Saludable iniciativa sobre corrupción

El delito propuesto reemplazaría provechosamente al “abuso de funciones”, todavía vigente en el Código Penal luego de fracasados amagos para eliminarlo. Al amparo de la vaga redacción de esa norma sobre los deberes de los funcionarios públicos se han cometido notorias injusticias contra algunos jerarcas en el pasado, que podrán evitarse en el futuro si lo reemplaza una definición clara y específica del delito de corrupción. Su aprobación requerirá acuerdo del sistema político y de la Suprema Corte de Justicia, que los promotores del proyecto anunciaron que consultarán para reformar el Código Penal.

El momento es adecuado para el cambio. La corrupción ha sido un mal endémico en todos nuestros socios del Mercosur. Bajo el nuevo gobierno argentino están saliendo a luz, y llevados a la Justicia, los casos de voluminosos enriquecimientos ilícitos y todo otro tipo de trapisondas en el kirchnerismo. Han caído Lázaro Báez, el principal operador de la dinastía Kirchner, al que se le han encontrado cientos de estancias, empresas y otras propiedades, así como exministros y otros altos jerarcas del régimen anterior. La propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está compareciendo ante la Justicia por cuatro causas de manejo fraudulento de fondos públicos.

Las coimas gigantescas y otros actos corruptos que han infectado a todo el sistema político de Brasil está en la raíz de la grave crisis que convulsiona a ese país. La Venezuela de Nicolás Maduro es el país con mayor corrupción gubernamental en el continente, junto con Haití, claudicación también tradicional en Paraguay, al menos en el pasado reciente. Uruguay se considera a sí mismo el país más cristalino de la región, aunque ello no implica que seamos tan impolutos como creemos. La idea de los proponentes es que, además de las penas de cárcel que correspondan, tanto el corruptor como el corrompido devuelvan al Estado los fondos malhabidos. Las constataciones en la región indican la conveniencia y hasta la urgencia de concretar la iniciativa, ya que cuando la pandemia ronda es una precaución elemental tomar medidas preventivas para limitar sus efectos, en este caso reemplazando el inadecuado “abuso de funciones” con un delito de corrupción claramente definido.