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Quedaron sin sanción nueve de cada 10 violaciones ambientales

Según estudio, Intendencia desoyó 2.400 reportes de incumplimiento entre 2001 y 2009

20 de agosto 2014 - 21:19hs

Por  Pablo Zanocchi

Un estudio académico demuestra que de los 871 casos en los cuales la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) constató a través de inspecciones un incumplimiento en la norma ambiental que regula la calidad de los efluentes, solo en 8,6% aplicó sanciones. Eso significa que nueve de cada 10 casos quedaron sin castigo. Las industrias están obligadas a reportar sus emisiones mensuales ante la comuna. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2009, en 43% de esos reportes los valores violaban lo establecido por el decreto 253/79 referente al control de las aguas.

Estos datos surgen de la investigación titulada Subdeclaración de contaminación de agua por plantas industriales: evidencia empírica, realizado por los economistas Marcelo Caffera –profesor de la Universidad de Montevideo– y Alejandro Lagomarsino. La investigación fue presentada en el marco de las jornadas anuales de economía del Banco Central, celebradas la semana pasada.

Las multas aplicadas por la comuna y por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a las plantas industriales en Montevideo ascendieron a 84 –76 por parte de la IMM y ocho por parte de la Dinama–.

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Sin embargo, el número de faltas por contaminación superior a la permitida fue aún mayor, si lo que se considera son los reportes que envían las propias empresas a la IMM. En ese universo ampliado, las sanciones aplicadas serían el equivalente a 3,5%, de un total de 2.400 faltas reportadas. La regulación solo prevé multas para las inspecciones y no para los reportes en sí.

Por su parte, la Dinama detectó 50 violaciones en sus inspecciones e impuso ocho sanciones (16%). Para el caso de las inspecciones de la IMM, el ratio fue más bajo (8,6%). Las multas elevadas por la comuna tienen un valor promedio de 186 Unidades Reajustables (UR) –equivalentes a $ 135.900 a la cotización actual–, mientras que cuando son aplicadas por el órgano estatal tienen un valor promedio de 368 UR ($ 268.640).

Subdeclaración
El trabajo, que los investigadores dijeron en su presentación que aún está “en proceso”, encuentra “evidencia” consistente con la hipótesis de que las firmas “subdeclaran” sus emisiones de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) al gobierno municipal.

De esa manera, ponen al descubierto una falta de coordinación entre la Intendencia y la Dinama, ya que al ser inspeccionados por la comuna y en los casos en que se encuentran valores mayores a los declarados, las empresas ajustan al alza sus reportes a la Intendencia. Sin embargo, si esto sucede en una inspección realizada por la Dinama, luego no alteran sus valores en los reportes enviados a la comuna. Por ejemplo, el máximo de DBO que se permite verter por un caño colector directo al curso de agua es de 60 miligramos por litro. De acuerdo a lo que encuentra el estudio, una firma declara 70 durante varios meses y cuando recibe la visita de la intendencia y encuentra valores de 100, declara precisamente 100. Ahora, cuando la Dinama encuentra un valor por encima de 70, la empresa declara 70 a la intendencia.

Para la realización del trabajo, los economistas reunieron los reportes enviados por las principales 108 empresas industriales ubicadas en Montevideo.

Esa información se cruzó con los reportes de las inspecciones realizadas por la intendencia y por la Dinama. Para observar el comportamiento de los industriales cuando recibían visitas, marcaban los valores declarados en los meses que recibían inspección, fuese de uno u otro organismo.

“Lejos de ser perfecto”
El ratio de multas por violación, de 3,5%, es considerado “lejos de ser perfecto” por los autores, ya que las plantas declararon que no cumplen, pero de todas formas el gobierno no las multa. De acuerdo a lo que sostienen los autores de la investigación, en base a entrevistas con inspectores de la IMM y de la Dinama, los responsables de las plantas “usualmente hacen promesas sobre futuras inversiones”. Esta estrategia les da tiempo y ha probado ser efectiva para eludir las sanciones. En una investigación similar realizada en 2005 por los economistas Jay Shimshack y Michael Ward a la que se hace referencia en el trabajo, se menciona que solo “pocas violaciones detectadas son multadas” en Estados Unidos, pero se establece que en ese país la multa máxima fue de US$ 600.000, mientras que la máxima en Uruguay fue de aproximadamente US$ 25.000.

Mientras tanto, las autoridades entrevistadas por los autores establecieron que es “muy difícil” para ellos probar que una planta está subdeclarando debido a la naturaleza del proceso de generación de contaminación.

Basándose en lo que establece un trabajo de 1987, la recomendación en términos de políticas que se establece en el estudio es que debe subirse el nivel de las multas. El trabajo finaliza estableciendo que “claramente, más investigación es necesaria para entender completamente la dinámica de incentivos de las plantas industriales a las cuales se les imponen estándares de emisiones y realizan sus propios reportes”.

La investigación demuestra además que las multas y las inspecciones en sí mismas tienen un efecto muy limitado sobre la contaminación. Sin embargo, la amenaza de multas o inspecciones en plantas de la zona sí tienen un efecto que contribuye a disminuir la contaminación, en empresas del entorno. Se da el “sorprendente” hecho de que “a mayor clausuras o multas a otras firmas, menor nivel de emisión”.

El Observador intentó, sin éxito, contactarse con el director de desarrollo ambiental de la IMM, Juan Canessa, y con el director de la Dinama, Jorge Rucks.

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