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Habrá juzgado de género en San Carlos luego de que socios de club dieron el visto bueno

La asamblea de socios del club Oriental dio el visto bueno y este jueves se firmará un convenio entre la Intendencia de Maldonado, la alcaldía y el Poder Judicial
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23 de junio de 2021 a las 16:46

A seis meses de que la Bancada Bicameral Femenina se reuniera con el presidente de la Corte, Tabaré Sosa, y se comprometieran a buscar los edificios para instalar los tres juzgados de género que se acordó instalar en el interior del país, se llegó a un acuerdo para tener el primero de ellos, que funcionará en Maldonado

Un acuerdo al que se llegó con el club social Oriental de San Carlos,  permitirá contar con el local que será arrendado por el Poder Judicial para poder instalar allí los juzgados de género.

Según contaron a El Observador fuentes judiciales y políticas, conseguir esta sede demandó un arduo trabajo en el que colaboró el alcalde de San Carlos, Carlos Pereyra, ya que fue necesario convencer a los integrantes de la directiva del club de la cesión de parte del predio.

La directiva del club convocó este martes a asamblea de socios para votar y finalmente aprobar la propuesta, lo que posibilitará que este jueves se firme un convenio entre la Intendencia de Maldonado, la alcaldía y el Poder Judicial.  

La vicepresidenta Beatriz Argimón había destacado este lunes el apoyo de intendentes y alcaldes para la instalación de los juzgados y habló de avances en Maldonado, Rivera y Paysandú.

Al referirse al femicidio de Valeria Vera de 38 años, asesinada por su expareja delante de sus hijas de 4 y 9 años en la ciudad de Young, en Río Negro, a la violencia de género como un "flagelo", Argimón dijo que en San Carlos, donde funcionará la sede de Maldonado, registra un mayor avance de obras. En Rivera se trata en un local y en Paysandú se evalúa una permuta, dijo en rueda de prensa.

En San Carlos, las obras recién empezarán una vez que el Ministerio de Economía habilite los recursos. Según dijeron las fuentes la obra de refacción del local se estima que tendrá un costo de $ 6,5 millones (unos US$ 140 mil) y demandará entre tres y cuatro meses. Se trata de acondicionar el edificio y reparar las azoteas. El predio tiene en total entre 800 y 900 metros cuadrados.

En enero la directora de Inmujeres Mónica Bottero, también se había reunido con Sosa y se comprometió a destinar unos $ 20 millones que el Parlamento le trasladaría para la lucha contra la violencia de género al Poder Judicial, por lo que se supone que los rubros para la reforma están. Esto hace suponer que antes de que termine el año el juzgado podrá comenzar a funcionar.

Los restantes predios prometidos en Rivera y Paysandú están en tratativas y todavía no son algo concreto.

Si bien en Paysandú el intendente Nicolás Olivera comunicó a la Corte la posibilidad de cederle un edificio en comodato esa propuesta no sirvió por las características del edificio.

Actualmente se explora la posibilidad de cederle un local que es grande y que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Pero para que se concrete, la intendencia deberá encontrar otra sede para el ministerio porque allí pensaba instalar su dirección departamental de Salud.

En tanto, en Rivera el ofrecimiento concreto que recibió el Poder Judicial es un terreno que requeriría construir. A su vez, la directora de Inmujeres comunicó la posibilidad de conseguir un inmueble que pertenece al Ministerio del Interior, sobre el que esperan novedades. Si esa posibilidad fuera firme, iría la División de Arquitectura del Poder Judicial para verla y definir si es apto.

Además de las obras que requiera cada edificio, se necesitan recursos para comprar mobiliario y computadoras que se deberán instalar.

A su vez necesitarán $ 4,5 millones mensuales para gastos de funcionamiento que implican los gastos de agua, luz, internet, limpieza y vigilancia, ya que al tratarse de juzgados de materia penal deberán contar con guardia policial durante todo el horario. 

Con respecto a los cargos de jueces es lo único que ya está contemplado, ya que en la ley de Presupuesto se asignaron recursos para tres juzgados y la Suprema Corte transformará otras tres sedes judiciales en sedes de esa materia.

Los juzgados de género fueron creados por la ley de género que se votó en 2017 pero no se le asignaron recursos.

El objetivo para Montevideo es llegar a tener entre 26 y 28 juzgados. Actualmente funcionan 12 juzgados de familia especializada en la capital.

Con el cambio de gobierno, y al enviar al Parlamento su mensaje presupuestal el Poder Judicial pidió los recursos para poner en marcha la ley. Sin embargo, los recursos no aparecieron. En el proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno, la implementación de la ley no iba a comenzar hasta, por lo menos, 2024. Las negociaciones permitieron adelantar estos tres juzgados si se encuentran los edificios adecuados.

 

 

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