Nacional > denuncia por irregularidades
Pareja de Carrera se atendió en el Hospital Policial bajo gestión Bonomi: ¿qué dice la norma?
El senador frenteamplista Charles Carrera enfrenta cuestionamientos de la coalición y posibles juicios luego de que el programa Santo y Seña informara que habilitó a un civil, Víctor Hernández, a internarse en el Hospital Policial luego de haber sido víctima de una bala perdida que se sospecha vino de un encuentro entre policías.
En el marco de las investigaciones del Ministerio del Interior, se constató que la expareja de Carrera también estuvo internada allí mientras él era director general de Secretaría.
El País informó este domingo que documentación oficial constata que usó los servicios del hospital en 2010, 2011 y 2012.
Fuentes vinculadas a la gestión frenteamplista adujeron que había una resolución política del exministro Eduardo Bonomi de que las autoridades y sus familias se atendieran en el Hospital Policial. En el caso de Carrera, según supo El Observador, eso se extendió hasta 2017, año en que dejó el ministerio para asumir una banca de senador. Las fuentes, sin embargo, no detallaron a quiénes abarcaba la atención en el hospital, ni en qué condiciones.
En 2016, el entonces ministro Bonomi debió ser internado por un malestar estomacal y fue atendido en ese hospital. Eso le valió varios pedidos de informes del legislador colorado Germán Cardoso.
El artículo 140 del Decreto Ley N° 14416, del año 1974, señala que al "servicio Sanidad Policial le compete la prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro; del núcleo familiar y pensionistas policiales, y el contralor sanitario y certificación de licencias por enfermedad del personal policial en actividad".
Los decretos reglamentarios posteriores –entre ellos normativa de la gestión Bonomi– se remitieron a ese artículo 140 como el artículo que describe quiénes pueden atenderse en el hospital.
Eso no quita que haya otros artículos vigentes que son más ambiguos en su redacción. Por ejemplo, el artículo 86 de la Ley N° 13640, del año 1967, establece que "el Servicio de Sanidad Policial (...) atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo".
Respecto a los vínculos familiares, durante la gestión de Bonomi, el Decreto N° 215/014 actualizó la definición de concubinos para que también quedaran abarcados por la atención hospitalaria.
El caso Hernández
Hasta ahora, el gobierno pidió que se responsabilice a Carrera por los US$ 260 mil de gasto que significó la internación y la periódica entrega de tickets alimentación a Hernández.
El hombre necesitó atención tras quedar paralítico por una bala perdida que presuntamente salió de una fiesta en la que había oficiales, sobre los que nunca se pudo probar responsabilidad. Los frenteamplistas se ampararon en que se trató de un gesto de "humanidad" con la víctima, pero en el Parlamento, el subsecretario Guillermo Maciel destacó que Hernández fue operado dos veces de los ojos, en intervenciones que no tenían ningún vinculo con el siniestro que sufrió.
Los blancos evalúan someter a Carrera a un juicio político, o ir por la formación de una comisión investigadora parlamentaria. Así se lo dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, la semana pasada, aunque aclaró que la definición será tomada por toda la coalición de gobierno.
Aunque no se pudo determinar el origen del disparo ni sus responsables, Hernández apunta a la casa del entonces subcomisario de Policía de la localidad, Marcos Martínez, a solo unos metros de la comisaría y en la que esa noche se desarrollaba una fiesta.
El damnificado estuvo internado casi ocho meses en el Hospital de Clínicas. A partir de su alta es que empezaron las presuntas irregularidades que tienen a Carrera como protagonista, y que fueron divulgadas semanas atrás en el programa Santo y Seña, de Canal 4.
En esencia, las irregularidades que se le achacan al senador del FA tienen que ver con la internación de la víctima en el Hospital Policial por casi tres años y medio y la retribución económica que se le otorgó en ese período a través de tickets de alimentación. En ambos casos fue por órdenes de Carrera, por entonces número tres del ministerio.
Hernández no era funcionario policial ni familiar de un policía activo o en retiro y en consecuencia no le correspondía atenderse ni mucho menos internarse en el Hospital Policial. Salvo razones de extrema urgencia –apuntó Maciel–, no existe norma jurídica que habilite a un civil a hacerlo. Según el subsecretario, Hernández pudo haber sido atendido por ASSE y asistido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, de acuerdo a lo que relataron las autoridades, los registros indican que la víctima, junto a su hermano, permaneció en el hospital 1.252 días, desde junio de 2013 hasta enero de 2017. En ese lapso se le brindaron 22 consultas en diferentes especialidades, estudios extrahospitalarios, asistencia médica y de enfermería, hospedaje, alimentos y traslados, más la compra de equipamiento.
