natie?

La empresa tenía estudios internacionales en materia de daños que valuaron ese monto. Nosotros tuvimos determinados asesoramientos con algunos profesionales en el exterior. No teníamos toda la información porque es privada pero sí teníamos buena parte y no llegamos a un monto fijo exacto. Sí sabíamos que era un monto muy importante, pero acá lo que más importaba era que estábamos convencidos que al Estado uruguayo en este caso concreto no le asistía la razón. TCP había sido groseramente afectada en sus derechos por violación de la normativa portuaria. 

¿Por qué decidieron extender la concesión por 50 años?

Nosotros negociamos una ampliación de la terminal y una modernización, en una inversión del entorno de US$ 500 millones, y aceptamos –en base a un decreto del 2017 y a la Ley de Presupuesto del 2019– hacer una prórroga por 50 años condicionada a mayores inversiones y rebajas tarifarias. Fueron negociaciones muy largas, de mucho estudio entre ambas partes. Existen estudios que tienen que ver con una relación entre el monto de la inversión y la necesidad en tiempo para amortizar esa inversiones y que el inversor empiece a recibir las utilidades. Además, de un análisis de todas las concesiones que se han realizado en Uruguay, más las que se están realizando en la región, que son bastantes más años en muchos casos, todo tiende a que las concesiones son cada vez con mayores plazos y sujetas a una cantidad de condiciones. En ese sentido se acordó un plan de negocios, una inversión y una rebaja de tarifas. La prórroga se otorgó sobre esos fundamentos. 

¿Esta administración no cometió ninguna irregularidad en el acuerdo?

Jamás. Este es un gran acuerdo para el país, un acuerdo que puso orden en una situación realmente preocupante desde el punto de vista jurídico. 

¿Usted cree que el presidente de la ANP, Juan Curbelo, no tuvo que pasar por el directorio para avalar el acuerdo?

Creo sin lugar a dudas que no era necesario que pasara por el directorio porque no se iba a dictar ningún acto administrativo y porque como se ha informado existen antecedentes en los cuales hubo asesoramientos que no pasaron por el directorio sino que fueron tomados por las autoridades de la época.

¿Pero la decisión no tenía carácter preceptivo del directorio?

Por supuesto, el asesoramiento de la ANP al Poder Ejecutivo, como se hizo.

¿Cree que Curbelo no cometió irregularidades?

Para nada.

El TCR dijo que Curbelo no violó la Ley de Puertos pero criticó que no haya pasado por el directorio.

Como abogado puedo decir que lo único que tiene que pasar por el directorio sí o sí son aquellas cuestiones que se tienen que votar y que determinan una resolución. Los asesoramientos, no necesariamente.

¿Y los otros denunciados no cometieron irregularidades? ¿Luis Alberto Heber y Juan José Olaizola?

Ninguna. Este fue un equipo de gobierno que representó al Consejo de Ministros. Mi obligación como prosecretario era informar al presidente de cada paso en la negociación para la toma de decisiones. Así se hizo. Todos los decretos que se dictaron y la resolución de aprobación del acuerdo se dictó con la firma del presidente y de todos los ministros.

¿Todo el gobierno estuvo de acuerdo con lo que se estaba haciendo?

Absolutamente.

“Vi desde el origen una ilegalidad manifiesta e irregularidades consentidas por parte de las anteriores administraciones a una empresa en desmedro de otra. Vos nunca podés permitir ni avalar que se instale a prestar servicios portuarios una empresa en el Puerto de Montevideo si no es a través de los títulos habilitantes o actos jurídicos que establece taxativamente la Ley de Puertos. Es lo que pasó acá”.

Un punto de la denuncia es que se iniciaron los expedientes luego de concluida la negociación.

Eso suele pasar siempre.

¿Es común?

