Un pretil angosto llamado periodismo y un grave error

Siempre he pensado que no es necesario hablar tanto de ética periodística, sino de ética a secas y sobre eso reflexioné esta semana luego de la divulgación a través de un medio de comunicación de una serie de audios parciales facilitados por una de las dos partes interesadas en un caso de violación grupal, por el que ahora tres hombres están presos preventivamente, luego de ser imputados por abuso sexual agravado.

La difusión de estos audios tomados de un video filmado aparentemente por uno de los ahora detenidos, en el programa La pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, es un gran error. No porque se haya “quebrado” el secreto judicial, que no aplica para los periodistas, ni porque se haya dado voz a los acusados, que sin embargo no hablaron sino que operaron a través de sus abogados defensores. Ni siquiera porque es de muy mal gusto. Es un error porque es innecesario y premeditado, porque se cimenta una supuesta investigación periodística sobre una operación de una de las partes interesadas, con material incompleto y con fuentes en algunos casos mal elegidas y en otros mal utilizadas.

Si el objetivo era contar la versión de los acusados, eso se podía hacer de muchas maneras que no supusieran la violación de la intimidad de un ser humano que, para la Justicia y por ahora, es una víctima. Cuando una información de este tipo llega a un periodista, lo que debemos hacer –y no siempre lo hacemos bien– es evaluarla sin prisa y sin pausa, a pesar de las corridas, del temor a que la competencia se adelante o a que la “fuente” (volveré sobre este punto) se arrepienta. 

A las redacciones suelen llegar muchos videos y audios que se deciden no difundir. En buena parte de los casos dudamos hasta el cansancio y seguimos dudando luego de que decidimos publicarlos o no publicarlos. La duda, para bien y para mal, es parte intrínseca del periodismo y en gran medida, su razón de ser. Está en nuestro ADN periodístico dudar y por eso preguntamos y buscamos respuestas, incluso aquellas que otros esconden. En ese sentido es atendible que Álvarez haya buscado respuestas de los acusados/defendidos.

Entre los caminos que podría haber elegido está el de relatar lo que pasaba en el video y exponer las dudas que a juicio de la defensa disparan esas imágenes, sin reproducir los audios. Eso es lo que hicieron muchos periodistas cuando se “viralizó” el video del propio Álvarez en una situación íntima que no tenía ningún interés público. Otros elegimos directamente no referirnos a un episodio que debió de quedar en la intimidad de sus protagonistas y nunca ver la luz, que además no suponía ningún delito.

Álvarez decidió amplificarlos en la radio y en sus redes sociales, donde se preguntó (mayúsculas tal como las escribió): “Y si la VIOLACIÓN GRUPAL no fue tal? Hoy en La pecera 101.9 FM divulgamos audios de ese acto sexual (CONSENTIDO?), el informe forense que NO constató violación, escuchamos a un perito judicial, y la otra campana: versión de los acusados y de una conocida de la SUPUESTA víctima”.

Todo esto de ceñirse a la ética más básica parece fácil y ciertamente es más sencillo decirlo que hacerlo; mientras caminamos por el pretil no siempre tenemos la claridad necesaria para decidir, aunque debemos exigirnos a nosotros mismos el tiempo y la discusión necesarios para tratar de hacerlo lo mejor posible. Álvarez y su equipo no solo decidieron revelar audios parciales y manipulados por una de las partes interesadas (porque de otra manera hubieran “filtrado” el video entero), sino que además realizaron una selección de fuentes al menos dudosa, para intentar apoyar lo que afirma la parte acusada, que en definitiva es su inocencia. 

La elección de fuentes es una tarea fundamental en el periodismo. Para hablar de una ley no elegimos a un deportista y para hablar de deportes no consultamos a un legislador (salvo que la ley hable de deportes y el deporte tenga un costado legislativo). Para hablar de salud contactamos a autoridades pero también a expertos comprobados, entre ellos profesores e investigadores sobre los que antes leemos sus CVs y en los que muchas veces confiamos, porque los consultamos frecuentemente y nos han demostrado su buena intención y su manejo del tema en cuestión. 

En el programa de radio se consultó a un semiólogo perito judicial –uruguayo que vive en España– que, al menos en sus posteos en redes sociales expresó repetidamente juicios intransigentes y extremadamente violentos para con mujeres y transexuales. Aquí se pueden ver algunos de sus posteos, que derivaron de una búsqueda en Facebook que hizo la periodista Ana Laura Pérez. Es un procedimiento básico antes de consultar a una fuente; si es para opinar sobre un caso de violación, con más razón.

El resto de los entrevistados durante el programa que se dedicó a estos audios y a la duda de que la denunciante haya sido violada, se completaron con un psicólogo forense que no aceptó ser identificado y que fue citado por el conductor, uno de los abogados de los acusados y una “conocida” de la denunciante. Otra regla escrita y no escrita del periodismo es que no se deben utilizar fuentes anónimas para descalificar a la persona de la que hablan. La conocida, cuya voz fue distorsionada, dijo sobre la denunciante: “No te voy a decir que es prostituta porque nunca le pagué, pero fue lo que me dieron a entender las personas con las que hablé''; agregó que no conocía los pormenores de lo que pasó, lo que no impidió que fuera consultada para el informe. 

Un medio de comunicación no tiene por qué seguir las reglas de un tribunal de justicia porque no es un tribunal de justicia, por lo cual nada agrega al análisis de un tema las calificaciones personales de una fuente que no se identifica. Otra de las fuentes consultadas fue uno de los abogados, quien dijo que no conocía esos videos, lo cual demostró un agujero grande en su defensa. El mundo está lleno de casualidades. Y de causalidades. Uno de los detenidos fue imputado por la difusión de videos con contenido sexual sin el consentimiento de la víctima. 

Todo lo que sucedió después, la denuncia de algunos legisladores del Frente Amplio y el pedido de investigación de oficio que realizó el fiscal de Corte, Juan Gómez, –por posible violación de la ley de Género– es otra historia con la que cada ciudadano podrá o no estar de acuerdo, pero que será resuelto en la Justicia. Los hechos centrales, las decisiones que tomó un periodista con alto poder de amplificación en nombre del bien público, son LA (mayúsculas por mi cuenta) historia que hoy debo analizar porque nos hace falta más que nunca un periodismo honesto, analítico y cuidadoso de prejuicios propios y ajenos. 

El bien público en este caso nunca estuvo en peligro, porque los denunciados no estaban libres con peligro de volver a violar y porque su derecho a ser presumidos inocentes está contemplado en la legislación uruguaya y ha sido respetado.

Escribo esta columna con pena y con total conciencia de ese pretil delgado del que me he caído más de una vez por errores propios y de personas que dependían de mí. Sigo siendo absolutamente vulnerable a equivocarme, a calibrar de más o de menos, a ser más realista que el rey o más rebelde de lo que nadie me pidió. En ese delicado equilibrio o desequilibrio nos movemos todos los días, no solamente los periodistas. Hoy elijo no hacer como que no pasó nada, no gritar disparates ni tampoco ensañarme con quien erró, pero sí analizarlo, con la esperanza de que aprendamos para hacerlo siempre mejor. 

Nota: la página del sitio web de Azul FM en la que se reproducen los audios no funciona, y los posteos en redes sociales de la radio sobre el tema fueron borrados.