Transparentar sí, y gestionar también

El Ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, informó en conferencia de prensa que los precios de los combustibles se fijan en base al Precio de Paridad de Importación, cuyo componente principal es el precio del petróleo pero al que se agregan “sobrecostos que tiene Ancap”, entre los que mencionó el subsidio al supergás y la mezcla del etanol en las naftas. No mencionó otros sobrecostos que tiene Ancap como las ineficiencias en la producción de cemento  y otras actividades que asumió la empresa estatal con “fines sociales” o lo que fuera.

La ministra Arbeleche aseguró que cuando el “petróleo baje, bajarán las tarifas”. Una baja que con el auge de commodities no se ve en el futuro cercano.

El propio presidente Lacalle Pou reconoció que los productores tienen razón en su malestar por tres alzas casi consecutivas de combustibles pero defendió, como no era para menos, el mecanismo que implantó la LUC para dar transparencia a la fijación de los precios de los combustibles. “Ahora se sabe donde está todo” señaló el presidente. Y Paganini reconoció que “es claro que al gobierno no le gusta dar noticias que a la ciudadanía no le gustan”.

Presidente y ministro coinciden que no son noticias que agraden a la población, que hay razón en el malestar pero que es necesario dar transparencia de los sobrecostos e ineficiencias de la empresa estatal.

Hasta aquí correcto el primer lado de la ecuación: dar transparencia donde no la había. Pero falta acción en el otro lado de la ecuación: eliminar los sobrecostos que por alguna razón se le han asignado al ente estatal -subsidiar el supergás y el etanol- y que están siendo cargados al consumidor final sin que este pudiera advertirlo.

Además hay otros sobrecostos en el precio de los combustibles que desentrañó en mayo de 2019 el entonces director académico de CERES Dr. Guillermo Tolosa. En una conferencia organizada por el think tank explicó con claridad e ironía: “Uno va a comprar gasoil y dice: ‘¿Me das gasoil? Sí. ¿Cuánto sale?  $ 32,70, pero me vas a dar un pesito para el cañero de Bella Unión, uno para el boleto, otro para los estacioneros, y otro para la garrafa, que en el despilfarro mucha gente no sabe qué hacer y las llevan al estadio para agredir a la policía” (en referencia al famoso clásico en el se arrojó una garrafa de supergás desde la tribuna Amsterdam hacia fuera del estadio y cayó sobre efectivos policiales sin causar daño),

Según Tolosa el sobrecosto está en buen medida asociado con la intención de proveer subsidios a determinados grupos sociales, y ellos podrían hacerse más eficientes, explicitarse e incluso cobrarse de otra manera.

Tolosa puso como ejemplo el precio del gasoil, que a la fecha (mayo 2019) se vendía a $ 40,4 por litro. Si se le quita el fideicomiso del boleto de transporte montevideano pasa a valer $ 36,9 y si se le saca el subsidio al supergás  queda en $ 35. El precio cae a $34 si el biodiesel se trajera de Argentina en vez de comprárselo a ALUR. Y si se reduce el margen de distribución a niveles comparables con otros países de la región el litro de gasoil queda en $ 32,7. O sea, casi 8 pesos de sobrecostos. Más de un 20%.

¿Y ello por que? Segú Tolosa, porque se financian trabajos que han quedado obsoletos por el avance de la tecnología, pero que se mantienen “aislados del paso del tiempo” para que no haya pérdida de empleo, en buena parte por presiones sindicales. Y puso como ejemplo el de los pisteros en las estaciones de servicio y el de los guardas en los ómnibus

O sea que el problema de los combustibles es bastante más complejo que lo que marca el gobierno. Está muy bien transparentar (es decir, decir la verdad a la población en palabras del ministro Paganini aunque no sean buenas noticias) pero también es preciso actuar. No es justo que la población cargue con decisiones políticas de subsidios directos o indirectos, y con ineficiencias consentidas por todos los partidos durante el paso de los años porque resulta costoso tomar medidas que afectan a grupos de interés pequeños, pero activos y concretos.

Si vamos por la vía de la transparencia, y bienvenida sea ella, hay que recorrer simultáneamente la vía áspera y dura de corregir los sobrecostos y las ineficiencias. La transformación de Ancap en una verdadera empresa, donde manden los directores y no los grupos de presión sindical, no admite más demora, haya la pandemia que haya. Transparentar sin cambiar puede ser una bomba de tiempo. Lo dijo claramente el economista Eduardo Ache en una entrevista publicada en Búsqueda el pasado jueves: “Abrir sin hacer las reformas estructurales de Ancap, generaría costos muy grandes, tanto económicos como políticos”. Y hasta cabría añadir que si no se actúa con rapidez y decisión y el petróleo sigue subiendo, los promotores del referéndum contra la LUC se van a frotar las manos.