Fue más común en la pandemia. Las oficinas estaban vacías, estaban los servicios mínimos. Había todo un contexto que limitaba muchas cosas. Respecto a cuándo se incorpora un expediente, las fechas, los informes van fechados y se incorporan. Muchas veces son elaborados antes y trabajados, pero por un tema material, un atraso, se incorporan al documento electrónico con posterioridad. Me parece que es algo normal de los usos diarios de la administración. Salvo que me dijeras de una demora de meses, ahí te digo qué raro.

Pero acá se invirtió el orden. El Ejecutivo primero acordó la extensión de la concesión y luego fue al directorio.

Porque para este caso concreto la Ley de Presupuesto en el artículo 377 dice que es el Ejecutivo que prorroga con asesoramiento de la ANP. El Ejecutivo prorrogó y luego exhortó a la ANP a modificar el contrato porque es un organismo descentralizado. 

¿El Poder Ejecutivo hizo consultas jurídicas externas?

Acá el que asesoró fui yo. Realicé un informe jurídico interno que fue una hoja de ruta de trabajo que después la entregamos en la Comisión de Transporte del Senado. Allí explico toda la legitimidad del acuerdo, desde la extensión del plazo hasta las normas que se violentaron. Lo hice leyendo los libros que tengo ahí (señala la biblioteca) pero nada más. Para mí era clarísimo, era mi especialidad dentro del derecho. Me dedico a esto. 

¿O sea que no se contrató?

No, porque vos consultás en lo que te excede o porque no tenés el conocimiento o porque no es tu especialidad. Este tema lo tenía muy claro desde mis clases de derecho administrativo en la Universidad Católica. Lo estudié y me parecía muy claro jurídicamente.

¿El gobierno no solicitó asesoramiento?

El presidente Lacalle solicitó el asesoramiento jurídico al prosecretario de la Presidencia. El asesoramiento a la ANP lo dio el presidente Juan Curbelo, que además fue director de la ANP antes de ser presidente, es abogado y hacía consultas con sus servicios. Además había una cuestión no menor: cuando el doctor Toma acuerda comenzar estas negociaciones, lo primero que se acuerda es la confidencialidad de las actuaciones, por si no llegas a buen puerto, por eso ellos tenían informes jurídicos de especialistas, pero en la negociación nunca los mostraron y eso fue un acuerdo que tuvimos que tener porque ellos guardaban esos fundamentos y conceptos para el final si tenían que ir al juicio. 

“Después de este proceso le corresponderá a la Justicia tener que ver qué pasó durante más de diez años en las áreas públicas, y como dice el TCR si hubo perjuicio económico o daño al Estado uruguayo, el cual además es dueño de la empresa”

El ministro Luis Alberto Heber habló el 21 de abril de 2021 en una comisión del Senado de estudios de Carlos Delpiazzo, Augusto Durán Martínez, Graciela Ruocco y Martín Risso. ¿A qué se refirió entonces?

El ministro Heber nunca accedió a un informe durante el acuerdo. Después que se firmó, si tuvo un intercambio tendría que preguntarle a él. Capaz que sí, pero tendrían que preguntarle. A mí me consta que antes no porque el nulo intercambio de información era una de las cosas que se había acordado. Respecto a Durán Martínez, se refirió fundamentalmente a él porque estaba en los Zoom. Junto con Paul Arrighi eran los abogados de Katoen Natie que estuvieron negociando en todos los Zoom. Durante todo el tiempo intercambiaron conceptos. 

¿Los acuerdos fueron redactados por usted?

Toda la documentación jurídica la redacté yo. Yo redacté el acuerdo y los decretos, siempre a pedido del presidente.

Ferrés asegura que no se cometieron irregularidades en el Puerto

El FA entiende que se actuó de forma irregular porque los cambios acordados –la extensión del contrato y las modificaciones al funcionamiento del Puerto– debieron pasar por el Parlamento y ser aprobados por dos tercios.

Es falso. Eso jurídicamente es un disparate, desde el punto de vista constitucional y administrativo. Eso es para un monopolio. La ley dice que para crear un monopolio debe ir al Parlamento, pero acá no estamos en ningún tipo de monopolio. González Lapeyre, que fue el más crítico del acuerdo, tuvo que sacar una carta en Búsqueda diciendo que nunca dijo que se había configurado un monopolio y rebatió ese argumento. Lo que hay es una preferencia de atraque, porque así lo dice el artículo 72 del decreto de 1994 y la normativa. Lo que se dice de que debió ir al Parlamento es un disparate jurídico.

