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Poder Judicial pidió recursos para expediente electrónico y juzgados de género, que empezarán a funcionar en 2022 y 2024
El Poder Judicial envió el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento que prevé la instalación de los juzgados de violencia de género, el grueso en 2024 y los tres que se instalarían este año en 2022, dados los pocos avances que ha habido en conseguir los edificios. Además, prevé una partida anual de $ 11 millones (unos US$ 247 mil a valores actuales) para la aplicación de la ley que permite implementar la actividad judicial en forma remota, algo que hoy no es posible aplicar y que ha aplazado gravemente los casos a causa de la pandemia, así como la equiparación de los salarios de los funcionarios judiciales, un compromiso asumido en el Presupuesto.
La propuesta presentada por el Colegio de Abogados del Uruguay hace más de un año apunta a que se puedan presentar en forma digital demandas y escritos judiciales para evitar asistir presencialmente a los juzgados. Para los gastos de funcionamiento necesarios para la implementación del expediente judicial electrónico se prevé esa partida, a partir de enero de 2022.
En cuanto a los juzgados de violencia de género, creados por la Ley Integral Contra la Violencia Basada en Género (Ley Nº 19.580), aprobada a fines de 2017 que aún no se han podido instalar por falta de recursos, el proyecto prevé la asignación de una partida anual de $ 4.100.000 (unos US$ 92 mil) para 2022 y 2023. Si bien la ley de Presupuesto de 2020 dispuso que el dinero recaudado por la publicación de edictos en la página web del Poder Judicial, se destinará a esos juzgados, el proyecto de rendición pide esos recursos "teniendo en cuenta que la recaudación referida será variable". Por eso solicitan un apoyo a partir de julio de 2021y estiman la puesta en funcionamiento de esas tres sedes a partir del año 2022.
Hasta el momento únicamente se ha encontrado un edificio en Maldonado, como informó El Observador la semana pasada, por lo que el primero de estos tres juzgados se instalará en San Carlos.
La semana pasada el Poder Judicial envió un anteproyecto de ley de un sólo artículo a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para prorrogar hasta julio de 2022 la instalación de esos juzgados creados en la Ley de Presupuesto (19.924). La Suprema Corte argumentó que imposible instalar y poner en funcionamiento las tres sedes este año por las reformas que precisan los locales.
El resto de los juzgados recién se pondrán en marcha en 2024. Según establece el proyecto de Rendición de la Justicia, comenzarán a funcionar 20 sedes en Montevideo, seis por creación de esta Rendición de Cuentas y 14 por transformación. En el interior se instalarán 30 juzgados además de los tres que se instalaron por la ley de presupuesto de 2020, cinco se crearán por esta Rendición y 25 por reasignación de recursos que hoy se encuentran afectados al Código del Proceso Penal pero que en la medida en que se cierren los casos del viejo código pasarán a ocuparse de esta materia.
En la exposición de motivos se señala que podrán comenzar a funcionar recién en 2024 por las obras de acondicionamiento necesarias y por el plazo que llevará culminar la tramitación de juicios por el proceso penal anterior a noviembre de 2017, que se transformarán en juzgados de género.
A su vez, se prevé una partida anual de $ 11 millones (US$ 247 mil) para cubrir los gastos y arrendamientos a partir del año 2024. Con ese monto se pretende complementar lo recaudado por la publicación de edictos, como lo previó la ley de Presupuesto. Se estima que el total de los gastos de funcionamiento y arrendamientos necesarios para los 14 juzgados de violencia de género que se crean en esta Rendición en todo el país ascendería a $ 14,5 millones anuales (unos US$ 325 mil).
En total la Rendición de Cuentas establece que para poner en marcha la ley de género se necesitarán $ 524.677.639 (casi US$ 12 millones) que se dividen en $ 53.974.237 para 2022 (US$ 1,2 millones), $113.354.504 para 2023 (US$ 2,5 millones), y $ 357.348.898 (US$ 8 millones) para 2024.
Entre esos recursos se cuenta la obra del Centro de Justicia de Familia Especializada en Violencia Doméstica y Género que funcionará en un colegio que compró el Poder Judicial en la zona de la Aguada.
A su vez se piden partidas para concretar la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia de Maldonado, destinado a las sedes civiles y de paz.
Deuda salarial
Por otra parte, se prevén los recursos para pagar el aumento a los funcionarios judiciales por el conflicto que se arrastra desde el gobierno de José Mujica. Para saldar esa deuda se llegó a un acuerdo que se concretó en la ley de Presupuesto y que prevé el pago de los aumentos correspondientes hasta recuperar todo el salario perdido.
El proyecto de Rendición de Cuentas pidió con ese fin una partida para 2023 de $120.946.723 (US$ 2,7 millones) y para 2024 de $ 159.573.214 (US$ 3,6 millones).
Además se otorga un plazo de 30 días a partir de la vigencia de la presente ley, a los funcionarios que no hayan suscripto convenio para que lo hagan. La cifra de adhesión que manejan tanto los funcionarios como los legisladores, de manera informal, está en el entorno del 40%. De todos modos, la ley permitía al Poder Ejecutivo bajar la adhesión necesaria de forma discrecional.
