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El ministro Heber viene recibiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo.

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Nuevo código penal, indicadores claros y reorganizar la libertad asistida: las recomendaciones del Consejo de Política Criminal a Heber

Para solucionar uno de los “puntos débiles” del sistema, se planteó definir las “condiciones mínimas” de alojamiento que deben tener los presos para cumplir su pena 

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17 de febrero de 2022 a las 05:04

Creado a partir de la ley de Urgente Consideración (LUC), desde el pasado semestre viene funcionando el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. En la órbita del Ministerio del Interior, está integrado por tres representantes de esa cartera, que lo preside, junto a un delegado de Educación y Cultura, otro del Poder Judicial y otro de la Fiscalía General de la Nación. 

Sus cometidos están definidos con precisión en la ley: el diseño, la planificación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de la política criminal y penitenciaria a nivel nacional. Sus recomendaciones son elevadas directamente al ministro Luis Alberto Heber. 

Al 31 de diciembre pasado, llevaba efectuadas nueve sesiones. Y entre sus principales indicaciones está una reforma del Código Penal. Así se detalló en la respuesta que, firmada por el secretario de Estado, el ministerio elevó ante un pedido de informes de la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry.  Según el documento, al que accedió El Observador, el consejo le recomendó al ministerio impulsar un proyecto de reforma del código y presentarlo ante el Parlamento. 

El organismo asesor recordó las distintas actualizaciones que a lo largo de los años ha tenido esa normativa, a través incluso de la creación de nuevas figuras delictivas en normas independientes, junto la caída en desuso de otras determinadas por el contexto social, cambios en la conceptualización de muchos aspectos propios de la teoría del delito y de las penas. 

Todo eso, se detalla, hace necesaria una revisión integral del código por parte de los distintos actores del sistema penal. 

Por otro lado, uno de los puntos más observados por el consejo fue la diversidad de normas, actualmente vigentes, que regulan en sistema penitenciario. Algunas de ellas, señala el informe, datan de 1975 y fueron aprobadas en plena dictadura cívico-militar. Se requiere, por tanto, de una actualización. Allí, por ejemplo, se repara específicamente en varias normas, algunas contradictorias entre sí, que regulan el régimen de salidas transitorias. 

En ese marco, se entiende que se debe trabajar en un producto que recopile las distintas leyes, decretos, resoluciones y órdenes de servicios para generar así un cuerpo normativo actualizado, armónico y sistematizado. 

Batería de indicadores

En los últimos cuatro meses el consejo ha venido desarrollando un plan de trabajo para 2022, con una serie de temáticas consideradas importantes a la hora de abordar la política criminal y penitenciaria.  En ese sentido, sus integrantes consideran prioritaria la creación de una “batería de indicadores”. Así, se consideró necesario realizar un seguimiento basado en información a partir de una nueva “línea de base” para medir la realidad de la situación carcelaria. 

Solo así, indica el informe, “nos encontraremos en condiciones de poder realizar, con guarismos reales, contrastables y trazables los distintos asesoramientos y abordajes que correspondan”. 

En ese marcó el consejo señaló a la superpoblación carcelaria como uno de los grandes “puntos débiles del sistema”. Un fenómeno multicausal que “provoca consecuencias negativas más que relevantes a la hora de plantear una política penitenciaria”. El informe apunta a la elaboración de estándares de alojamientos y tasas de hacinamiento normativizado. 

“Ha sido una constante la discusión sobre las condiciones mínimas que se deben brindar a los privados de libertad para el cumplimiento de su pena”, se recuerda. Sin embargo, Uruguay “nunca ha podido generar un estándar propio del concepto de hacinamiento, que permita la construcción de un indicador validado, homologado y sostenible". 

A mediados de junio la población carcelaria uruguaya superaba a las 13 mil personas, lo que se traducía en 130 presos por cada 100 plazas disponibles. 

Medidas alternativas 

Otra de las necesidades marcadas por el consejo está relacionada con el fortalecimiento y la reorganización de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA) del Ministerio del Interior. Al respecto, los integrantes del consejo están a la espera de los resultados de una consultoría que viene siendo llevada a cabo por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO), financiado por la Unión Europea. 

Los últimos datos indican que hay 14.700 personas sometidas a medidas alternativas a la prisión.  Al respecto, el propio Heber reconoció a fines de noviembre en el Parlamento que “se desconoce” qué pasó con 4.700 de esos casos, que están en una “suerte de limbo” ante la falta de recursos humanos para fiscalizar el cumplimiento de esas medidas. 

"No sabemos si cumplieron las penas, si ya quedaron en libertad o si el día de mañana el juez, frente a un incumplimiento, determina otro tipo de pena”, señaló y agregó: “Tenemos enormes problemas”. Solo hay 19 funcionarios disponibles para realizar las tareas de fiscalización. Así, mientras a nivel internacional se estima que cada uno controle un máximo de 50 personas, en Uruguay hay uno por cada 700. “No pueden dar abasto”, expresó el ministro.

El 2 de setiembre el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, planteó ante el consejo el fortalecimiento de las medidas alternativas y que la Dirección Nacional de Libertad Asistida (Dinali), hoy dependiente del Ministerio del Interior, pase a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El comisionado dio cuenta allí de su preocupación por las mujeres encarceladas por intentar ingresar droga en las unidades y que son formalizadas con hasta cuatro años de prisión. 

Según el informe, Petit comparó esta situación con formalizaciones, por similar cantidad de tiempo, asociadas a grandes cantidades de incautación de droga.  Al respecto, advirtió allí que dichas mujeres se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, en la mayoría de los casos cabezas de familia que son “extorsionadas” para cometer esos delitos. 

Víctimas visitan a victimarios y las ONG en las cárceles

Otro de los puntos abordados por el organismo asesor pasa por una llamativa problemática, referida al ingreso de víctimas de delitos sexuales o de violencia doméstica a las unidades a visitar al agresor con el que tienen medidas de restricción vigentes. 

En ese sentido el consejo sugirió que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) le pida a la Suprema Corte de Justicia se oficie al establecimiento carcelario sobre las medidas de restricción correspondientes o bien que esa información sea incluida en la formalización. La intención es evitar que víctimas o personas con restricción de acercamiento ingresen como visitas a las prisiones, ante posibles situaciones de violencia. 

Por otra parte, según consigna el informe, en la segunda reunión del 18 de agosto, Heber presentó una solicitud concreta de asesoramiento técnico en cuanto a “grupos o personas” que piden ingresar a las cárceles sin contar con convenio vigente. 

El ministro apuntó específicamente al Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la ONG Nada Crece a la Sombra y el proyecto “Yoga y Valores”. Dicho pedido significó el puntapié para la generación de un protocolo específico, que defina el proceso de presentación, estudio, aprobación, seguimiento y evaluación de todas las organizaciones que pretendan realizar intervenciones socioeducativas. La propuesta es la creación de una comisión que permite la sistematización y el monitoreo “tan necesarios” de este tipo de iniciativas, señala el documento. 

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