En su denuncia, el Frente Amplio señala que se obvió un informe elaborado por el director de Jurídica de la ANP, Edgardo Amoza, que rechazó una demanda similar de Katoen Natie en 2015, y que eso tuvo el voto de Curbelo en minoría, y que se ocultó.

Desconozco el tema de quién votó en el directorio. Sí puedo negar categóricamente que se haya ocultado alguna documentación. Creo que es parte de un juego político del FA, porque hoy curiosamente asistimos a un proceso judicial en el cual quienes tienen que responder –porque en definitiva son representantes de administraciones anteriores– de cómo se permitió y consintió que durante más de diez años se constituyera una terminal de contenedores de hecho, por fuera de la ley, de forma irregular, lo cual es vergonzoso, están hoy diciendo estas cosas. Lo mejor que pueden hacer es una autocrítica, mirarse para adentro, y decir 'qué pasó cuando nosotros estuvimos al frente del gobierno'. 

¿Por qué el FA "consintió" esa irregularidad?

No se consintió. Hasta donde yo tengo entendido en uno de los momentos de mayor crisis por estos temas, el director vocal de la oposición Andrés Chahnazaroff pidió una auditoría en el directorio de las áreas públicas y se la rechazaron. Pero además pasó algo lamentable, un día un señor que era el gerente general de la ANP otorga a esta otra empresa unos permisos para la instalación de grúas pórtico o tomas reefer. No se puede, está mal, y fue destituido por la denuncia del miembro de la oposición. Y terminó como asesor directo del presidente de la ANP de la época. Eso es gravísimo y pasó.

¿Qué había atrás de esto? ¿Cuál era la intención?

La del director vocal de la oposición fue clarísima, acá está pasando algo en las áreas públicas, se está haciendo algo por fuera de la ley, el decreto, y necesito que se investigue.

¿Pero en el gobierno del momento había connivencia con la empresa?

No puedo llegar a decir eso. No puedo ni tengo elementos para entrar a un ámbito subjetivo porque no estaba en el gobierno. El partido al que pertenezco estaba en la oposición. Sí puedo decir que cuando asumimos el gobierno la situación era irregular e ilegal, pero no entraría en un ámbito subjetivo porque no me corresponde. Después de este proceso le corresponderá a la Justicia tener que ver qué pasó durante más de diez años en las áreas públicas, y como dice el TCR si hubo perjuicio económico o daño al Estado uruguayo, el cual además es dueño de la empresa. 

¿Van a denunciar?

En este momento hay una causa judicial donde ha declarado mucha gente, muchos técnicos, abogados especializados. La semana que viene nosotros con el ministro Heber vamos a estar dando nuestra opinión ante el fiscal de la causa. Luego lo harán los otros integrantes del gobierno, y después se verá lo que el gobierno va a decidir.

¿Pero está la posibilidad?

Este gobierno no se amputa ninguna posibilidad al respecto cuando existen irregularidades y violaciones a la normativa jurídica.

¿Cuál es la posición del gobierno ante el juicio de Montecon?

Nosotros vamos a estudiar la notificación y los argumentos, porque es un inversor importante que merece respeto y la debida consideración. Ellos están hablando con las autoridades portuarias también cómo para extenderse a otros ámbitos. No todo debería ser contenedores en el Puerto de Montevideo. Creo que había una iniciativa privada presentada por ellos con algo diferente. 

¿Montecon tiene chance de ganar?

Creo que no. Para mí es clarísimo, sigo convencido de que la ilegalidad es manifiesta.

¿Tienen confianza en que el gobierno saldrá ganador?

Voy a terminar de estudiar la notificación, pero lo que sí tengo es la más firme convicción que no había que ir a juicio en el caso de Katoen Natie.

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