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Tasa de inflamables: tras fallo que la declaró inconstitucional, la Imtendencia de Montevideo dice que estudia los "efectos de esa resolución"
En los últimos días se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien determinó que la tasa de inflamables que cobraba la Intendencia de Montevideo (IM) por la circulación de camiones con combustibles por la ciudad era inconstitucional porque no brindaba ninguna contraprestación por parte de la comuna, que no tiene potestad para poner impuestos.
Tras el fallo de la SCJ, la intendencia emitió un comunicado en el que afirmó que su departamento jurídico está "estudiando los efectos de esa resolución".
"Como no puede ser de otra manera, la Intendencia de Montevideo actuará siempre de acuerdo a la normativa vigente sin dejar de ejercer su rol de control del mejor cuidado del ambiente por parte de todos los actores de la sociedad", agrega el breve texto.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por la distribuidora Ducsa (con participación de Ancap) luego de que así se lo encomendara el Directorio de la empresa estatal. La tasa se cobraba hace más de 60 años y representaba una transferencia de US$ 12 millones por parte de Ancap a la intendencia.
La Corte indicó en el fallo que la tasa que cobraba la Intendencia por cada litro de combustible que salía en los camiones de Ducsa desde la planta de La Tablada es inconstitucional, debido a que como tasa no presentaba una "contraprestación" por parte de la comuna, y por lo tanto era un impuesto. "Un órgano departamental no puede crear un impuesto", explicó recientemente a El Observador el vicepresidente de Ancap, Diego Durand.
Según el decreto municipal 12.354 de la Intendencia capitalina, publicado en agosto de 1962, a cambio de la tasa la comuna realizaría un "régimen de inspecciones periódicas" a los vehículos de transporte de combustibles. Sin embargo, este control "nunca existió", según Durand, hecho que también vio la Suprema Corte para declarar inconstitucional la tasa.
En 2013 Ancap y la Intendencia acordaron reducir gradualmente el impuesto hasta su desaparición en un plazo de 10 años, algo que comenzó a aplicarse en 2017. Luego de un 2016 en el que la tasa costó a Ancap US$ 22 millones, en 2022 el costo fue de US$ 15 millones, y para 2023 se preveía un gasto de US$ 12 millones para pagar el gravamen.
