Presos por crímenes de la dictadura reclaman dejar la cárcel por el covid-19

“Los abajo firmantes militares, policías y civiles, que cumplen pena de privación de libertad en la Unidad de Internación N°8 “Domingo Arena”, vienen a poner en su conocimiento que, de acuerdo a las recomendaciones aportadas por distintos organismos nacionales e internacionales vinculados a los Derechos Humanos, con relación a la situación de los adultos mayores privados de libertad, en esta crisis sanitaria (…) advertimos el incumplimiento de las mismas por los correspondientes organismos del Estado”, dice la carta enviada a la presidenta de la comisión, Amanda Della Ventura, a la que accedió El Observador. 

Con la carta, los firmantes adjuntan un documento del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, donde habla de forma genérica sobre los riesgos que implica para los adultos mayores de 65 la prisión en tiempos de pandemia. En ese documento del 15 de abril, Petit recomienda a “todos los operadores del sistema de Justicia” tomar acción para “detectar, promover, recibir, tramitar y analizar” los casos de personas altamente vulnerables dentro del sistema penitenciario para que puedan acceder a “prisión domiciliaria u otras medidas alternativas para la ejecución penal”. 

Petit cita además otros informes de organismos internacionales como la ONU que apuntan en el mismo sentido. “Creemos que la inobservancia de tales recomendaciones, resulta motivada por la falta de atención y valoración dispensada a los consejos y sugerencias de los organismos especializados”, agrega la carta y finaliza pidiendo que se “realicen gestiones en forma inmediata” para que se dé cumplimiento a las recomendaciones del comisionado parlamentario. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se expidió en un sentido similar y pide “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como libertad condicional, arresto domiciliario para personas consideradas en el grupo de riesgo de personas mayores”, según los documentos aportados por los presos a la comisión. 

La carta fue enviada el 10 de diciembre al presidente Luis Lacalle Pou y el 12 de enero a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos. Todos los firmantes son mayores de 65 años. 

El senador Jorge Gandini adelantó a El Observador que va a solicitar que se trate este tema una vez que se levante el receso parlamentario y pedirá convocar a Petit a la comisión. 

¿Quiénes están en Domingo Arena?

Jorge Silveira – Coronel retirado

Conocido por su sobrenombre “Pajarito” Silveira.  Actuó en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército. Es de los primeros que fue recluído en Domingo Arena, procesado y luego condenado por diversos homicidios cometidos durante la dictadura, entre ellos el homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. También fue condenado en Italia como parte del Plan Cóndor.

Jose Sande Lima – comisario general retirado

Es uno de los condenados por el Plan Cóndor en los juicios de Italia. Entre otros delitos se le imputó el de homicidio voluntario. Fue integrante de la Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Fue condenado en 2009 por la justicia uruguaya por 28 delitos de homicidio especialmente agravados. 

Hugo Garciacelay – coronel retirado

Se desempeñó como alférez del Ejército. Fue uno de los últimos en ingresa a esta cárcel. El 28 de julio de 2020 fue procesado con prisión por un delito de homicidio especialmente agravado en calidad de coautor por la muerte del militante comunista Juan Basilicio López.

Enrique Ribeiro – coronel retirado

Integró la Fuerza Aérea y fue condenado a 19 años de prisión por la muerte del militante comunista Ubagesner Cháves Sosa. 

Ricardo Medina Blanco – comisario mayor retirado

Integró la Policía Nacional, el OCOA y está condenado por su participación en el Plan Cóndor. Es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y desaparición de María Claudia García de Gelman. También fue procesado por delitos comunes. 

José Lemos Pintos – comisario mayor retirado

Fue procesado en julio de 2020 por abuso de la autoridad contra detenidos y privación de libertad por su actuación en dependencias de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia durante la dictadura. 

Ernesto Soca Prado – sargento retirado

En agosto de 2009 fue procesado con prisión y posteriormente se lo condenó por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados a 15 años de penitenciaría. Los crímenes se cometieron en Argentina y Uruguay en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor. También fue condenado en Italia por su participación en el Plan Cóndor. 

Leonardo Vidal – sargento retirado

Fue procesado por el homicidio del militante tupamaro Nelson Berreta. Cuando era soldado, Vidal acató la orden de disparar por la espalda a Berreta que se encontraba esposado e intentaba huir corriendo luego de ser torturado. El ministro de Defensa, Javier García, marcó su “preocupación” por este procesamiento. 

Miguel Sofía – doctor en Derecho

Cumple prisión preventiva desde 2019 en Domingo Arena, cuando fue procesado por el homicidio del militante tupamaro Héctor Castagnetto y por su participación en los escuadrones de la muerte entre 1960 y 1970.

Jorge Gundelzoph – empresario

Conocido como "El Charleta", fue procesado en julio de 2020, junto a José Felisberto Lemos, por los delitos de abuso de funciones y privación de libertad a más de 50 detenidos. Fue uno de los más cercanos ayudantes del inspector Víctor Castiglioni. Perteneció al Partido Comunista y terminó colaborando con la Fuerzas Armadas, delatando, señalando, deteniendo a ex compañeros. 

14 años de Domingo Arena

La Unidad de Internación N° 8, más conocida como cárcel de Domingo Arena, es una prisión creada en 2006 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez para alojar a los militares y policías condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. Originalmente dependía del Ministerio de Defensa pero fue cedida al Ministerio del Interior en 2016. Si bien tiene guardia militar que custodia el perímetro y está cercada con alambres de púas, se parece más a una vivienda que a una cárcel. Las celdas no tienen llaves ni horarios para apagar la luz.