Nuevas medidas de reactivación en EEUU

El 2020 se estima que cerró con una contracción del 2.4 %. Ahora, por el repunte de los últimos meses y el efecto de estas nuevas medidas, se espera una recuperación del 4.2 % en este año, con una tasa de desempleo a la baja hasta un nivel del orden del 5 %. 

En su última reunión del año pasado, la Reserva Federal anunció que continuará comprando al menos U$S 120.000 millones mensuales de deuda, hasta comprobar un “progreso sustancial” en el proceso de recuperación de la economía. Al mismo tiempo, anunció una prolongación de la tasa de interés cercana a cero al menos hasta el fin del 2023, que es cuando se estima que la economía volverá al pleno empleo y la inflación excederá por algún tiempo a la meta deseada del 2 % anual.

En forma complementaria, el Congreso aprobó un programa fiscal de orden expansivo, no sin antes superar una sucesión de desencuentros políticos exacerbados por la crispación electoral del pasado mes de noviembre y por el patético final de un presidente en retirada.

En este marco, en los días previos a la pasada Navidad, el Congreso aprobó un programa fiscal de estímulos por casi U$S 900.000 millones, que pudo finalmente ser alcanzado cuando ya la recuperación de la economía mostraba algunos signos de debilidad.

El acuerdo es el segundo más importante en la historia americana después del programa de reactivación de U$S 2,2 trillones aprobado en el pasado mes de marzo. En lo básico, el estímulo pasa por un alivio para las  pequeñas empresas y una ayuda directa para las familias más afectadas por los efectos económicos y sociales de la pandemia. En forma lateral pero no por ello menos importante, dispone la provisión de fondos por U$S 2.3 trillones para financiar al funcionamiento del gobierno hasta el fin del próximo mes de septiembre, evitando por tanto el cierre de actividades que era inminente.  

El programa otorga U$S 325.000 millones para las pequeñas empresas, U$S 120.000 millones para un beneficio federal adicional de U$S 300 a los programas estaduales de desempleo por once semanas y U$S 166.000 millones para el pago directo de U$S 600 por persona con ingresos inferiores a U$S 75.000, que es el doble para un matrimonio y que también contempla a los hijos. A vía de ejemplo, un hogar compuesto por una pareja y dos hijos cobraría 2.400 dólares. El monto irá bajando para quienes perciben más de U$S 75.000 hasta desaparecer por encima de los U$S 99.000.

El programa también dispone U$S 25.000 millones para asistencia a los inquilinos y una nueva ronda de apoyo a sectores en problemas como aerolíneas y agencias de viaje. Hay una ayuda de U$S 2.000 millones para las pequeñas empresas de telecomunicaciones para desprenderse de las empresas chinas Huawei y ZTE de sus redes. También hay ayuda para las escuelas y universidades que impartan enseñanza durante la pandemia.

Los demócratas intentaron aprobar un programa más ambicioso, en particular para atender a las necesidades financieras los estados y municipios, una aspiración que por razones políticas fue resistida por los republicanos. De todos modos, es estima que por la cuantía más bien relativa del programa y por su atención prioritaria a las situaciones más urgentes, este acuerdo habrá de ser complementado en el gobierno de Joe Biden por un programa de reactivación más ambicioso, con una atención en problemas más de fondo  en sectores como infra estructura, energía verde, educación y salud.

En conjunto, estas medidas monetarias y fiscales intentan reanimar al proceso de recuperación iniciado a mediados del año anterior. 

Pero en el fin de semana posterior a la aprobación del Congreso, el estímulo fiscal pareció que se frustraba. El presidente Trump calificó al acuerdo como una “vergüenza” y pidió un aumento del pago a las personas desde U$S 600 a U$S 2.000, desconociendo a toda la negociación previa y desairando a sus ministros y legisladores intervinientes en ella. Entonces quedaron en suspenso el funcionamiento del gobierno y la renovación de los beneficios sociales. Hasta que el domingo por la noche, Trump firmó la ley, que entró en vigencia al día siguiente. 

Ante el reto de Trump, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó de inmediato el aumento de U$S 600 a U$S 2.000. Incómodos, los republicanos del Senado condicionaron entonces este aumento a la aprobación simultánea de otras dos disposiciones que habían sido rechazadas por los demócratas, como la protección legal a favor de las empresas tecnológicas por sus contenidos en línea y el nombramiento de una comisión para estudiar el fraude en la reciente elección presidencial. Fue el fin del intercambio de “propuestas”, aunque los U$S 2.000 quedaron ahora sujetos a la decisión del gobierno de Biden.

Como en tantas otras ocasiones, este programa fiscal fue el resultado de una transacción entre demócratas y republicanos, pese a sus diferencias políticas e ideológicas. Es el funcionamiento normal de una democracia. Pero ello no puede ignorar que el intento de Trump por trabar la aprobación del programa fiscal fue sólo una parte de su lamentable despedida, junto a su persistente desconocimiento del resultado electoral, el uso arbitrario de su facultad de perdón a amigos y servidores procesados por la justicia y el indignante llamado del miércoles pasado a la resistencia contra las instituciones.

¡Un horror!