La revitalización del sistema ferroviario que planea el gobierno a través de una inversión de US$ 350 millones persigue la “desmonopolización” del transporte terrestre, descongestionar carreteras y potenciar el negocio de la movilización de cargas, según los lineamientos del gobierno a los que accedió El Observador.
Aunque el gobierno ya asumió que no hay interés empresarial en emprendimientos ferroviarios bajo el futuro régimen de asociación pública y privada, la reforma se llevará a delante con préstamos internacionales, dijeron fuentes oficiales. Ello supone el pago de intereses, pero no cambia en forma sustancial la previsión de rentabilidad del proyecto, dijeron los informantes. El gobierno prevé un ahorro financiero global de US$ 66 millones por año y US$2.000 millones en 25 años (ver infografía).
Entre los objetivos estratégicos está “convertir a Uruguay en un centro logístico y de servicios en el Cono Sur de América”. Además se propone “captar para el ferrocarril su máxima potencialidad en el transporte de cargas.
La reforma supone la creación por ley de dos empresas. Una de ellas será la Asociación Ferroviaria del Estado (AFE), que tendrá el estatus de ente autónomo o servicio descentralizado. Se encargará de gestionar las vías y cobrar peajes a los operadores de trenes, entre ellos los de la nueva compañía de propiedad estatal Ferrosur, cuyo capital accionario integrarán los ministerios de Transporte y de Economía. Se invertirán en la misma US$ 80 millones.
Dicha compañía gestionará el transporte de trenes de carga y pasajeros y funcionará bajo el derecho privado. Ambas firmas podrán asociarse con otras empresas. Los funcionarios actuales de AFE serán redistribuidos y se programa un plan de retiros.
(Observa)