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Descoordinaciones de fin de año crispan ánimos en coalición de gobierno
Si el calendario no sufre alguna modificación, el miércoles 30 dos directores blancos y otros dos colorados definirán si el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tiene un campo en Artigas que está afectado al Instituto Nacional de Colonización.
Se trata de una decisión que debería ser únicamente jurídica, pero dada la importancia política que tiene, ha llevado a que sea seguida desde cerca por los líderes de la coalición, que advierten las posibles consecuencias negativas que puede tener el hecho de que el senador reciba un fallo adverso.
El tema, que se ha venido dilatando desde mediados de año, se resolverá en un momento peculiar de la interna del oficialismo, con una serie de descoordinaciones que han aumentado la crispación entre los socios justo en momentos en que también se discute la reforma previsional, que será la ley más importante de la segunda mitad del gobierno de Luis Lacalle Pou.
El martes, las manos de los senadores del Partido Colorado y Cabildo Abierto se unieron a las del Frente Amplio para aprobar la habilitación de la “faena artesanal predial” y el posterior traslado de cerdos, ovinos, aves y conejos por parte de los “productores familiares” que se encuentren registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Fue impulsado por el diputado de Ciudadanos, Juan Moreno, y provocó una inusual división pública en el MGAP, ya que mientras el ministro Fernando Mattos —que integra el Partido Colorado— anunció que lo apoyaba por ir en el “camino correcto”, el subsecretario, Ignacio Buffa, y la directora general, Fernanda Maldonado, que forman parte del Partido Nacional lo rechazaron, al igual que el presidente del INAC, Conrado Ferber, cercano al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
La promulgación está ahora en manos de Presidencia aunque, según supo El Observador a partir de fuentes del gobierno, Lacalle Pou analizará los alcances de la ley porque no tiene una posición primaria adoptada, lo que deja abierta la posibilidad de un veto. Pese a esto, en el MGAP ya trabajan para reglamentarla y aunque sus autoridades están divididas, buscarán aumentar la cantidad de animales permitidos para transportar por año ya que el decreto estableció en 16 esa cantidad.
Sucede que, al observar que el proyecto iba a ser aprobado y mientras Mattos estaba de viaje en Egipto representando al gobierno en la COP 27, el Ejecutivo emitió un decreto que reguló el traslado de los corderos y chanchos faenados, como una forma de detener el proyecto, algo que molestó a los dirigentes de Ciudadanos. A su vez, ese decreto no contó con la firma de Salud Pública dado que la cartera liderada por Daniel Salinas reclamó que fuera contemplada la posición de la Comisión de Zoonosis.
El episodio de la faena es interpretado en la interna del oficialismo como una muestra más de un descenso en el nivel de coordinación que están teniendo entre los socios.
Semanas atrás, cuando estaba a punto de ser votado en sala, el líder de la bancada nacionalista en el Senado, Gustavo Penadés, hizo volver a comisión el proyecto sobre deudores que impulsa Cabildo Abierto.
Esta ley es considerada prioritaria por Manini Ríos, y provocó una amenaza de los cabildantes, que en voz de su líder anunciaron que impulsarán un plebiscito contra su propio gobierno en caso que el proyecto no avance antes de terminar el año.
“Si no hay soluciones estamos dispuestos a recorrer todos los caminos para incluir en la Constitución cláusulas que permitan esas reestructuras, y que le pongan límites a esta usura desmedida. Si no está la solución que se nos dijo, que se iba a tratar de arribar antes de fin de año, Cabildo Abierto va a comenzar el año que viene, enseguida de Semana Santa, allá por abril, la recolección de firmas para ir a un Plebiscito Constitucional”, dijo en su audición en radio Oriental.
La coalición también llega a fin de año con varias idas y vueltas en torno a la ley de medios, un proyecto que el gobierno presentó ni bien asumió pero que se ha trancado por la falta de acuerdo entre los socios.
Al igual que la situación en Colonización, el tema ha escalado hasta formar parte de conversaciones entre Lacalle Pou y Manini Ríos, y está cercano a definirse, ya que el oficialismo ha acercado posiciones. La coalición planteó la semana pasada en la Comisión de Industria de Diputados cuatro modificaciones al proyecto. La principal es que se establecería una diferencia por región en la cantidad de licencias que puede tener un mismo permisario. La propuesta es que sean seis en forma simultánea en el interior del país o cuatro en el área metropolitana. El Poder Ejecutivo hablaba en su proyecto de cinco licencias sin distinción territorial.
Atado a este proyecto, el 8 de diciembre, la coalición prevé presentar la ley de financiamiento de los partidos políticos, aunque aún no logró resolver el tema que lo trancaba: la nueva integración de la Corte Electoral, donde los colorados no están dispuestos a ceder el lugar que los cabildantes reclaman.
Un asunto que, sin haber llegado al Parlamento aún, también ha provocado idas y vueltas es el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial. Se trata de una ley impulsada por el Ministerio de Vivienda, que es reclamada por los intendentes pero cuyo envío se postergó debido a cambios que Ambiente le realizará, algo que inquieta a la ministra Irene Moreira y al subsecretario Tabaré Hackenbruch.
Por último, el fin de año tiene a la coalición trabajando a toda marcha en una ley definida como fundamental por el gobierno: la reforma de la seguridad social.
El objetivo es que el proyecto sea aprobado en el Senado a mitad de mes, aunque en la coalición ya han surgido diferencias, y de hecho Cabildo Abierto y el Frente Amplio lograron ponerse de acuerdo en una modificación que impulsarán y que es considerada inaplicable por el oficialismo. Con el objetivo de zurcir estas diferencias, la coalición se reunirá el jueves 1° para analizar los cambios que cada uno quiere impulsar.
