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Segunda propuesta de seguridad – Legitimidad en contextos críticos

Una modalidad que aporta más valor que otras

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23 de enero de 2019 a las 05:01

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¿Se han preguntado alguna vez por qué obedecemos las leyes? Una razón sería nuestro temor al castigo, pero no es la única. También obedecemos las leyes porque las consideramos legítimas, en correspondencia con los valores que defendemos. Lo mismo vale para quienes las aplican. El apoyo ciudadano es fundamental para la efectividad de cualquier institución, pero lo es especialmente para la policía. Su efectividad depende de su capacidad de ejercer autoridad, de garantizar cumplimiento y ser obedecida. Para conseguirlo, debe cumplir las expectativas de los ciudadanos con respecto a cómo ejerce su mandato, un juicio en el cual convergen varios factores.

La literatura internacional otorga gran relevancia a la llamada justicia procesal, que refiere a un ejercicio del poder imparcial, justo, respetuoso y equitativo. Cuando se ejerce la autoridad aplicando un proceso justo, el vínculo social entre autoridad y ciudadanos saldría fortalecido y determinaría que los ciudadanos tendamos a respetar más la ley y, por tanto, a no desviarnos de ella. La efectividad con que la justicia detiene y sanciona a quienes violan la ley también es relevante, pero no tendría la misma fuerza a la hora de moldear nuestro comportamiento. En otras palabras, no dejamos de confiar en la policía cuando suben las tasas de delito, pero sí lo hacemos cuando sentimos que los agentes policiales no defienden aquello que nosotros valoramos.

El Ministerio del Interior tomó nota de esta teoría y emprendió hace varios años una reforma integral de la Policía Nacional con la confianza ciudadana como uno de sus objetivos fundamentales. La profesionalización de su personal, la inversión en relaciones públicas y la transparencia y lucha contra la corrupción son algunas medidas que buscan aumentar la confianza de los ciudadanos a fin de prevenir mejor el delito. La apuesta es acertada y parece haber surtido efecto, al menos en los últimos años (ver gráfico).

 

Pero el delito incrementó notoriamente en 2018 y aún no sabemos cómo responderá la ciudadanía. Una hipótesis es que el aumento del delito le cobre factura a todo el sistema de justicia criminal. Otra hipótesis es que los uruguayos se solidaricen con la policía porque no la consideran responsable de ese incremento. Incluso que la vean como una víctima de decisiones que escapan a su control.

En cualquier caso, la literatura más reciente sobre legitimidad policial destaca dos elementos más a tener en cuenta. En primer lugar, que la efectividad de la policía a la hora de combatir el delito parece tener mayor peso entre la ciudadanía en los países en desarrollo, que en los países desarrollados. Ello se debe a que, en países como el nuestro, la ciudadanía no está convencida aún de la capacidad de la justicia para resolver la criminalidad. De ser así, las autoridades tendrían que reducir notoriamente el delito antes de poder contar con un voto de confianza duradero. También reforzaría la segunda hipótesis, penalizando a la policía por el reciente aumento del delito.

Pero la literatura sugiere también que gran parte de la confianza en la policía está determinada por factores que en principio no son su responsabilidad. En especial, por la valoración que hacemos los ciudadanos del orden social en nuestras comunidades y barrios. Las familias, los amigos, los vecinos y el sistema educativo actúan como redes de contención social. Cuando estas redes fallan, aparecen problemas de convivencia que muchas veces se tornan delictivos. Sin embargo, esas fallas en el orden social también se traducen en desconfianza e insatisfacción con la labor policial. Ello explica en parte por qué los puntos calientes del delito son también puntos calientes de descontento con la policía. Pareciera improbable que en esos ámbitos la policía pueda generar confianza, por más respetuosa y profesional que sea su actuación. Y de esa confianza depende su efectividad para controlar el crimen.

Como señalamos en la columna anterior, los barrios de contexto crítico son justamente aquellos donde se cometen más crímenes y donde más necesaria es la colaboración de los vecinos. Se trata, sin embargo, de una relación complicada, porque los vecinos suelen tener y demostrar una visión muy negativa de los agentes policiales, mientras estos a veces olvidan que esos vecinos son los más desprotegidos y acosados por el crimen. Si mejorase su confianza en la policía, la cooperación se reflejaría en las tasas de delito.

En las últimas décadas se desarrollaron estrategias nuevas de policiamiento que no solo buscan reprimir el delito, sino también solucionar los problemas más amplios de convivencia en zonas delictivas. Este es el caso del policiamiento orientado a problemas (POP) probado en los últimos años en la seccional 25ta y que ahora está siendo evaluado en otras seccionales de Montevideo. La idea es la siguiente: agentes son designados a una zona concreta, la cual patrullan a pie con el objetivo de conocer a los vecinos de la zona, entablar relaciones con ellos e identificar la naturaleza de los problemas delictivos del lugar. Su tarea va más allá de reprimir: consiste también en aplicar la información de los vecinos en la elaboración de medidas que prevengan la reiteración de esos delitos.

Un ejemplo: vecinos que usan el transporte público son constantemente asaltados en una parada de ómnibus oscura y aislada. Se sabe quiénes son los asaltantes, pero estos no son tontos y no cometen delitos cuando los están mirando. Los agentes pueden identificar a los sospechosos, advertirles que están siendo vigilados y esperar que se equivoquen. Pero también pueden aumentar la prevención situacional coordinando la clausura de una casa abandonada, la instalación de luminaria y el traslado de la parada a otra cuadra.

Es una labor ardua que requiere el establecimiento de relaciones personales con la ciudadanía, la comunicación interinstitucional, la discreción de los agentes para decidir a qué dedican su atención y de qué forma, y la asunción de responsabilidades que van mucho más allá de la mera represión del delito. Es sin dudas un desafío importante, tanto para los agentes, como para la institución. No solo requiere de personas comunicativas, proactivas e ingeniosas, sino que además es mucho menos emocionante que atrapar ladrones. Exige paciencia, mucha paciencia – individual, institucional y política –, porque la creación de vínculos personales entre agentes y vecinos no es rápida ni fácil.

Pero como dijimos al principio, la efectividad de la policía en un contexto determinado depende en gran parte de la legitimidad que tenga en ese mismo contexto. Lo mismo aplica a puntos calientes del delito y zonas de contexto crítico. Cuanto más bajo es el estrato social de una persona, más probable es que su vida social transcurra en el espacio público. Por tanto, también es más probable que tenga encuentros frecuentes con quienes patrullan las calles y que se pueda entablar una conversación respetuosa y franca. Si surge una buena relación, ello servirá a todo el barrio.

La recomendación de hoy no es novedosa, pero sí es importante. El POP es sin duda una modalidad de policiamiento superior a otras evaluadas. Sobre todo, aplicada en zonas de contexto crítico y puntos calientes del delito. Tomando en cuenta su potencial y la inversión ya realizada, sería recomendable que el POP se siga extendiendo y que las futuras autoridades del Ministerio del Interior no abandonen este camino.

 
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