Narcos, ¿con estatus? Cómo es el negocio de las drogas sintéticas en Uruguay

Se acordaban que era "raro", no iba con la corriente de la generación y se terminó cambiando de liceo, pero la mayoría no tenía idea de que a sus 18 años se dedicaba a vender drogas sintéticas. Nadie lo hubiera tildado de narco.

Tampoco a la modelo que vivía en Punta Carretas, había trabajado para importantes marcas argentinas, y puertas adentro de su apartamento contribuía a comercializar cristales y metanfetaminas ni los de un joven de 23 años que hacía lo mismo en un apartamento en el barrio Cordón y que parecía tener una vida normal, aunque en realidad vendía pastillas, cristales y ketamina.

A las personas que consumen drogas sintéticas no se las ve durmiendo a la intemperie ni tambaleándose en la calle. Tampoco se publicitan masivamente los grupos de ayuda ni los programas de rehabilitación. 

Por eso y otros motivos las drogas sintéticas son "todo lo contrario a la pasta base", en palabras de Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas. Aunque en los dos casos el consumo está focalizado en un pequeño porcentaje de la población, afecta a sectores socioeconómicos que están en las antípodas y, debido a su composición, los conducta generada y los efectos son diametralmente opuestos.

Mientras que la pasta base, consumida por sectores socioeconómicos bajos, produce una adicción galopante que puede durar años e ir a comprarla puede significar cruzarse con personas armadas y con antecedentes penales, las drogas sintéticas –como el éxtasis, LSD, MDA– se compran por redes sociales y se consumen en fiestas electrónicas de forma social.

Pero eso no quiere decir que sean menos peligrosas, debido a su composición –que generalmente es desconocida– es muy fácil llegar al punto de la sobredosis. No es necesario ser adicto a la sustancia para que se genere un perjuicio irreversible a la salud del consumidor.

 La más popular es el éxtasis y hasta el 31 de mayo ya se había incautado más del doble de pastillas que en el año récord, que había sido 2018, según cifras del Ministerio del Interior a las que accedió El Observador. Sin embargo, las denuncias por intoxicaciones continúan estables por lo que, estiman los técnicos, el nivel de consumo se mantiene.

Eso hace que, con cada vez más frecuencia, desfilen por fiscalías y juzgados los responsables. Cuando hay grandes operativos, es probable que quienes tengan que enfrentar la responsabilidad sean intermediarios de mediano porte, pero cuando las incautaciones son menores, los que caen son los vendedores. Diferentes operadores del sistema de justicia consultados por El Observador –y que prefirieron no ser identificados– coinciden en el diagnóstico.

La red de venta se generó a través de personas muy jóvenes, incluso liceales, de clase media que frecuentan las fiestas electrónicas –el lugar estrella donde se consumen este tipo de sustancias– y que pasan rápidamente de consumidores a vendedores con el fin de obtener dinero fácil. De hecho, a la hora de recibir una condena, la mayoría se beneficia de ser menores de 21 años –menores relativos–, que actualmente es un atenuante.

"Son gurises y gurisas de 18 o 19 años, absolutamente infantiles", ilustró una de las fuentes consultadas.

Cuando los interrogan, las respuestas se repiten. A diferencia de los grandes narcos, generalmente declaran ante la Fiscalía y asumen el hecho por el que se los acusa. Tampoco suelen tener demasiada opción, dado que como la venta es por redes sociales, generalmente el Ministerio Público tiene acceso a los registros.

En la sala de interrogatorios, lo más usual es escuchar que consumían ese tipo de drogas desde chicos y decidieron "vender un par" para poder comprarse algún par de zapatos nuevo o comprar entradas para otras fiestas sin tener que pedirle a los padres. El costo de una pastilla de éxtasis ronda entre $ 600 y $ 800 pesos, lo que las hace asequibles para las clases medias y altas.

Entre los vendedores de pasta base, los motivos para ingresar en el negocio varían, pero se asocia a un sentido de pertenencia a una banda o barrial, además de una salida económica. Pero la dosis de pasta base es sensiblemente más barata, varía entre $50 y $100 según la cantidad de cocaína que contenga.

Además, a diferencia de quienes las producen o las ingresan al país, los vendedores comparten círculo social con los compradores, lo que hace el negocio más fluido. Si la Fiscalía logra comprobar la venta de una sola pastilla, la pena mínima es de dos años de cárcel y no permite el acceso a la libertad vigilada. Esto genera un gran impacto emocional en los acusados, que en muchos casos "no ven lo que hicieron como un delito" –en palabras de los investigadores consultados– y por eso piden a sus abogados –que generalmente son privados– que soliciten al Instituto Nacional de Rehabilitación que se los recluya en las cárceles menos violentas y con mejores posibilidades de reinserción. 

Por ser primarios –la mayoría no tiene antecedentes penales– y de menores relativos, muchas veces se accede.

Pero por encima de estos jóvenes que enfrentan una pena mínima de dos años de prisión, están quienes las importan o producen. En Uruguay se han constatado las dos modalidades: desde un cargamento que venía por encomienda por Rivera desde Brasil hasta laboratorios que se desbarataron en Pocitos, el Centro y Paysandú. 

Varios de los detenidos en estos operativos eran extranjeros que ingresaron al país documentados y que sabían las recetas de las drogas que producían. Los laboratorios son rudimentarios y suelen consistir de una pequeña cocina con campana y extractores. 

Sigue la caída de la percepción de riesgo en estudiantes

Aunque en Uruguay el consumo de las drogas sintéticas está acotado a un pequeño círculo social, los técnicos acompañan con preocupación la tendencia creciente que existe a nivel mundial. En la última encuesta de población general realizada por la Junta Nacional de Drogas (2018) había 2,6% que reconocía haber consumido estimulantes anfetamínicos alguna vez en su vida y 0,9% lo había hecho en el último año. 

Sin embargo, explica Héctor Suárez, en un estudio que se realizará este año podrán obtener información más actual. Desde 2016 –el último estudio específico realizado para este tipo de drogas– hasta ahora se han masificado las fiestas de electrónica, lugar por excelencia de consumo de estas sustancias. En ese entonces, la edad promedio de consumo era 24 años y hoy "ha bajado sustancialmente". 

Una encuesta que se realizó a estudiantes de enseñanza media en 2021 y que fue publicada en 2022, reveló que son "altos los porcentajes de los estudiantes que desconocen el riesgo que tiene consumir, aunque sea experimentalmente, sustancias como éxtasis,
metanfetaminas o alucinógenos, lo que puede constituirse en potencial factor de riesgo". El 22% de los encuestados reconoció no saber cuáles son los riesgos del consumo de éxtasis. 

A su vez, entre 2007 y 2021, la percepción de riesgo se redujo a la mitad. 

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