Sentados sobre los muertos

La noticia cayó en la recta final de una campaña electoral particularmente sombría y maniobrera.

La violencia por motivos políticos en Uruguay a partir de la década de 1960, debido a la acción de guerrillas revolucionarias “por la liberación nacional y el socialismo”, provocó más de un centenar de muertes, entre civiles, policías y militares.

Las Fuerzas Armadas fueron puestas en la conducción de la lucha contra las guerrillas en setiembre de 1971, por encima de la policía. Al año siguiente esas “Fuerzas Conjuntas”, respaldadas por leyes draconianas que aprobó el Poder Legislativo, acabaron sin miramientos con organizaciones como el MLN-Tupamaros, la OPR-33 y grupúsculos menores. Varios miles de personas fueron a la cárcel y muchas otras se exiliaron. Luego los mandos militares siguieron de largo sobre las instituciones y, con la complicidad de civiles, ejecutaron un golpe de Estado en 1973.

La persecución se amplió a toda clase de disidentes, en particular a los miembros del Partido Comunista, remanentes de las guerrillas, o agrupaciones menores, como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que realizó secuestros extorsivos en Buenos Aires para financiar acciones en Uruguay.

La represión se extendió a países de la región, producto del llamado “plan Cóndor”, según el cual las dictaduras se apoyaban mutuamente con información y, eventualmente, grupos operativos.

Los casos de detenidos desaparecidos en Uruguay se volvieron frecuentes: más de 30; a veces como muerte ultraintencional por las brutales formas de interrogatorio empleadas, a veces por asesinatos conscientes.

El asesinato deliberado puede ejemplificarse con el destino de la maestra Elena Quinteros, militante del PVP, que el 28 de junio de 1976 intentó refugiarse en la embajada de Venezuela, fue sacada de allí por la fuerza por agentes de seguridad del Estado (lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas) y desaparecida para negar el incidente. En 2002 fue encarcelado por ese caso el excanciller Juan Carlos Blanco. Otro caso fue el del docente y periodista Julio Castro, cofundador del semanario Marcha en 1939 y del Frente Amplio en 1971, quien fue detenido en 1977, maltratado y luego ejecutado con al menos un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue hallado en octubre de 2011 en un predio militar contiguo al del Batallón de Infantería nº 14 de Toledo.

Restos de seis detenidos desaparecidos en Uruguay han sido hallados e identificados: además de los de Bleier y Castro, del tupamaro Roberto Gomensoro, lanzados en marzo de 1973 al lago del Rincón del Bonete; los comunistas Ubagésner Chaves Sosa, en una chacra perteneciente a la Fuerza Aérea cerca de Pando, y Fernando Miranda, padre del actual presidente del Frente Amplio, en el Batallón de Infantería nº 13; y del militante sindical del Partido Comunista Revolucionario (prochino), Ricardo Blanco, en el Batallón  nº 14 de Toledo.

Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, los uruguayos desaparecidos por terrorismo de Estado entre 1970 y 1982 son 196. La mayor parte de esos casos ocurrió en Argentina, durante la muy vesánica dictadura instaurada allí en 1976.

En algunos casos –como el de los exparlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz– fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos abandonados en vehículos o en la calle; o bien secuestrados y trasladados a cárceles uruguayas.

Restablecida la democracia en Uruguay en 1985, el tema de los detenidos desaparecidos integró otro más general: el de las responsabilidades de los ejecutores en casos de violaciones a los derechos humanos. El artículo 4º de la discutida ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en diciembre de 1986 y ratificada luego por dos referéndums en 1989 y 2009, encargó al presidente de la República la investigación de los casos de desapariciones.

Entre 2000 y 2003 trabajó la Comisión para la Paz, integrada por uruguayos de diversas filiaciones, que elaboró un detallado informe sobre los detenidos-desaparecidos. En esa época también se identificó a una hija desaparecida de padres secuestrados: la luego diputada Macarena Gelman.

El hallazgo de los restos de Julio Castro en 2011 puso en tela de juicio una parte del informe de la Comisión para la Paz, que expresaba, aunque sin confirmarlo: “Los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 –24 en total– habrían sido exhumados a fines de 1984, incinerados o cremados (…) y arrojados finalmente al Río de la Plata”, en una zona cercana al Paso de la Arena, Montevideo.

Desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, iniciado en 2005, se realizan excavaciones en busca de restos de desaparecidos. Algunas causas no amnistiadas derivaron en la prisión y condena del expresidente y dictador Juan María Bordaberry, del exdictador y jefe militar Gregorio Álvarez, otra vez del excanciller Juan Carlos Blanco, y de varios oficiales involucrados en la represión clandestina.

El Estado uruguayo paga o pagó muchos miles de pensiones y reparaciones económicas a ex presos, exiliados y personas que perdieron sus trabajos por razones políticas bajo el régimen autoritario. Pero la gran mayoría de los casos penales por abusos cometidos en dictadura está protegida bajo el paraguas de la ley de Caducidad.

Esas causas de desapariciones se están esgrimiendo ahora como arma política contra el general Guido Manini Ríos, líder del nuevo partido Cabildo Abierto, al que adhieren muchos militares retirados o activos.

El partido del ex comandante en jefe del Ejército –al que ninguna encuesta asigna menos de 8% o 10% de los sufragios– es la gran sorpresa de esta elección. Restó espacios a Edgardo Novick, desconcertó al Partido Independiente, y sustrae muchos votos a los partidos Nacional y Colorado e incluso al Frente Amplio.

De ganar Luis Lacalle Pou, Cabildo Abierto será imprescindible para formar gobierno de coalición (salvo muy difíciles alianzas coyunturales, sobre asuntos concretos, con partidos menores y con disidentes frenteamplistas).

El Frente Amplio también tiene sus dramas. Una fuerte votación del Partido Comunista y sus socios, además del MPP, y una baja relativa de los sectores más liberales, dificultará la captación de voluntades centristas, que definen un balotaje.