Paraguay: son 5.000 los pobladores originarios desalojados de sus tierras en menos de dos años

Así lo indicó la entidad, luego de nuevo desalojo registrado en esta ocasión en el distrito de Nuevo Toledo, en el departamento de Caaguazú, uno de los diecisiete distritos que integran Asunción, la capital del país. "Elevamos nuestra voz para denunciar la violencia ejercida por el Estado con el desalojo a la comunidad indígena 15 de Enero", señaló la organización en un comunicado.

"Fue un violento desalojo, y hubo saqueos por parte de personales policiales y civiles. Fueron a violentar, herir y destruir a nuestros hermanos y hermanas que luchan por una vida digna y un pedazo de tierra; desde la ONAI exigimos al Gobierno nacional el respeto a los derechos humanos, a los pueblos indígenas que venimos resistiendo la invasión a nuestras tierras", agrega el texto.

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La entidad precisó que en apenas dos años unas 5.000 aborígenes que trabajan la tierra se quedaron “sin casas ni alimentación”, al tiempo que “las niñas y niños de las comunidades afectadas debieron dejar la escuela” y que “con la destrucción de los lugares de rezo y desarrollo cultural quedaron sin ninguna alternativa más que la calle y el hambre".

Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Copdehupy), que agrupa a unas 40 organizaciones de la sociedad civil, se hizo eco de la denuncia y advirtió sobre la detención de uno de los líderes de la comunidad, Daniel Centurión.

Según reportó la oenegé Base de Investigaciones Sociales en ocasión de uno de los tantos desalojos, en esa ocasión en perjuicio de la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní, a 250 kilómetros al este de Asunción, la tierra reclamadas por los indígenas son entregadas en su mayor parte a empresarios sojeros “en violación de las normas nacionales e internacionales que protegen a los pueblos originarios”.

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La Codehupy, en tanto, recordó que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Paraguay por la violación de derechos territoriales indígenas y señaló que “el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes de desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas y resolver en consulta y consenso la resolución al conflicto suscitado”.

Según datos de Tierraviva citados por la agencia Sputnik, en Paraguay viven 122.000 indígenas de 19 pueblos, que se distribuyen en más de 600 comunidades en todo el territorio. El sector registra los peores indicadores sociales del país. Un 66,2% de los indígenas vive en la pobreza y un 34,4% en situación de indigencia.

Según la oenegé, la situación es "consecuencia de la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores" en un país en el que, según los relevamientos realizados desde ámbitos académicos, entre 8 y 12 millones de hectáreas fueron cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Latifundios que la prensa local y las organizaciones sociales suelen calificar como “tierras malhabidas”.