Oficialismo trabaja para excluir a la Caja Notarial de la reforma previsional

Entre los legisladores oficialistas existe consenso en que la Caja Notarial debe recibir un tratamiento diferencial en el proyecto de reforma de la seguridad social propuesto por el gobierno. Al menos por un tiempo. La reciente reforma aplicada en ese servicio en 2019 y los 81 años de historia sin precisar de la asistencia del Estado son credenciales suficientes, entienden los diputados, para que sea tratada de forma distinta a otras cajas que tienen profundos déficits. 

Por eso es que en el Parlamento manejan la posibilidad de abrir un período ventana, de una duración a definir, para analizar los efectos de la reforma aplicada en 2019 y analizar más adelante si debe ser incluido en el Sistema Previsional Común. 

“Uno no ve ningún beneficio para la caja en la reforma del gobierno”, dijo a El Observador el presidente de la Caja Notarial, Miguel Corradi.

Desde el gobierno están abiertos a dialogar para poder llegar a una solución. “La actitud del Poder Ejecutivo es de entender que cada caja es cada caja pero el espíritu es que todas vayan a un proceso de convergencia”, dijo a El Observador el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

La inclusión de la Caja Notarial en el sistema común que comenzará a regir de forma gradual a partir de 2033 está en duda desde la discusión en la Cámara de Senadores. En ese entonces, tanto Cabildo Abierto como algunos senadores blancos, tras aprobar el proyecto, plantearon la necesidad de que fueran los diputados los que buscaran una solución.

Incluso, durante la discusión en el Senado, el Poder Ejecutivo analizaba una posible fórmula para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la idea planteada por redactor de la reforma, Rodolfo Saldain, -que permitía a la caja transformarse en una especie de AFAP- no conformó a los escribanos y el tema volvió a estar sobre la mesa en la cámara baja.

Los cambios impulsados en la Caja Notarial en 2019 incluyeron un aumento de la edad jubilatoria a 65 años, un incremento de los aportes de los afiliados y una reducción de la tasa de reemplazo, puntos que están alineados con lo que prevé la reforma del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en ese sentido no habría problema de ir a una convergencia, pero, según entienden desde el Poder Ejecutivo, lo que genera rechazo entre los escribanos es la idea de ingresar en el  régimen mixto (que incluye los aportes a las AFAP).

“Esta reforma, que tiene apenas unos pocos años y, por supuesto, aún falta mucho trayecto para poder evaluarla de forma más contundente, ya ha implicado un aumento en la recaudación del instituto, ya ha implicado una mejora en la aportación y ha hecho que los ejercicios 2021 y 2022 hayan tenido resultados financieros positivos”, dijo Marcelino González, vicepresidente de la caja, en la comisión de Diputados que estudia el proyecto de reforma.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez preguntó en el Parlamento a las autoridades de la caja cuánto sería un “tiempo prudencial” para conocer los números consolidados de la reforma. La respuesta es que se trata de un plazo máximo de diez años. El diputado colorado Conrado Rodríguez, en tanto, entiende que cinco años sería un tiempo suficiente para evaluar los números. 

Negociaciones

Todas estas negociaciones se están llevando con conversaciones entre los diputados, el Poder Ejecutivo y tanto las autoridades de la caja como de la Asociación de Escribanos.

Legisladores oficialistas dijeron a El Observador que si bien saben que la postura del Ejecutivo apunta a hacer la menor cantidad de cambios posibles, en el Parlamento el objetivo es llegar a un consenso para poder aprobar el proyecto. Un tratamiento diferencial para la Caja Notarial es uno de los principales reclamos planteados por Cabildo Abierto. 

De todos modos, los legisladores saben que no se va a resolver por un lado lo de la Caja Notarial y por otro otros temas o reclamos que tengan los socios de la coalición sino que la negociación será por un todo que deberá cerrar todos los puntos del proyecto para poder aprobarlo.

Si cumplen con el pedido del presidente Luis Lacalle Pou, el proyecto debería tener el respaldo del Parlamento como tarde el 31 de marzo.

Los números de la caja

En diciembre de 2022, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) realizó para la Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS) un trabajo donde analiza los impactos de la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo.

En ese análisis destacan la incorporación de la caja al sistema mixto compuesto por un pilar de reparto y uno de capitalización como “uno de los cambios más importantes” que generará “pérdida de ingresos a corto y mediano plazo”. Sin embargo, el texto señala que esos ingresos se compensarían por parte del Poder Ejecutivo durante un período de 30 o 40 años.

De todos modos, el informe de Cinve asegura que “las condiciones establecidas para la CNSS” en el proyecto del gobierno “impactan positivamente sobre la situación financiera a largo plazo. Esa mejora, dice el centro, ocurre teniendo un “impacto relevante sobre la suficiencia de las prestaciones de los afiliados”, particularmente sobre los de mayores ingresos.

Las estimaciones preliminares indican un “escenario donde los ingresos superan a los gastos de la CNSS” recién en las últimas décadas del siglo mientras se mantiene un escenario deficitario en las próximas “5 o 6 décadas” lo que desafía la “sostenibilidad de la Caja”.

“Con los supuestos de largo plazo considerados en los escenarios propuestos, la CNSS continuaría agotando sus reservas en el correr de la década del 2050”, dice el informe de Cinve.