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Repartiendo el pastel

Países centrales llegan a un principio de consenso para gravar a la economía digital

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04 de noviembre de 2019 a las 05:00

El 11 de octubre pasado, la Fundación Astur, creada y promovida por Enrique V. Iglesias, celebró su décimo aniversario. En tal ocasión, visitó Montevideo José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien como informó Búsqueda el 17 de octubre, mantiene una estrecha amistad con Iglesias. 

José Ángel Gurría Treviño nació en Tampico, México, el 8 de mayo de 1950, y es un economista y político mexicano que desempeñó los cargos de secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Ernesto Zedillo. Su país fue de hecho el primero en Latinoamérica en entrar en la organización de la que ahora es secretario general, en 1994, realización final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien ya había sido el gran impulsor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –conocido como NAFTA por su acrónimo en inglés–. País de una potencia cultural y económica sobrecogedoras, desde donde escribo ahora estas líneas, aunque también de ostensibles contrastes, que precisamente nos increpan durante estas jornadas conflictivas que nuestro continente transita –el propio Gurría destacó en su visita que, pese a los retos que enfrenta, Uruguay se destaca por su estabilidad y buen desempeño, algo que debería haberse aprovechado, como he sostenido desde hace años, para hacer un acercamiento a la OCDE para ser miembro pleno, y no solo aceptar sus estándares en materia tributaria–. 

Aunque lo más relevante para este Consultor Tributario es seguramente el hecho de que el propio Gurría, apenas unos días antes de venir a Uruguay –el 9 de octubre–, lanzó una consulta pública para que aquellos interesados puedan opinar acerca de una innovadora propuesta para lidiar con los desafíos de la economía digitalizada: el llamado “Unified Approach” y sus “Pillar One” y “Pillar Two”. 

Pero de qué hablo cuando me refiero al “Unified Approach” y a sus “Pilares”. Pues sería imposible agotar en este escaso espacio la temática de mayor complejidad dentro del sistema tributario mundial, un verdadero quebradero de cabezas para líderes y técnicos del sector público y privado de todo el mundo. Aunque sí vale la pena a mi juicio, como hemos venido haciendo en anteriores ediciones, resumir brevemente la esencia de este nuevo enfoque, puesto que en definitiva terminará muy probablemente afectando todas las actividades económicas y es por ello crucial comprenderlo. 

Hace años que se libra una verdadera batalla en torno a cómo gravar a los gigantes tecnológicos –esquivos a los viejos parámetros por su poder de inmaterialidad–, que el presidente de Estados Unidos Donald Trump llevó al plano de la afrenta a la soberanía de su país –no debe olvidarse que sus tecnológicas unicornios son mayoría abrumadora–. Pero en la última reunión del G7 en Biarritz, pareció llegar la distensión en una suerte de consenso alcanzado por el impulso del presidente francés, Emmanuel Macron: Estados Unidos aceptaría que la OCDE impulse un fórmula de tributación digital a escala global, y los países europeos, Francia el primero, retirarían su pretensiones de gravar unilateralmente a los grandes campeones tecnológicos estadounidenses, con la antes conocida como Tasa Google, y últimamente “GAFA”, para englobar a los otros gigantes, Amazon, Facebook y Apple. 
Esta propuesta ha llegado y muy rápido –tenía que serlo– de la mano de la OCDE y la propuesta de su secretario general: en un delicado equilibrio, se propone una solución para distribuir la potestad de gravar los beneficios de las multinacionales, ocupándose de resolver la tributación de la economía digital (Pilar I) y de garantizar una tributación mínima global para todos los operadores multinacionales (Pilar II).

Para ello, primero se ocupa de las empresas que tengan o no presencia física en la jurisdicción en la que tengan ventas y usuarios, gravándolas con una base que se determinará deduciendo a su beneficio consolidado las llamadas “actividades rutinarias”, y sustrayendo del remanente el “beneficio tecnológico o de intangibles” para, finalmente, el “beneficio de intangibles de marketing”, como son las marcas. 

En una segunda hipótesis, cuando la empresa sí tenga presencia en una jurisdicción, tendrá un gravamen extra para actividades de distribución y marketing que desarrolle en ese mercado, pudiendo incluso tener un tercer impuesto si cuenta con más funciones o intangibles en el país en concreto. Estos impuestos serán una suma fija a consensuar según el país, pero la intención es que el sistema sea simple y estable. Una suerte del viejo “profit split” o distribución del pastel tributario entre los distintos países, versión 4.0.

Finalmente, toda esta solución pretende ir acompañada de medidas que eviten la doble imposición –no en vano el proyecto BEPS contiene en su Acción 15 el nuevo Modelo Multilateral de Convenio para Evitar la Doble Imposición, o MLI–, así como de mecanismos obligatorios de resolución de conflictos entre fiscos, sin los cuales el contribuyente realmente se encuentra a merced de un diferendo que le excede. 

La propuesta de la OCDE no es un brindis al sol. La idea es apurarse y que sea realidad pronto, algo que implicará un cambio radical en la materia que nos afectará a todos. Como explicó el mismo Gurría en entrevista concedida a En Perspectiva el martes 15 de octubre, pretende tener ya aprobada en junio la hoja de ruta para implementar esta innovadora fórmula. Veloz, pero siempre detrás del progreso exponencial de la propia tecnología.

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