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Prestaciones no se verán afectadas más allá de lo que pase con el Fondo Covid
Cuando el debate en boga no hablaba de tapabocas sino del referéndum de la ley de Urgente Consideración, el presidente Luis Lacalle Pou reconoció que el Fondo Coronavirus era una de las explicaciones para no levantar, todavía, la emergencia sanitaria. “Ahí está la madre de la criatura”, expresó en esa entrevista televisiva en febrero.
La expresión vertida en Telemundo (canal 12) reflejaba la complejidad de un asunto que venía siendo estudiado desde hacía varios meses por el gobierno y que este martes tuvo su corolario con la derogación del decreto que había sido firmado en la misma tarde que se conocieron los primeros cuatros casos de covid-19 en el país.
Pero con el anuncio, una de las interrogantes que surgían es qué sucedería con las medidas transitorias regladas por el gobierno para atender los efectos de la pandemia y que tenían al Fondo Coronavirus como su exponente estrella. Sin embargo, desde el oficialismo dejaron en claro que pese al nuevo decreto, el fondo que financia desde los subsidios por desempleo hasta el gasto por los hisopados —entre otra serie de erogaciones— continúa firme.
Así lo ratificó el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, que este miércoles manifestó en rueda de prensa que el cese de la emergencia no significa “que el Estado deje de proteger y asistir a muchos sectores que están muy vulnerables” por el impacto del covid-19. En ese sentido, el jerarca señaló que el Fondo Coronavirus —que tiene previsto una financiación de unos US$ 400 millones para este año, según anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche— sigue “plenamente vigente”, si bien Ferrés adelantó que su continuidad está a estudio del Poder Ejecutivo.
En cualquier caso, desde algunos de los ministerios involucrados ya aclararon públicamente que su eventual caída no afectará a los subsidios ni a las políticas que ya estaban previstas. Una de ellas tiene que ver con el régimen de seguro de paro parcial que estará vigente, luego de varios aplazamientos, hasta el 30 de junio.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó en diálogo con El Observador que el nuevo decreto no modificará en nada los plazos establecidos porque los subsidios buscan atender los efectos “que se prolongan más allá de si hay o no emergencia sanitaria”. Para el jerarca “no hay ningún problema” ni se genera ningún conflicto entre la hoja de ruta calendarizada y el nuevo marco jurídico porque cuando se firmó la prórroga “ya se imputó el gasto” en la esfera económica del Estado.
Una visión similar hay en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde su propio ministro aseguró que las firmas de Lacalle Pou y el resto del gabinete en el decreto 106/022 no impacta en las previsiones de la cartera. En diálogo con El Observador, el ministro Martín Lema explicó que esto se debe a que el Mides viene trabajando en medidas más estructurales que no están necesariamente conectadas con el cese de la emergencia sanitaria.
En cuanto a las medidas coyunturales asociadas a la pandemia, Lema explicó que las únicas dos medidas que se mantienen tienen que ver con las canastas de emergencia y el apoyo a merenderos, ollas y comedores populares. En el primer caso, el Mides decidió la extensión hasta julio —aunque solo para los beneficiarios con menores a cargo—, algo en lo no habrá repercusiones incluso ante una eventual caída del Fondo Coronavirus. En el segundo caso, el ministro explicó que este mes se estudiará cómo proseguir.
La cartera de Desarrollo Social tuvo otras erogaciones a lo largo de la pandemia que fueron sostenidas gracias a la financiación dispuesta por el fondo que, además, también sirvió para reforzar algunos programas del Ministerio en la atención a la población más afectada. Según Lema, la tónica de Mides para este año es enfocarse en la “pospandemia”, algo en lo que según resaltó el jerarca se viene trabajando desde hace ya un tiempo.
El día del anuncio oficial, además, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había dicho en rueda de prensa que el tema del fondo era una situación “netamente administrativa”. En cualquier caso, este tema no será el único en el que las autoridades sanitarias y Presidencia de la República deberán seguir tomando determinaciones en el futuro respecto a las consecuencias del cese de la emergencia sanitaria.
La ley y por qué el fondo no cayó jurídicamente
El Fondo Coronavirus fue creado a iniciativa del Poder Ejecutivo pero mediante una ley votada en el Parlamento que se aprobó, en abril de 2020, con el número 19.874.
En su primer artículo, la norma aún vigente estableció su finalidad de atender “en forma exclusiva” las erogaciones de “toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional”, las actividades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en ese mismo contexto y las prestaciones del seguro de enfermedad y desempleo otorgadas por el Banco de Previsión Social (BPS).
Para su cese, su artículo 12 dejó expreso que sería el Poder Ejecutivo el encargado de determinar el momento de que este fondo cesara, siempre en conformidad de otra norma jurídica —la 18.621, relativa al Sinae— que refiere a las situaciones de emergencia.
Sin embargo, y para descartar las interpretaciones que pudieran leer en esta normativa una caída tácita del Fondo Coronavirus, el gobierno dejó explicito en el decreto que el cese de la emergencia sanitaria se daba, según el artículo dos, “sin perjuicio del cumplimiento de las medidas adoptadas a causa de la emergencia nacional sanitaria que se encuentren vigentes y en ejecución con plazo pendiente”, entre los que se encuentra el fondo solidario covid-19.
Los juristas consultados por El Observador explicaron que, en definitiva, ese texto deja “una ventanilla” para esas medidas por lo que las prestaciones vinculadas no terminan con el levantamiento de la emergencia sanitaria. En ese sentido, el experto en derecho administrativo Adrián Gutiérrez expresó que al Fondo Coronavirus “no le aplica conceptualmente” el cese de la emergencia sanitaria por lo que, en definitiva, para ese aspecto “sigue vigente”.
Bajo esa lectura el gobierno no requerirá de otra disposición jurídica para mantenerlo firme, pero sí deberá dictar un decreto para determinar su cese, conforme a lo establecido por la ley que lo creó. Cuando llegue a su fin, el gobierno tendrá 90 días para hacer una rendición de cuentas de los gastos ante la Asamblea General.
