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Tras reclamo al MTSS por trabajo informal, Uruguay Adelante acuerda con denunciantes y evita juicio
Uruguay Adelante y tres exintegrantes que los habían denunciado por trabajo en negro ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) llegaron a un acuerdo el pasado 6 de agosto, según el acta de la cartera a la que accedió El Observador. La asociación civil —a través de la que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) canaliza sus aportes a las ollas populares— zanjó el proceso con el compromiso de abonar un fragmento de lo demandado.
Los tres denunciantes habían formado parte de la organización, que cada jueves y viernes distribuye insumos para ollas y merenderos desde su galpón en Francisco Echagoyen, situado junto al Hipódromo de Maroñas. Todos ellos expresaron haber sido despedidos el 1° de junio, a raíz de lo que reclamaban cobrar diferencias de salario, licencia, salario vacacional, aguinaldo, despido abusivo y despido común.
El primero de ellos, Heber Collado, relató haber ingresado a Uruguay Adelante el pasado 1° de marzo de 2021, desde donde se desempeñó como peón por tres meses con una remuneración mensual de $9.600. Los otros dos denunciantes, María Paola Derquin y Álvaro Pérez, sostuvieron que arribaron a la organización a comienzos de enero y participaron de su operativa hasta su desvinculación en junio, percibiendo $17.000 mensuales.
"Las condiciones de trabajo eran malas", había narrado Paola Derquin a Caras y Caretas. "Nos daban una remerita y un tapabocas en el galpón", había indicado a fines de julio. "Trabajaba de lunes a viernes de 9 a 17 horas en el galpón y, además, recorría los barrios para ver si las ollas funcionaban. También lo hacía los sábados y domingos", contó.
Derquin aseguró que había "más de 30" personas "sin estar en caja en el trabajo hasta que tuvieran la personería jurídica". "Pero nunca llegó", asestó.
La personería jurídica fue motivo de polémica durante la primera etapa del convenio de Uruguay Adelante con el Mides. Es que a la hora de cerrar el acuerdo a mediados de marzo, la organización requirió la firma de una asociación civil amiga que, a diferencia de ellos, sí contaba con la personería jurídica que la habilitaba a contraer derechos y obligaciones con el Estado.
Durante cuatro meses, ese acto derivó en una triangulación de fondos: el Mides transfería $65 millones a la organización firmante, que luego ejecutaba los montos de acuerdo a lo indicado por Uruguay Adelante. La dinámica propició fuertes cuestionamientos desde el Frente Amplio, en especial de parte del Partido Comunista y el MPP, que realizaron varios pedidos de informes al respecto.
A fines de julio, el flamante ministro Martín Lema —que suplantó a Pablo Bartol en la cartera— resolvió renovar el convenio por otros $65 millones hasta fin de año, tras hacer una evaluación positiva de la labor de Uruguay Adelante. La organización, por su parte, concretó el trámite de su personería jurídica y es reconocida como asociación civil desde el pasado 22 de junio por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Eso lo permitió firmar por sí misma el nuevo contrato.
Segunda etapa
Ante los reclamos de los tres exintegrantes, Uruguay Adelante afirmó "desconocer" los datos, rubros y montos declarados por los denunciantes. "Sin perjuicio" de ello, la asociación civil ofreció abonar a modo de transacción $25 mil a Heber Collado en dos cuotas y otros $80 mil para Paola Derquin y Álvaro Pérez en cuatro cuotas.
En esa instancia celebrada ante el Centro de Conciliación de Conflictos Individuales de Trabajo, tanto los referentes de la asociación civil como el Mides "desconocieron las relaciones laborales invocadas, las reclamaciones, los datos aportados, los rubros reclamados y montos". Por su parte, los tres denunciantes aceptaron las sumas ofrecidas, "no teniendo nada más que reclamar de las partes citadas".
En entrevista con El Observador mantenida en el galpón sobre el Hipódromo de Maroñas el pasado 22 de julio, el referente de la organización, Santiago Pérez, adelantó que la concreción de la personería jurídica iba a permitir contratar formalmente —con salario regular y los correspondientes aportes— a 15 personas. "La realidad es que hay gente trabajando acá adentro, pero es voluntario", aseguró en aquella fecha.
Pérez explicó que en el régimen anterior con Empatía Uruguay —persona jurídica que les había prestado la firma para cerrar el convenio en marzo— "era muy complejo tomar gente dentro (de Uruguay Adelante) para después trasladar los contratos a otra asociación civil". El referente repasó que desde la organización sostuvieron desde un inicio que la personería jurídica les permitiría acabar con el trabajo voluntario —incluso para las autoridades del colectivo— y cobrar al menos un monto por la cantidad de horas dedicadas.
Hasta entonces se desempeñaban en las instalaciones voluntarios que eran a su vez integrantes de ollas y merenderos. Previo a ingresar en la operativa debían firmar un contrato que dejaba en claro que su aporte a la organización consistía en "una prestación voluntaria, libre y altruista", y "sin ningún tipo de contraprestación económica", tal como consta en el documento al que accedió El Observador.
En aquella fecha, Pérez expresó que "lamentablemente se perdió el rumbo" con dos de los denunciantes que "eran muy allegados" a la organización, y argumentó: "Creo que esto tiene un tinte más político, con gente que está usando a estas personas".
"Sí han habido 'remuneraciones' en forma de alimentos o colaboraciones que hemos tenido con algunas personas, la gran mayoría, en formato de viático", reconoció en aquella fecha. "De colaborar con dinero a que haya un trabajo en negro, creo que hay una diferencia bastante importante. Siempre planteamos que apenas tuviésemos la personería jurídica, nuestro interés era regularizar la situación de todo el mundo", indicó.
Consultados por el acuerdo cerrado en la órbita del MTSS, desde Uruguay Adelante se limitaron a decir que la solución apuntó a poner un punto final al conflicto de modo de centrarse en proyectos futuros.
