El presidente José Mujica ya lo había avisado. Si hay paros “distorsivos” hay descuentos proporcionales a la caída de la productividad.
Esa medida fue aplicada inicialmente a los funcionarios del Banco República, aunque finalmente el dinero descontado les fue devuelto. Ahora le tocó a los profesionales del Ministerio de Trabajo. No importa si el paro es de una hora o de media jornada. Se considera paro distorsivo a una medida que afecta la realización de la tarea o el resultado el resto de la jornada. Y el descuento, según el decreto, es proporcional a esa afectación.
En este caso el Ministerio de Trabajo está descontando, en seis cuotas, el 30% de los jornales en los que 36 funcionarios profesionales y empleados con contratos a término realizaron paros distorsivos.
Según el acta a la que accedió El Observador, esos funcionarios “no realizaron la totalidad de sus tareas de acuerdo a lo que tenían agendado anteriormente, sino en un número menor que varió cada día, resintiendo la atención al público en forma notoria”.
La situación comenzó el 15 de noviembre y se prolongó hasta fines de diciembre de 2010. Por esa razón, la administración resolvió que fuera “retenido de sus sueldos los días correspondientes a las medidas tomadas por los profesionales de la Dirección Nacional de Trabajo” en el porcentaje mencionado.
Fuentes del Ministerio aseguraron a El Observador que durante el período en el que tomaron las medidas de protesta los funcionarios dejaron “bloqueadas” a personas cuyos expedientes estaban a punto de ingresar a la Justicia por reclamos laborales. Los informantes afirmaron que se generaron situaciones complicadas dentro del Ministerio, debido a la falta de atención a los usuarios. Agregaron que se comunicó la decisión a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que representa a los empleados involucrados. “Cuando se hace un paro hay que asumir los costos”, indicaron las fuentes.
El inicio de las medidas de lucha se debió a la entrada en vigencia del decreto que obliga a los funcionarios públicos a trabajar un mínimo de seis horas diarias. Los profesionales se opusieron desde que el texto comenzó a discutirse, porque en su mayoría, trabajan entre tres y cuatro horas diarias (ver apunte).
Según indicaron a El Observador fuentes del sindicato de empleados del Ministerio, las medidas se hicieron sentir en los departamentos de Consultas y de Audiencias. Allí se asesora a los trabajadores luego de que se los despide o ante dificultades en las relaciones laborales con sus empleadores. También se realizan las negociaciones posteriores a los despidos, entre otros asuntos.
Las fuentes sindicales señalaron que “se trabajó todos los días, se hicieron las liquidaciones a los trabajadores y se asesoró como siempre”. Reconocieron que “no se habilitaron formularios para pasar a audiencias y no se labraron actas para pasar a vía judicial”.
Además, negaron que se haya dejado sin atender a embarazadas y a personas enfermas.
Ante la aplicación de los descuentos, señalaron que el sindicato “intentó” que no se realizaran. “Nos habían dicho que no se iban a aplicar, pero a pesar de ver que teníamos buena voluntad, no hubo posibilidad de negociar y los aplicaron”, dijeron. “No hubo cosas trancadas; se distorsionó, pero el trabajo se hizo”, agregaron.
Además, cuestionaron el porcentaje de descuento. “No entendemos por qué es el 30%. No nos lo supieron explicar. Parece que es porque sí”.
Negociación. Actualmente, según los funcionarios, se están realizando reuniones de negociación en las que se analiza el tema del aumento en la carga horaria de este grupo de trabajadores.
“Ya nos dijeron que no pueden pagar la diferencia de dinero entre las 4 y las 6 horas. El tema es que en algunas áreas un administrativo está ganando lo mismo que un abogado, porque al profesional se le aumentó la carga horaria pero no el sueldo”, indicaron. Este es el punto más duro a negociar, según los empleados.
Las fuentes aseguraron que el salario promedio de los profesionales en la cartera es de $ 21.000, y el de los contratos a término, de $ 12.800. De acuerdo a sus salarios, los empleados que realizaron las medidas durante todo el período, tendrán descuentos del entorno de los $ 6.000.
(Observa)
