La sesión de hoy está programada para las 10, después de que ayer las discusiones se prolongaran durante nueve horas. En dicho periodo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes, Marisa Graham; la funcionaria del Inadi Julia Amori, referentes de la Unión Industrial Argentina y la Fundación Huésped, la jurista Aida Kemelmajer, y el padre de Micaela, inspiradora de la Ley Micaela contra la violencia de género, entre otros, expusieron sus opiniones.
Además, intervinieron el titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz; representantes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabaco, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados y la Cámara de la Industria del Petróleo.
En la fase final de la reunión, Carlotto instó a los legisladores a rechazar el proyecto de ley "Bases" propuesto por el oficialismo, afirmando que "es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectan derechos esenciales".
Kemelmajer, por su parte, representando a un centenar de profesores universitarios, solicitó la eliminación de los artículos que modifican el Código Civil y Comercial, proponiendo abordar esas reformas durante el período ordinario.
"Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo que el Código se iba a reformar", añadió.
En cuanto a la Unión Industrial Argentina, en la Cámara de Diputados solicitó la reducción de las alícuotas de los derechos de exportación del 15 por ciento contempladas en el proyecto de Ley Ómnibus, denominado ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, proponiendo que las tasas no superen el 8 por ciento para potenciar la labor de las fábricas exportadoras.
Mientras tanto, desde la Federación de Inquilinos, su presidente Gervasio Muñoz, autodenominado representante de las personas que alquilan viviendas, instó a los legisladores a rechazar el DNU "para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres".
Por su parte, Graham expresó su inquietud por "la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis".
"Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales", señaló.
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