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El Ministerio del Interior admite que la oficina que debe fiscalizar está desbordada.

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Gobierno desconoce qué pasó con 4.700 condenados a penas alternativas, en un “limbo” por falta de control

La carencia de recursos hace que 19 funcionarios tengan a su cargo la fiscalización de casi 15 mil personas con medidas alternativas la prisión 

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26 de noviembre de 2021 a las 05:01

En Uruguay hay en la actualidad 14.700 personas cumpliendo, en teoría, diversas medidas alternativas a la privación de libertad. Se trata de una cifra levemente mayor con respecto a los que están bajo prisión efectiva en alguna cárcel del país. 

Pero, en la práctica, el Ministerio del Interior solo tiene constancia de que, en 10 mil de esos casos, la persona en cuestión está cumpliendo efectivamente con la pena que se le impuso. 

Los otros 4.700 están en una “suerte de limbo”, según admitió en el Parlamento el ministro Luis Alberto Heber. “No tenemos recursos humanos para fiscalizar las penas alternativas”, contó, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador. A eso se le agrega que los involucrados no se han presentado a rendir cuentas. 

El ministro habló del tema este miércoles, en una larga exposición ante la Comisión Especial sobre el Sistema Carcelario de la Asamblea General. 

“No sabemos si cumplieron las penas, si ya quedaron en libertad o si el día de mañana el juez, frente a un incumplimiento, determina otro tipo de pena”, señaló. “Tenemos enormes problemas”. 

El gran problema, sostuvo Heber, es que la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA), encargada del control, está desbordaba. 

Solo hay 19 funcionarios disponibles para realizar las tareas de fiscalización. Así, mientras a nivel internacional se estima que cada uno controle un máximo de 50 personas, en Uruguay hay uno por cada 700. “No pueden dar abasto”, expresó el ministro. 

Heber sostuvo que se debe adoptar una acción decidida que permita que la OSLA pueda cumplir con sus cometidos. El plan es elevarla al rango de dirección o subdirección. Como meta, planteó obtener a corto plazo 150 vacantes, para las que habrá que “rascar la lata”. Con esas incorporaciones, podría reducirse la relación a “solo” 100 personas por cada funcionario. 

La OSLA tiene 89 funcionarios, pero la mayoría están dedicados a traslados, tareas técnicas y psicólogos. Además de las penas alternativas, la oficina debe fiscalizar las salidas transitorias y el cumplimiento de las sentencias de trabajo comunitario. 

Desesperado por las vacantes

El Ministerio del Interior acondicionó un edificio lindero a su sede central, donde se ubica la Caja Policial. Allí se piensa implementar un centro de monitoreo para las personas con penas de prisión domiciliaria. En particular, para monitorear las tobilleras que funcionan en ese sistema y así poder advertir si se está cumpliendo con la pena. 

Lo que falta, una vez más, son funcionarios que cumplan con esa tarea. “Necesitamos personal para vigilar, porque no lo tenemos”, admitió. “Tenemos cámaras, y no tenemos quién las vigile”, lamentó. 

De allí mi desesperación por las vacantes y por la cantidad de gente que se certifica en el ministerio”, dijo. “Estoy necesitando gente para cumplir con una misión realmente importante, pero permanentemente se están certificando policías que, muchas veces, trabajan afuera”. 

El  ministro dijo esperar que parte de las vacantes necesarias puedan obtenerse en el grupo de 4.800 funcionarios que están bajo certificación. Equivalen al 15% del total de policías operativos. A fines de julio El Observador había informado que el Ministerio estaba haciendo un estudio para “esclarecer” la situación de esos funcionarios, técnicamente bajo junta médica. 

Al respecto, Heber adelantó ahora que se pudo detectar a  funcionarios que están certificados desde 2014. “Buscaremos la forma de apretar, porque a nuestro juicio es de una enorme deslealtad el policía que se certifica en forma reiterada, recargando además a su compañero que trabaja en la calle”, dijo. 

El ministro se refirió al problema que le significa al ministerio acceder a los pedidos de policías en pase en comisión por parte de los legisladores.  “Soy muy proparlamentario, pero me cuesta firmarlos”, avisó. “Lo hago, pero con enojo”. 

Un relevamiento de la cartera, divulgado esta semana por El País, indicó que hay 365 policías cumpliendo tareas por esta vía en otros organismos. De ese total, 220 están en alguna dependencia de Presidencia, mientras que 49 están en los despachos de algún legislador. 

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